Junio cerró con 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión, entre las más frecuentes figuran: la intimidación, amenazas y censura.
Las víctimas son en su mayoría son periodistas (45%), seguidos por trabajadores de la prensa (20%) y plataformas web (12%); mientras que los victimarios más frecuentes fueron los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Con las cifras de junio se acumulan 623 violaciones al derecho, entre las que destacan -solo este mes- 15 detenciones a periodistas y trabajadores de la prensa; lo que evidencia la agudización de los ataques en contra de quienes ejercen la libertad de expresión en un contexto restrictivo.
Desde enero a junio del año 2020, registramos 20 detenciones a los que se les procesó judicialmente con la inconstitucional “ley contra el odio”. Periodistas, trabajadores de la prensa y ciudadanos comunes son víctimas de la aplicación de esta norma aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017.
Muchos de estos casos, tienen procedimientos judiciales abiertos que permiten, en algunos casos, excarcelación o reclusión domiciliaria. Adicionalmente les prohíben dar declaraciones sobre su caso, les aplican un régimen de presentación ante los tribunales, fianzas y prohibición de salida del país. Algunas de las víctimas son: Darvinson Rojas, José Vásquez, Darío Salcedo, Mimi Arriaga, Marco Antoima, entre otros.
Detenciones en aumento
En junio registramos 15 detenciones, la mayoría de estas a periodistas que realizaban coberturas de calle a distintos hechos noticiosos relacionados con la crisis de gasolina; y otros por realizar comentarios en redes sociales.
Uno de estos casos es el del locutor y exconcejal Jorge Cortez, quien fue detenido por funcionarios de PoliLagunillas, mientras grababa una serie de entrevistas en la estación de servicio Las Morochas de la región zuliana, el lunes 1 de junio.
Cortez, quien también es propietario de dos emisoras FM, fue liberado la noche del 4 de junio tras permanecer detenido por más de 72 horas en el Circuito Judicial de Cabimas, estado Zulia.
“Empecé cubriendo una estación de servicio en el municipio en la parroquia Alonso de Ojeda fui detenido por la Policía Municipal, ni sabía cuál era el delito” señaló Cortez1.
Otro caso resaltante es el de la periodista y productora de FM Center, Carol Romero, quien estaba el jueves 4 de junio cerca de las 6:00 am en una manifestación por falta de gasolina que se produjo en el Km 7 de El Junquito.
Los vecinos de la zona cerraron la calle y Romero comenzó a grabar la protesta. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la abordaron violentamente agrediéndola y le arrebataron el teléfono con el que grababa, causándole lesiones.
Romero estuvo desaparecida y detenida por más de 30 horas, siendo excarcelada luego de su audiencia de presentación ante Tribunales, el viernes 5 de junio.
La Juez desestimó la imputación por “alteración del orden público”, pero mantuvo la acusación de “lesiones a funcionarios”, pues supuestamente la periodista agredió al GNB que la abordó en la protesta; le impusieron una medida cautelar que le impide hablar del caso al menos durante dos meses.
Una situación similar vivió el equipo periodístico del portal digital, Venezolanos por la Información (VPITV) cuando fueron detenidos por funcionarios de la GNB, mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas, el viernes 5 de junio.
Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por efectivos de la GNB luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la cola para surtir gasolina en esa estación de servicio.
Al equipo de VPI lo despojaron de sus documentos de identidad y detenidos durante más de una hora con la amenaza de que serían trasladados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.
En el estado Lara, funcionarios de la Policía Regional (PoliLara) detuvieron a la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Milagros Rodríguez; tras quejarse por irregularidades en la distribución de combustible mientras hacía una cola para surtir, el martes 9 de junio.
Ese reclamo bastó para presentarla en tribunales y le imputaran el cargo de “resistencia a la autoridad”, otorgándole una medida cautelar que la obliga a presentarse cuando el juzgado lo disponga.
Detenidos exempleados de Venevisión
Otra víctima en junio, fue la periodista y coordinadora del portal digital 800Noticias, Luisa Mimi Arriaga, detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su residencia en El Hatillo, estado Miranda, el jueves 18 de junio.
A su caso se suma la detención del periodista Marco Antoima, con la orden del Tribunal 47 de Control una vez transcurridas 24 horas de la aprehensión de Mimi Arriaga.
Ambos comunicadores, exempleados del canal Venevisión, fueron vinculados con el manejo de cuentas anónimas en redes sociales para presunta difamación y extorsión; junto a otros dos periodistas que están fuera de Venezuela: Rita Di Martino y Rafael Garrido.
El 22 de junio, el Tribunal 47 de Control del Área Metropolitana de Caracas otorgó medidas de arresto domiciliario a ambos, además de prohibirles la salida del país y de divulgar «mensajes que inciten al odio» en medios.
El Tribunal les imputó el delito del artículo 20 de la insconstitucional «ley» contra el odio, por la supuesta vinculación a la cuenta @VVSinCensura y @VVPeriodistas desde donde se difunden mensajes contra Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.
Prohibido grabar
Al menos 40% de las violaciones a la libertad de expresión durante el mes de junio corresponden a intimidación. Los cuerpos de seguridad utilizan esta acción para impedir a los periodistas y ciudadanos ejercer su legítimo derecho a difundir información.
Entre los casos destaca la intimidación sufrida por el periodista José Ramírez, corresponsal de VPITv en el estado Anzoátegui cuando efectivos de la Policía del Municipio Bolivar lo despojaron de su teléfono y le borraron las imágenes que había registrado de una detención, en el Bulevar 5 de Julio en Barcelona, el miércoles 24 de junio.
A Ramírez lo amenazaron con detenerlo si no borraba el material y lo obligaron a dar sus datos personales a un grupo de milicianos presentes en un punto de control cercano.
Asimismo, María Fernanda Bolívar, corresponsal del portal Todos Ahora, fue intimidada por un funcionario de la GNB mientras recababa testimonios de personas que deseaban surtir sus vehículos con gasolina en una bomba de Barcelona, en el estado Anzoátegui, cerca de las 10:30 am del miércoles 3 de junio.
Bolívar narró que al terminar una de las entrevistas el GNB se le acercó a preguntar si tenía “alguna autorización para estar realizando dicha actividad en esa estación. Le dije que no, que yo solo estaba haciendo mi trabajo”2.
La corresponsal de Todos Ahora agregó: “nosotros como periodistas no tenemos que pedirles autorización para realizar nuestra labor”, y aseguró: “mi trabajo es informar y eso era lo que yo estaba haciendo, estaba recopilando información para los ciudadanos”3.
Un grupo de funcionarios de la GNB intimidaron a la reportera gráfica del medio digital, Portal de Noticias, Lizaura Noriega; mientras registraba la militarización del Hospital Universitario de Maracaibo, el jueves 2 de junio.
Noriega fotografió el centro asitencial que recientemente había sido intervenido y militarizado tras el anuncio de un brote de Coronavirus en la entidad, por esta razón los efectivos la intimidaron, pidiéndole que borrara el material e intentando quitarle su teléfono.
«Había un piquete de la GNB dentro de las instalaciones, al verme tomar la fotografía con mi teléfono empezaron a gritar «agárrala, agárrala»; me amenazaron diciendo que debía entregarles el teléfono y que tenía que borrar las imagenes»1.
La reportera indicó que los funcionarios insistían en llevarla al interior del hospital, hacia el área donde tenían el piquete; ella les alegó que estaba trabajando al igual que ellos. Detalló que en ese momento se acercó el comandante de la GNB, le solicitó la identificación y les pidió a los funcionarios que se fueran.
Internet restringido
Internet en Venezuela sigue siendo un servicio limitado, donde el principal proveedor, es una empresa estatal que coarta la posibilidad de conectarse con libertad a los ciudadanos, reduciendo cada vez más el ecosistema digital.
Prueba de esto, el jueves 11 de junio, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), nuevamente bloqueó el acceso de sus usuarios a las plataformas de videos en línea Youtube, Periscope y Twitter; a propósito de la presentación del Foro «La Transición en Venezuela es Posible», donde participó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.
Ve Sin Filtro denunció que los servicios de transmisión en línea de las plataformas Youtube y Periscope estaban bajo bloqueo táctico; que busca silenciar una declaración, noticia o evento específico mientras se difunde en plataformas de alto tráfico.
Agregaron que estos bloqueos tácticos suelen durar lo menos posible para limitar el costo político y operativo de bloquear estas plataformas. Detallaron que se trató de un Bloqueo DNS, por lo que no todos los usuarios de Cantv lo experimentaron al mismo tiempo.
Referencias
