El periodista y también defensor de derechos humanos en Venezuela, Carlos Julio Rojas, cumple un año detenido arbitrariamente. Dos personas encapuchadas se lo llevaron a la fuerza la noche del 15 de abril de 2024, mientras caminaba por la esquina Alcabala de la parroquia La Candelaria, en Caracas.
Rojas transitaba por la zona junto con su esposa, Francy Fernández, y lo sorprendieron dos sujetos sin identificación que se bajaron de una camioneta gris, según contó en aquel entonces un amigo de Rojas a través de un audio.
Horas después de su detención, el fiscal Tarek Wiliam Saab, anunció en su perfil de X que al comunicador y activista lo detuvieron por estar señalado de “instigador” y “operador logístico” de un presunto intento de magnicidio el 25 de marzo de ese año.
Luego de 365 días, sigue tras las rejas en una celda que comparte con 14 personas más en El Helicoide, Caracas. Su caso está como en el primer día: sin avances, sin el respeto al debido proceso, sin acceso a defensa privada, sin libertad.
Un año fatal
Su esposa, Francy Fernández, lo visita con frecuencia, por lo menos tres veces a la semana. Aunque en una oportunidad le suspendieron ese derecho durante tres semanas. Dice ella que fue una medida de castigo a sus inistentes demandas para que se le respetaran las garantías a Rojas.
Fernández narra que este año ha sido fatal en todos los aspectos: emocional, económico y psicológico. “Ha sido un año de confrontación constante con los funcionarios que lo custodian. Les he pedido que lo alejen de su agresor que también está detenido en ese mismo lugar. Esa persona inculpó a Rojas difundiendo un video con toda esta infamia que armaron, solo para dañarlo y hacerlo preso del Estado”.
Su esposa, una mujer que se muestra firme, no lo deja solo y aunque en momentos se quiebra emocionalmente, afirma que Carlos Julio está bien. “Él asegura ser un preso de consciencia y que está allí por una lucha, por defender derechos humanos y también por ser periodista”.
Carlos Julio, comenta, simplemente combinó su activismo humano con su profesión de comunicador social, tiene años denunciando no solo lo que pasa en Venezuela, pero principalmente los problemas que afectan a sus vecinos de la parroquia La Candelaria: falta de agua, luz, invasiones a propiedades privadas, entre otros temas. “Carlos Julio lo que ha hecho es recordarle al Estado qué está bien y qué no”.
Ahora, insiste, el Estado venezolano viola la Constitución y no le permite que su abogado privado lo defienda. “Él no ha cometido delito alguno”, resalta su esposa, abogada de profesión.
Defensor acusado de terrorista
Los delitos que el gobierno venezolano le imputa a Carlos Julio Rojas son de “terrorismo” e “intento de magnicidio en grado de tentativa”. La segunda acusación es porque, presuntamente, vieron al periodista en una marcha que se llevó a cabo en febrero de 2024 y, además, dicen que recibió un pago de parte de la líder opositora María Corina Machado para que atentara contra la vida de Nicolás Maduro. “Eso es totalmente falso”, asegura.
Francy Fernández a ratos ríe, a ratos deja asomar sus lágrimas, pero también deja ver el amor que siente por su esposo, con quien tiene el sueño de tener un hijo. “Si se cumple eso, quiero que sea ingeniero u otra profesión, que esté lejos del activismo de derechos humanos o del periodismo, pues considera que esas dos actividades le han hecho daño a su pareja, quien ha estado preso en tres oportunidades. Estuvo preso en la cárcel militar Ramo Verde, de la cual salió con medidas cautelares en 2017.
No lo deja solo
Francy menciona que lo eligió a él como pareja y que ahora viviendo este proceso es que mira hacia atrás y comprende cuánto realmente lo quiere. “Una hora después de su detención, recibí una llamada, me dijeron que me enviarían los pasajes (a otro país), pero no quise irme. Decidí acompañarlo en esta lucha, hasta lograr verlo en libertad”.
“No lo voy a dejar solo. No es el momento para salir corriendo. Decidí quedarme porque cuando comencé con Carlos Julio dije que esta era yo, y estoy fortalecida al igual que él”, expresa con orgullo.
Fernández reitera que Carlos Julio le dice que sigue firme en cuanto a sus ideales y sobre lo que piensa del gobierno venezolano, también de él como humano y de lo que se necesita en Venezuela.
Carlos Julio Rojas: un hombre que ama la lectura
Durante las primeras semanas de reclusión en El Helicoide, no le permitían llevarle libros. Con el paso de los días, logró entregar en la paquetería un libro a la vez. “Luego de tantas quejas, los custodios accedieron a recibirlos con la condición de que no le llevara varios, sino una vez que termine la lectura de uno, es que le podían entregar otro”.
“Carlos creció en un mundo de defensores de derechos humanos y de políticos. Su abuelo fue general de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero también lo metieron preso porque los enfrentó. Su familia quiso que él (Carlos Julio) fuera un militar, pero no quiso; él solo quiso ser periodista”.
Este 15 de abril se cumple un año de la detención arbitraria de Carlos Julio Rojas. El 20 de enero de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 7/2025, mediante la cual otorga medidas cautelares a favor del periodista, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
Como denuncia su esposa, desde su privación de libertad, no le ha permitido acceder a una persona abogada de confianza. Los primeros 39 días de reclusión estuvo incomunicado y cuando su familia logró verlo lo encontró con problemas de hipertensión.
En febrero de este año, la organización Amnistía Internacional (AI), lo denominó preso de consciencia y exigió que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.
También pidió a Nicolás Maduro que garantice su vida y su seguridad, así como su derecho a no sufrir tortura y las garantías de un juicio justo.
Desde Espacio Público exigimos al Estado venezolano garantice su derecho al debido proceso, libertad personal y acceso a la defensa privada; y que se abstenga de utilizar el poder judicial como medio de persecución contra los periodistas y defensores de derechos humanos.
