Es una mujer de fácil sonrisa, con buen humor y que mantiene la esperanza, aunque a veces la desesperanza sale a flote. Su mirada y sus manos también hablan a la par con su voz. Se llama Ana Belén Tovar y desde hace cinco años y seis meses atraviesa por un injusto proceso cuando la
El 15 de agosto de 2024, la asamblea nacional de Venezuela electa en el año 2020, aprobó y sancionó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Normativas de esta naturaleza, orientadas a controlar y limitar la capacidad de acción de las Organizaciones
La protesta pacífica es parte de la pulsión democrática de la sociedad venezolana, que sobrevive a un costo muy alto. La necesidad de expresar la disconformidad y el rechazo se incrementa ante la prohibición e imposición arbitrarias; como respuesta instintiva, el alcance y despliegue del desahogo popular pueden ser imprevisibles. Esto convive con una capacidad
Para 2024 se registraron 407 manifestaciones públicas en el territorio nacional, observándose una caída del 50% en el número de protestas registradas en el 2023[1].Esto coincide con una disminución progresiva que inició en 2016 y se agudizó en 2020 en el contexto de la pandemia. La represión con la que respondió el Estado tras escaladas
Mabel Sarmiento e Ivahnova González. En un contexto de violación sistemática de los derechos humanos[1], y una crisis humanitaria sin precedentes[2], el ejercicio del periodismo, la publicación y difusión de información, representa un riesgo para los periodistas que denuncian las condiciones de deterioro generalizado y la pérdida de libertades democráticas en Venezuela. Luego del proceso
Tania LavadoSaúl Blanco. El Estado ha sido históricamente el principal responsable de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye la protección de la libertad de expresión, consagrada en los artículos 58 y 59 de la Constitución, así como en los artículos 13 y 19 de la
El periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas, cumple un año de injusta detención este 15 de abril de 2025.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) recientemente impuso medidas económicas a las empresas que brindan el servicio de Internet, un mecanismo indirecto que afecta el derecho a la libertad de expresión y se suma a los efectos de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. La inflación y el diferencial cambiario también pueden traducirse en menos
Ocho casos que se tradujeron en 13 violaciones del derecho a la libertad de expresión fue el total que registramos en el mes de marzo, entre ellos cinco actos de censura, tres de hostigamiento judicial y dos detenciones. Del total de 16 víctimas registradas, hay tres periodistas, reporteros o reporteras; dos medios de comunicación y
En los últimos meses el derecho a la libertad de expresión y el trabajo de la prensa han sufrido amenazas constantes por parte del Estado venezolano, con agresiones, detenciones arbitrarias, amenazas, desapariciones forzadas y otras violaciones a los DD. HH. que erosionan la democracia y las libertades en Venezuela. De acuerdo con nuestro informe preliminar
Este 24 de marzo de 2024, se impuso la reducción de la jornada laboral en la administración pública, dando como razón la “emergencia climática”, una restricción que afecta y retrasa el acceso a la justicia y otros derechos asociados a la prestación de servicios en la administración pública exceptuando, según la disposición, a los organismos
El periodismo en Venezuela ha sido una profesión cuyo riesgo ha aumentado en los últimos 20 años, pero tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, la situación ha sumado múltiples obstáculos para poder mantener informada a la población. La
Es una mujer de fácil sonrisa, con buen humor y que mantiene la esperanza, aunque a veces la desesperanza sale a flote. Su mirada y sus manos también hablan a la par con su voz.
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