Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Ronald Peña, reportero gráfico del medio digital El Pitazo y a su motorizado, Félix Moráis, mientras realizaban imágenes de apoyo al edificio de la estatal Petroleos de Venezuela (Pdvsa) ubicada en La Campiña, Caracas.
El equipo de El Pitazo fue abordado por los funcionarios para hacerles un chequeo de sus documentos, de inmediato fueron trasladados a una sala de seguridad dentro de la sede de Pdvsa y obligados a permanecer allí mientras llegaba un “gerente que decidiera qué hacer” según Peña, los funcionarios nunca quisieron identificarse al tiempo que les advertían que lo que habían hecho estaba prohibido.
“Me dijo: está prohibido hacer tomas de PDVSA, El Pitazo es un medio opositor”1.
Luego de la advertencia, el funcionario obligó a Peña a borrar el material fotográfico que había hecho de la fachada de PDVSA, luego de más de media hora, les hicieron un reporte de seguridad donde quedaron registrados sus nombres y les devolvieron sus documentos de identidad y credenciales.
El mes de mayo de 2019 cerró con un saldo de 114 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión, afectando a un total de 60 víctimas, en su mayoría periodistas (29). Los principales responsables de las vulneraciones al derecho siguen siendo los cuerpos de seguridad, instituciones y funcionarios públicos quienes lejos de cumplir con el mandato constitucional de garantizar el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión persisten en su intento de generar un efecto inhibitorio en los profesionales que salen día a día tras la noticia.
Referencias
