La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó, este 16 de octubre, a las autoridades del Estado colombiano a fortalecer la protección para los defensores de derechos humanos y, en particular, para los venezolanos Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche, atacados a disparos el lunes 13 de octubre1.
Yendri Velásquez, es defensor de derechos humanos y activista por los derechos de la comunidad LBGTIQ+, emigró a Colombia en busca de refugio luego de haber sido retenido durante seis horas en el aeropuerto internacional de Maiquetía el pasado 3 de agosto de 2024, cuando intentaba viajar a Ginebra para una reunión de la ONU sobre discriminación.
Luis Alejandro Peche es consultor político e internacionalista, difunde información política, económica y de derechos humanos sobre Venezuela, quien salió de Venezuela hacia Colombia en mayo de 2025 por la persecución a su trabajo. Sus atacantes no han sido identificados.
Reacciones diversas
ONU Derechos Humanos reiteró su condena por el atentado en el que resultaron heridos Velásquez y Peche, este último con nacionalidad colombiana-venezolana.
Además llamó a las autoridades pertinentes a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que lleve al juzgado y sanción de los responsables del atentado, para que estos graves hechos no vuelvan a repetirse.
Asimismo, ONU Derechos Humanos pidió al Estado colombiano garantizar la atención médica necesaria para la recuperación de los dos defensores de derechos humanos venezolanos.
El caso de Velásquez, fue documentado por la Oficina de ONU Derechos Humanos en Venezuela y mencionado en informes del Comité de la ONU contra la Discriminación Racial, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y el Informe del Secretario General de la ONU sobre represalias (A/HRC/60/62). 2
De acuerdo con el comunicado de ONU Derechos Humanos, en Colombia casi tres millones de personas buscan acogida y nuevas oportunidades para rehacer sus vidas. “Para que esta integración sea posible, es esencial fortalecer los mecanismos de protección, promover el respeto mutuo y rechazar cualquier tipo de violencia o discriminación.
El grave atentado del lunes es un llamado de alerta para que el Estado colombiano fortalezca todos los mecanismos de protección para garantizar la vida, la libertad, la integridad y la labor de las personas defensoras de derechos humanos originarias de otros países y de quienes están forzados a huir de sus países”.
Región peligrosa
En un informe publicado por la organización Amnistía Internacional (AI), América es una región peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos, para los que son objeto de detención arbitraria, campañas de difamación, desaparición forzada, desplazamiento forzado, vigilancia ilegal, homicidio, amenazas, tortura, y juicios injustos, entre otros abusos. 3
“En toda la región, las mujeres y las personas afrodescendientes, indígenas y LGBTI constituían los grupos de población más vulnerables de entre quienes defendían los derechos humanos… En países como Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente corren especial peligro de ser objeto de ataques y hostigamiento por parte de las autoridades gubernamentales y los actores no estatales. En Bolivia, los guardaparques que protegían el Parque Nacional Madidi sufrieron amenazas y agresiones; y, en Perú, cuatro defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente —tres de los cuales eran líderes indígenas— perdieron la vida de forma violenta”. 2.
Luego del atentado sufrido por Velásquez y Peche, el 15 de octubre se conoce un nuevo caso de hostigamiento: la venezolana Ana Karina García, activista por los derechos humanos y presidenta de Fundación Juntos se puede, que impulsa la integración y la inserción de migrantes y refugiados retornados, denunció que su asistente fue interceptada a dos cuadras de su casa en Bogotá, “por dos hombres venezolanos quienes le preguntaron si trabajaba conmigo”. Dijo además que una camioneta con placa venezolana ha estado vigilando la fundación y su casa”.
Por su parte, las organizaciones Alerta Venezuela, el Centro de Derechos Humanos-UCAB y el CDJ, emitieron un comunicado, también este 16 de octubre, en el que señalan que a pesar de las advertencias hechas hace más de un año, “constatamos con alarma que los mecanismos de respuesta para personas con necesidad de protección internacional provenientes de Venezuela son deficientes”.
“Decenas de defensores de derechos humanos y líderes sociales que se vieron obligados a huir de Venezuela después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, tuvieron que abandonar Colombia al cumplirse los 90 o 180 días de permanencia, sin haber logrado obtener una visa que les permitiera permanecer de manera regular en el país. Miles de solicitantes de refugio, con expedientes que demuestran con diversas e incuestionables pruebas que sustentan el temor fundado, permanecen a la espera de una respuesta a sus solicitudes durante meses o años. Durante este tiempo, siguen enfrentando restricciones para trabajar y, si lo consiguen, la habilitación laboral se enfrenta con barreras para abrir una cuenta bancaria, lo que frustra cualquier aspiración a ejercer legítimamente su derecho al trabajo y a un salario”.
Declaran que el salvoconducto SC-2 que se otorga a los solicitantes de refugio no los hace inmunes a ataques, pero el atentado sufrido por el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez y el analista político Luis Peche Arteaga “dejan al descubierto otros vacíos de protección que enfrentan las personas venezolanas con un perfil de riesgo”.
Contexto de crisis
En Venezuela, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), en su reporte del primer semestre del 2025, indica que “se mantiene la criminalización, represión y control social en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en un contexto de crisis política y la persistencia de una política de estado de miedo y persecución, que tiene como fin la neutralización de la sociedad civil”.
Señala además que, en el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático y en un entorno de constante violencia institucional, los riesgos y las agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos persisten.
Ante el panorama, consideran necesario que las autoridades de Colombia tomen medidas excepcionales, que presten las garantías necesarias a los activistas, defensores y dirigentes opositores venezolanos en Colombia, mediante la oportuna respuesta a las solicitudes de refugio y la flexibilización de requisitos de permanencia para otras personas con necesidad de protección internacional.
Ahora bien, más allá de la persecución, la voz de la defensa por los derechos humanos de los y las venezolanas se mantiene vigente y utiliza los altavoces seguros. No obstante, para que eso se mantenga, los defensores, las organizaciones, activistas y la ciudadanía en general exigen el cumplimiento de la Constitución Nacional y de los protocolos internacionales, para que desarrollen su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias. Los defensores, el espacio cívico y los movimientos de derechos humanos deben ser respetados y para poder desarrollar su labor. Esa es una garantía que deben dar los Estados.
- Naciones Unidas, 16 de octubre de 2025. Derechos Humanos urge fortalecer la protección para personas defensoras de derechos humanos venezolanas en Colombia, en particular, para Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche. Recuperado en https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/onu-derechos-humanos-urge-fortalecer-la-proteccion-para-personas-defensoras-de-derechos-humanos-venezolanas-en-colombia-en-particular-para-yendri-velasquez-y-luis-alejandro-peche/ [↩]
- Idem [↩][↩]
- Amnistía Internacional. Perspectiva regional: América. Recuperado en https://www.amnesty.org/es/location/americas/report-americas/ [↩]
