Ocho casos que se tradujeron en 13 violaciones del derecho a la libertad de expresión fue el total que registramos en el mes de marzo, entre ellos cinco actos de censura, tres de hostigamiento judicial y dos detenciones.
Del total de 16 víctimas registradas, hay tres periodistas, reporteros o reporteras; dos medios de comunicación y dos páginas web. En total, en el primer trimestre del año registramos 43 víctimas.
Nueve de los 10 victimarios que perpetraron violaciones a la libertad de expresión en marzo guardan relación directa con el Estado venezolano: seis instituciones y tres cuerpos de seguridad. El otro victimario es una operadora privada.
Detalles de los casos
El periodista de la fuente de sucesos, Román Camacho, fue detenido al mediodía del 4 de marzo de 2025, en un centro comercial del municipio Sucre de Caracas, estado Miranda (norte) y trasladado a una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en El Hatillo, Miranda.
Camacho fue excarcelado con medidas cautelares el 6 de marzo, a más de 48 horas de su detención arbitraria. Dijo en su cuenta de X que “la investigación continúa” y que no debe hablar sobre el caso, medida cautelar que ya ha sido aplicada por el Estado en contra de periodistas. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) la Fiscalía le imputó supuestos delitos de incitación al odio, obstrucción de la justicia y difusión de “noticias falsas”.
El 14 de marzo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) notificó e informó en un comunicado público la revocación de los títulos administrativos que permitían operar en Venezuela a la empresa privada Supercable, bajo el argumento de “violación a los derechos de los usuarios”.
La empresa dijo en un comunicado que “siempre ha actuado en consecuencia con las leyes” venezolanas y que recurriría la decisión de la Conatel. La revocatoria de los permisos a Supercable, sin embargo, carece de información suficiente que permita conocer el alcance de la medida, por lo que afecta el derecho a la comunicación de miles de usuarios y usuarias que utilizan sus servicios para buscar, recibir y difundir información.
En la noche del 18 de marzo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ministerio Público allanaron el apartamento de la periodista Charito Rojas en Valencia, estado Carabobo (norte). Los funcionarios revisaron todo el inmueble, que estaba deshabitado desde que se vio forzada a irse del país en 2024, y exigían abrir el maletero del apartamento.
En junio de 2024 un tribunal penal de Carabobo dictó orden de aprehensión en su contra acusada de “estafa agravada continuada y asociación para delinquir”. La acusaron de hacer “transacciones financieras ilegales por altas sumas de dinero en nombre de un empresario turístico”, aunque medios locales aseguran que fue por sus denuncias a funcionarios relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro.
El ministro de Interior y Justicia y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó, hostigó e insultó a la agencia española EFE por una entrevista que le hizo a la activista política Magalli Meda, jefa de campaña de la dirigente opositora María Corina Machado en la elección presidencial de 2024, quien se encuentra asilada en la Embajada de Argentina en Caracas.
Tres días después del ataque de Cabello, el Observatorio de Internet VE sin Filtro reportó bloqueos de acceso a la página web de EFE por parte de los principales operadores de internet en Venezuela. En concreto, Las empresas que restringieron el acceso a EFE fueron la estatal CANTV y las privadas G-Network, Airtek, Movistar, NetUno, Digitel, Supercable y Thundernet, aplicando bloqueos de tipo DNS y HTTPS.
El estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado, fue detenido el 20 de marzo por funcionarios de la GNB en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes (centro), presuntamente por publicar denuncias en su cuenta de Facebook.
De acuerdo con el SNTP, Alvarado fue detenido cuando se dirigía a su casa en la localidad de Apartadero y trasladado a un comando del mismo cuerpo en Agua Blanca, estado Portuguesa (centro).
El 24 de marzo el gobierno de Nicolás Maduro impuso una reducción de la jornada laboral en toda la administración pública debido a una “emergencia climática”, afectando y retrasando el acceso a la justicia y otros derechos asociados a la prestación de servicios de los organismos del Estado.
El trabajo en las dependencias oficiales estará limitado durante seis semanas a un horario de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y se implementará un esquema de alternancia entre un día laborable y otro no laborable para reducir el consumo energético. La decisión pudiera vulnerar el derecho al debido proceso y generar un retraso procesal que agrava la situación preexistente y facilita la acumulación de casos, además de transgredir la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.
Un ejemplo de la vulneración al debido proceso por esta medida fue el caso de la profesora y defensora de DD. HH. Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024, sin acceso a defensa privada, y a quien le difirieron por cuarta ocasión su respectiva audiencia en el Palacio de Justicia.
El tribunal que lleva su caso suspendió la audiencia del 31 de marzo dada la medida de “ahorro energético” fijada por el gobierno de Nicolás Maduro, que obliga a reducir la jornada laboral en el sector público, según reseñaron medios internacionales.
El periodista Gustavo Azócar alertó sobre una orden de captura en su contra, dictada por el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial del estado Táchira (oeste), por un proceso penal en el que sus abogados no han podido tener acceso al expediente, en vulneración del derecho a la defensa.
En la orden se acusa a Azócar por los presuntos delitos de promoción o incitación al odio y revelación indebida agravada de información personal, entre otros. De acuerdo con el periodista, la orden se relaciona con publicaciones que hizo en la red social Instagram el año pasado sobre el presunto vínculo de un ganadero tachirense con un narcotraficante colombiano que fue asesinado en 2019.
