La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado venezolano adoptar una medida cautelar a favor del profesor Santiago Guevara, en la que se pretende proteger su derecho a la vida e integridad personal, proporcionando atención médica de acuerdo a los estándares internacionales.
Guevara, de 65 años de edad, fue detenido el pasado 21 de febrero tras la realización de un allanamiento a su casa, sin orden judicial, siendo trasladado a la sede de la Dgcim en Caracas donde se encuentra desde entonces. Su estado de salud se ha visto comprometido al padecer múltiples afecciones entre las que destacan “espondilitis anquilosante” (artritis crónica), hemorroides, colon irritable, meteorismo, diarrea con moco, hipertensión arterial sistémica y cistitis prostática; dichos padecimientos se han agravado debido al poco o nulo cuidado que se le ha dado.
La medida fue solicitada por Espacio Público el pasado 05 de junio motivada por el deterioro de la salud y la falta de atención médica a la que está siendo sometido el profesor Guevara, quien corre peligro de muerte de no ser atendido adecuadamente.
Luego de un proceso de casi seis meses en los que el Estado se tardó más de dos en responder, la CIDH resolvió exigir al Ejecutivo venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de Santiago Guevara, proporcionando atención médica de acuerdo a la gravedad de sus patologías e investigando las causas que dieron lugar a la resolución.
Santiago Guevara es profesor de la Universidad de Carabobo y fue imputado por el Ministerio Público por el delito de “traición a la patria”, luego de ser juzgado en tribunales militares en Caracas. La detención fue ejecutada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de la publicación de una serie de artículos de opinión firmados por Guevara.
La atención que se encuentra recibiendo el profesor es realizada por médicos militares, quienes impiden la conformación de una junta médica de confianza que permita atender el deterioro de su condición física.
El gobierno venezolano tiene un plazo de 20 días para ejecutar la resolución dictaminada por la CIDH, de no hacerlo estaría violando pactos internacionales a los que está suscrito y seguiría poniendo en riesgo la vida de un venezolano con un proceso judicial llevado a cabo de forma irregular.
