El sexto mes del año cerró con un saldo de 59 violaciones del derecho a la libertad de expresión, afectando a un total de 41 víctimas, en su mayoría periodistas (18) y medios de comunicación (8), destacan como principales victimarios los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y grupos violentos.
En junio, la labor que supone buscar y difundir información logró que el número de violaciones aumentara a más de 700 en lo que va de año, 78 de éstas, corresponden a detenciones de equipos de prensa durante la cobertura de calle.
¡El Estado victimizante!
Más de la mitad de los victimarios de este mes son funcionarios e instituciones del Estado, quienes usan su autoridad para restringir y limitar el acceso a la información, principalmente de carácter público, afectando directamente a los periodistas y a todos los ciudadanos que esperan conocer la realidad de los hechos a través de las coberturas en tiempo real.
Destaca el caso de los periodistas María Carolina Quintero y Gerard Torres, corresponsales en el estado Zulia de los medios digitales Venezolanos por la Información (VPITV) y TVVenezuela. Quintero y Torres fueron intimidados por funcionarios de seguridad cuando realizaban un recorrido por las principales estaciones de servicios, reporteando sobre la escasez de combustible en la ciudad de Maracaibo.
Un funcionario de forma altanera acusó a los periodistas de interrumpir su trabajo afirmando que “el problema es que ustedes vienen a decir que aquí no hay libertad de expresión y afectar el trabajo de uno. Quieren venir a aquí a hacer lo que les da la gana y decir que hay colas VIP. Para grabar deben pedirle permiso a mi sargento”, les exclamó el oficial.
En el oriente del país, dos funcionarios de la Policía Regional de Anzoátegui (Polianzoátegui) detuvieron y le robaron el celular al periodista de Radio Fe y Alegría, José Félix Millán cuando realizaba un trabajo periodístico también sobre la escasez de gasolina en la región.
El periodista realizó algunas fotografías panorámicas de las colas y entrevistas a los conductores que esperaban abastecerse de combustible en la estación de servicios ubicada en la avenida Constitución de Puerto la Cruz, estado Anzoátegui, cuando fue interceptado por los dos efectivos de seguridad que lo observaban a poca distancia.
Millán relató que fue violenta la forma en la que fue abordado a pesar de identificarse como periodista y mostrar su acreditación; lo esposaron y obligaron a subirse a una motocicleta y lo trasladaron hasta la casilla policial del sector Pozuelos. Allí estuvo detenido desde las 9:30 am hasta las 4:00 pm. Durante este tiempo no le fue solicitada su documentación, ni hubo registro de su ingreso. Al momento de ser dejado en libertad, los funcionarios no le regresaron el teléfono móvil del que fue despojado horas antes.
También en el estado Anzoátegui, el reportero del canal de televisión digital Venezolanos por la Información (VPI TV), Jesús Bastidas, fue amenazado por un funcionario de la Policía del Municipio Urbaneja (PoliUrbaneja) cuando realizaba un recorrido por las estaciones de servicio del Municipio Lechería.
El omunicador hacía un recorrido por las diferentes estaciones de servicio cuando fue interceptado por un funcionario quien le prohibió seguir grabando, a pesar de explicarle que era periodista y que hacía una cobertura. El policía lo obligó a retirarse del lugar.
“No me interesa, no sigas grabando porque si no te voy a poner los ganchos”1.
En Caracas el patrón se repitió en el sector La Campiña cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Ronald Peña, reportero gráfico del medio digital El Pitazo y a su motorizado, Félix Moráis, mientras realizaban imágenes de apoyo al edificio de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El equipo de El Pitazo fue abordado por los funcionarios para hacerles un chequeo de sus documentos, de inmediato fueron trasladados a una sala de seguridad dentro de la sede de la estatal petrolera y obligados a permanecer allí mientras llegaba un “gerente que decidiera qué hacer”. Según Peña, los funcionarios nunca quisieron identificarse al tiempo que les advertían que lo que habían hecho estaba prohibido.
“Me dijo: está prohibido hacer tomas de PDVSA, El Pitazo es un medio opositor”2.
Luego de la advertencia, el funcionario obligó a Peña a borrar el material fotográfico que había hecho de la fachada de Pdvsa y después de más de media hora, les hicieron un reporte de seguridad donde quedaron registrados sus nombres y les devolvieron sus documentos de identidad y credenciales.
Estas violaciones a la libertad de expresión evidencian el uso del poder estatal para restringir el derecho del periodista a ejercer su función informativa y niega la posibilidad a los ciudadanos de informarse de lo que sucede.
¡Más restricciones!
En junio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció al portal informativo La Patilla a pagar 30 mil millones de bolívares al presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello por “daño moral e injuria”.
La sentencia emanada de la Sala de Casación Civil señala que la demanda por daño moral contra La Patilla se mantiene, teniendo que resarcir el monto mil millonario en un lapso de “ejecución voluntaria” fijado por un Juez de Primera Instancia, y advierte que de no ser cancelado en el tiempo estipulado “será objeto de indexación judicial conforme a lo señalado”.
Cabello introdujo en agosto de 2015 una demanda contra los medios: Tal Cual, El Nacional y La Patilla, luego de que estos reprodujeran un trabajo publicado inicialmente en el diario ABC en el que se le vinculaba con carteles del narcotráfico.
La sentencia contra La Patilla es una medida arbitraria en represalia por la difusión de información de interés público en Venezuela. Espacio Público rechaza esta sentencia porque vulnera los derechos contemplados en la Carta Magna nacional explícitamente los artículos 23, 26 y 334 de la Constitución que obligan a todos los jueces de la República a garantizar la protección judicial de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos previstos en tratados internacionales.
El proceso desconoce abiertamente los derechos de libertad de expresión, debido proceso y tutela judicial efectiva. Se castiga la difusión de información de interés público que compromete la conducta de un alto funcionario. La sentencia forma parte de la política del Estado venezolano de imponer un cerco informativo a través de la censura, la criminalización y las sanciones desproporcionadas.
¡A merced del hampa!
Los medios no escapan al aumento en los índices de inseguridad en el país, con el agravante que en un contexto de hiperinflación la reposición de los equipos es cada vez más difícil.
En junio, delincuentes robaron la sede de Radio Fe y Alegría 103.9 FM en Anaco, estado Anzoátegui durante la madrugada del sábado 8 cuando rompieron uno de los candados, destrozaron el aire acondicionado y cargaron consigo una tablet y una cámara fotográfica.
La Coordinadora de la Red de Emisoras Educativas e Informativas en la región oriental del país, Carlota Rojas, señaló que quienes hicieron el robo rompieron la protección e ingresaron al estudio de la radio. “No pasaron al laboratorio de informática ni a las oficinas administrativas”.
En el estado Mérida, la mañana del lunes 4 de junio, personal obrero de ULA TV y ULA FM 107.7 denunciaron el robo de la estación desde donde se transmitían vía web las sesiones del Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida.
Los delincuentes cargaron con los cables de corriente, video y sonido, además de llevarse dos reflectores de la azotea del Rectorado, donde está ubicado el salón donde sesiona el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA).
“Es otro ataque a la academia y a los bienes universitarios, no es la primera vez que ocurren estas cosas, en días pasados también ingresaron al recinto universitario, robándose igualmente los cables”, expresó nuestro aliado, Jesús Quintero 3.
Sobre ULA TV pesa una orden de cierre emitida por Conatel en el año 2017, sin embargo, el canal de televisión de la universidad transmite de forma interna y para la web las sesiones del Consejo Universitario. “Los vigilantes que se encontraban de guardia el fin de semana no reportaron ninguna anomalía, por lo que no hay, hasta el momento, información o testigos del hecho”.
¡Consecuencia de las fallas!
Una falla compleja con el servidor DHCP de la empresa de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos Venezuela (Cantv), dejó sin servicio de Internet a varias zonas de la capital del país.
Las denuncias fueron realizadas por decenas de usuarios a través de las redes sociales, quienes reportaron la imposibilidad de conectarse desde: Macaracuay, Colinas de Bello Monte, Petare, avenida Fuerzas Armadas, Valle Coche, urbanización El Llanito, Chacao, San Agustín del Norte, urbanización Alta Florida, La Campiña, calle La Floresta, Boleíta Sur, Altamira, Chacao, Chacaíto, entre otros.
Por su parte, Cantv informó que su equipo técnico se encontraba realizando labores en la plataforma para solventar el problema y restituir el servicio de manera progresiva, sin embargo pasadas más de 30 horas desde que ocurrió la falla, usuarios seguían reportando la avería.
En el estado Cojedes, los continuos apagones, agravados por el inicio de la temporada de lluvias causaron la explosión de un transformador eléctrico que dejó sin señal a parte de la audiencia de Class 98.7 FM, informó la directiva de la radio el 2 de junio.
En Entrevista a Espacio Público, representantes de la radio informaron que la emisora actualmente solo cuenta con señal en la capital del estado San Carlos, por lo que el resto de la audiencia quedó sin la posibilidad de sintonizar la estación.
“El transmisor de la radio es trifásico, es decir, utiliza tres transformadores eléctricos y se quemó uno por lo que no hay suficiente energía para mover el transmisor” explicaron. Además, indicaron que, aunque las lluvias no han permitido realizar la sustitución del transmisor, esperan culminar las reparaciones para volver al aire.
Pese a que las lluvias no son un hecho atribuible al Estado la falta de mantenimiento de la infraestructura sí lo es. Y al igual que la crisis económica, representan un elemento determinante en este tipo de casos, pues los medios de comunicación no cuentan con recursos suficientes para sustituir equipos. Como resultado final, el ciudadano ve mermado su derecho a recibir y buscar información.
Referencias
