La anulación de pasaportes sin orden judicial es una medida de persecución que ha utilizado el Estado desde el año 2017 contra periodistas, su frecuencia alcanzó un pico en agosto de 2024, como represalia contra trabajadores de los medios, activistas, personas defensoras de derechos humanos y la ciudadanía dentro y fuera del territorio nacional; y para fomentar la autocensura en la población que alzó la voz ante los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron ganador a Nicolás Maduro, sin presentar pruebas ni realizar las auditorías legales.
La libre movilidad es un derecho fundamental que garantiza a las personas la capacidad de trasladarse libremente dentro y fuera de su país. Es esencial para el ejercicio de otros derechos humanos como el derecho al trabajo, la educación y la participación en la vida cultural y política. Está garantizado en la Constitución Nacional (artículo 50), en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; normativas internacionales que el Estado venezolano ha suscrito y tiene la obligación de cumplir.
La anulación de pasaportes de forma indiscriminada y sin una orden judicial o administrativa justificable, implica la violación del derecho a la movilidad, pero también vulnera los derechos a la identidad y a la libertad de expresión: sin pasaporte no hay un documento que valide la nacionalidad y quién eres fuera de Venezuela, además es imposible entrar o salir del país para participar libremente en foros internacionales, conferencias y eventos que son cruciales para la difusión de ideas y opiniones.
En Venezuela hay registros de esta práctica como una medida de persecución y sanción indirecta a personas que se expresan de manera que puede resultar crítica al Estado o al gobierno encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Entre las víctimas están periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y personas que se dedican a defender los derechos humanos.
La forma legal para anular pasaportes
La anulación de pasaportes es reciente, está permitida a partir del año 2021 por una normativa que también rige la expedición de pasaportes en Venezuela; es el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Identificación, relativo a la Expedición, Renovación y Prórroga de Pasaportes. Este decreto fue publicado en la Gaceta Oficial N° 42.092 de fecha 22 de marzo de 2021, entrando en vigor el 15 de abril de 2021.
El artículo 9 establece la posibilidad de anulación del pasaporte, debido a 6 causas:
- Robo
- Hurto
- Extravío
- Deterioro considerable del documento que impida su utilización
- Alteración, modificación o enmendadura de los datos contenidos en el documento
- Por orden administrativa o judicial
El artículo 10 de esta norma agrega la posibilidad de “Inhabilitación del pasaporte” y explica: “Es causal de inhabilitación para la obtención del pasaporte, la orden judicial emitida por el órgano competente”[1]. Sin embargo, en los casos registrados y reseñados por organizaciones y medios de comunicación en Venezuela no se cumple con ninguna de estas causas, que parecen legítimas y necesarias en una sociedad democrática para controlar y resguardar el derecho a la identidad y a la libertad de movilidad.
En ninguno de los casos registrados por activistas, organizaciones de derechos humanos o medios de comunicación ha prelado una orden judicial conocida por las víctimas. En casos conocidos en el Aeropuerto de Maiquetía, funcionarios adjudican al Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME) la decisión de anular pasaportes en perfecto estado y con hasta 10 años de vigencia.
Estas anulaciones se dan después de superar dificultades para que los y las venezolanas puedan obtener un pasaporte, reconocido como uno de los más caros del mundo: los aranceles superan los 200 USD en un país donde el salario mínimo es de 130 Bs, lo que no supera los 5 USD a la tasa de cambio oficial del 21 de noviembre de 2024. Además, en diferentes períodos se ha dificultado el acceso a las citas para su renovación o emisión.
Los casos
Existen numerosos casos de anulación de pasaportes por parte del SAIME denunciados entre julio y agosto de manera pública, afectando a ciudadanos/as activistas, periodistas y opositores políticos dentro y fuera de Venezuela, sin notificación formal ni orden judicial. Sin embargo, esta práctica no es nueva; la primera ocasión en que documentamos persecución por medio del pasaporte fue en el año 2009, cuando retuvieron el documento al periodista Federico Ravell en el Aeropuerto de Maiquetía y le hicieron fotocopias, después de que una periodista de un canal oficialista lo grabara y tildara de “palangrista”.
En el 2017 registramos la anulación del pasaporte al periodista César Miguel Rondón y de su esposa porque supuestamente tenían denuncia de robo, cuestión que Rondón desmintió. Esto sucedió en el Aeropuerto de Maiquetía (La Guaira, norte) después de comentarios de Nicolás Maduro frente a mensajes en Twitter (ahora X) en que Rondón preguntaba a víctimas de escrache cómo se sentían. Su posición pública siempre fue de rechazo a esta práctica.
En septiembre de 2018 el SAIME anuló el pasaporte del periodista Nelson Bocaranda, también en Maiquetía, sin una orden judicial, después de retenerlo a él y a su esposa durante más de una hora, y sin dar mayores explicaciones.
La ola de anulaciones de pasaportes de 2024 se registró después del desconocimiento popular de los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que aún a finales de noviembre de 2024 no ha presentado las actas de las mesas de votación ni realizó las auditorías correspondientes por ley, mientras se mantienen las denuncias de fraude sustentadas con pruebas hechas públicas.
Sin embargo, el Laboratorio para la Paz reseña que “antes de esa fecha se había denunciado que a diferentes líderes políticos y sociales del país le habían anulado sus documentos de identidad como medida de represalia y escarmiento”[2]. La organización registró 36 casos de anulación de pasaportes por parte del SAIME a líderes políticos y sociales, presumiblemente por su labor en la defensa de los derechos humanos y de la democracia; aún así, la misma organización explica que estas personas piden el anonimato y otras se rehúsan a denunciar por miedo a mayores represalias por parte del Estado.
En Espacio Público hemos registrado una situación similar, aunque las personas no han estado dispuestas a denunciar, incluso de manera privada y anónima, tras la anulación de pasaportes en casos específicos que se relacionan con la libre expresión. Estas y otras medidas de persecución han hecho que la ciudadanía se autocensure en su crítica al gobierno, lo que afecta directamente el debate público y la exigencia de derechos, mermando así el espacio democrático.
Una periodista que mantenemos en anonimato por seguridad, contó a Espacio Público que había viajado a Colombia para participar en un festival internacional de periodismo; regresó a Venezuela antes de las elecciones y supo de varias denuncias de anulación de pasaportes a periodistas. Entre la segunda y tercera semana de agosto verificó su documento en la página web del SAIME: “revisé y estaba anulado”.
La anulación no tuvo razón explícita, notificación ni orden judicial, la periodista no ha identificado el motivo; sin embargo, comenta que sí ha derivado en autocensura: “a partir de que me enteré bajé muchísimo cómo me expresaba en redes sociales, dónde comentaba, a qué foto le daba like (…) dejé la actividad política o la actividad de visibilización de temas políticos en mis redes sociales. Empecé a tomar más medidas de seguridad en mis dispositivos”.
Por otra parte, asegura que el mayor impacto “a parte de todo lo psicológico y emocional, es cómo cortaron mi posibilidad de ser más activa en la denuncia de temas políticos, me generó muchísimo estrés y todavía lo genera”. Aclara que no ha vuelto a revisar el estatus de su pasaporte en línea, pero que entiende que tendría que salir del país por trochas en caso de ser necesario.
Un caso público es el del activista y defensor de derechos LGBTIQ+ Yendri Velásquez, quien fue detenido de manera arbitraria el 3 de agosto por autoridades de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, desde donde iba a viajar Suiza para participar en el período de sesiones del Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas. A Velásquez se le informó en migración que su pasaporte estaba anulado, estuvo en desaparición forzada durante más de cinco horas, y fue trasladado y liberado la noche del 3 de agosto en una zona del este de Caracas. Velásquez no pudo asistir al evento, además de no tener la posibilidad de salir de Venezuela en sus labores como defensor de derechos humanos
Otra periodista que habló con Espacio Público y solicitó el anonimato, cree que la razón de la anulación de su pasaporte está directamente relacionada con su labor:
“para las elecciones yo trabajé como fixer (producción y logística) para una periodista holandesa, a ella la retuvieron unas tres horas en el Aeropuerto (…) ella no tenía acreditación para cubrir las elecciones pero después de detenerla tres horas a ella le dan acceso al país y le pidieron todos los datos del equipo. Por eso sabía que había una probabilidad de que mi pasaporte estuviera anulado. (…) Semanas después me invitó a trabajar con ella en Cali y tuve que revisar: efectivamente mi pasaporte estaba anulado; no sé con certeza desde cuándo pero asumo que esa es la razón. Me ha afectado en términos económicos y laborales. Por esa anulación no pude ir a trabajar en la COP de Cali, lo cual iba a representar un ingreso importante para mí este año”.
Entre otros casos públicos, R, periodista, declaró: “Finalmente me anularon el pasaporte, me informaron que, por segunda vez en menos de seis meses, me anulan un documento. La primera vez logré obtener un nuevo documento, esta segunda vez no creo porque estoy fuera del país. Esto pues se lo han hecho a otros periodistas que están dentro de Venezuela. Fui avisado que me iban a anular el pasaporte. Antes ya había tenido amenazas de que sí seguía diciendo y escribiendo las cosas que escribo, iban a tener retaliaciones contra mí. Y ya cumplieron”.[3]
Sin legalidad, transparencia, ni motivos
Más allá de las restricciones y persecución a periodistas y personas que defienden los derechos humanos, la anulación de pasaportes venezolanos se extiende a ciudadanos comunes que viven dentro o fuera del territorio nacional. En el segundo caso, se traduce en la imposibilidad de regresar al país. Walter Molina, politólogo venezolano residenciado en Buenos Aires, explicó que esta es es una medida de represión “en especial para militares y políticos en el exilio (…) para atemorizarnos a todos y quebrarnos la moral”[4].
El registro aproximado de migrantes venezolanos es de 7,7 millones de personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Casi una cuarta parte de la población vive fuera de Venezuela lo que no hace que estén exentos de esta persecución estatal.
Una publicación de Efecto Cocuyo replica el testimonio de un residente en Colombia: “Sentí como si el alma se me hubiera ido del cuerpo. Yo quería visitar a mi mamá este año y ahora no puedo entrar a Venezuela. Según lo que me han dicho algunas personas que ayudan a los migrantes acá, que me anularan el pasaporte no afecta mi condición migratoria en Colombia, sólo afecta mis posibilidades de viajar a Venezuela”[5].
La falta de transparencia en el proceso de anulación de pasaporte se suma a la vulneración de derechos por parte del Estado, la desinformación evita poder tener una defensa adecuada al desconocer los motivos de la anulación. Alí Daniels, abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, explica también los posibles motivos:
“Tenemos la anulación de pasaportes a personas con un perfil muy definido: líderes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. Evidentemente, esto tiene su causa en la persecución política y sobre todo en generar una especie de alarma social y miedo para que personas con el mismo perfil se inhiban de emitir opinión en este momento. Pero, al mismo tiempo, está la situación de personas que no tienen ninguna actividad política, que ni siquiera han expuesto en sus redes opiniones sobre el Gobierno. Creemos que responde a esta necesidad de (causar) miedo y que cualquiera, así esté en silencio, (sepa que) puede estar sujeto a esta medida”[6].
La anulación de pasaportes se utiliza desde el año 2017 como una herramienta de represión política para limitar la movilidad de quienes critican al gobierno; además esta práctica es un mecanismo para controlar y silenciar la disidencia, restringiendo la capacidad de las personas de buscar asilo o denunciar abusos en foros internacionales.
Ligia Bolívar, coordinadora de la Asociación Alerta Venezuela DDHH, comenta que es una “medida de persecución política masiva” lo que presumiblemente aumentará las salidas desde Venezuela de migrantes por vías terrestres, al no poder salir por vía aérea.[7]
Pasaporte anulado, ahora no puedes
Las restricciones a la movilidad limitan las oportunidades laborales en el extranjero, atención médica, ocio, y la participación en eventos profesionales o relacionados con la defensa de los derechos humanos, la exposición de casos y situaciones ante organismos internacionales y plataformas de comunicación que muestran la violación sistemática de derechos fundamentales en Venezuela.
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (la Misión) ha registrado en sus informes diferentes mecanismos de intimidación que figuran como métodos de represión “blandos”, la anulación de pasaportes entraría en esta categoría. El Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) da cuenta en su informe 2024 patrones que catalogan como ejemplos de mecanismos blandos, que incluyen amenazas, intimidaciones y hostigamientos, el patrón que más emplea el Estado venezolano, combinados con mecanismos de represión más “duros”.
Estos mecanismos de intimidación, combinados “han logrado mantener latente la amenaza y el estado de vigilancia que le asegura el control continuo y la desmovilización por miedo de la población y otros actores del espacio cívico. La capacidad del Estado para alternar, combinar y adaptar sus mecanismos represivos, según la situación, demuestra un alto grado de planificación y sofisticación en torno al ejercicio de los patrones de persecución y criminalización”[8].
El registro de casos de anulación de pasaportes a causa de expresión incluye los ocurridos en el Aeropuerto de Maiquetía cuando las personas iban a salir del país por motivos laborales relacionados con su activismo por los derechos humanos o como trabajadores de los medios de comunicación. La anulación de pasaportes evita la participación de activistas y periodistas en conferencias internacionales y la cobertura de eventos importantes fuera de Venezuela, reduciendo su capacidad de visibilización y denuncia.
La Misión concluye en su informe sobre Venezuela de septiembre de 2023 que “El uso por parte del Estado de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo, debido en parte al ‘efecto inhibitorio’ de sus anteriores esfuerzos por anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos. Además, una vez que se empezó a divulgar el historial de represión violenta del Estado, el uso de tácticas coercitivas ‘más suaves’ conlleva una amenaza latente”[9].
La anulación de pasaportes, sin orden judicial, explicaciones, respeto al debido proceso ni transparencia, parece materializar esta amenaza. Es un mecanismo que podría ser legal en casos de seguridad si se enmarcara dentro de las excepciones contenidas en el decreto del año 2021 mencionado anteriormente; sin embargo, se utiliza como un medio de censura e intimidación colectiva, pues genera un efecto inhibitorio en las personas afectadas y en su círculo de relaciones.
Laboratorio de Paz narra en su informe que, tras conversar con diferentes víctimas, todas coinciden en su preocupación al no poder viajar fuera del país, sentir la vigilancia y control, “por lo que han decidido limitar el ejercicio de sus derechos en el espacio cívico. Al intentar buscar solucionar su situación, incluyendo el uso de “gestores” y el pago de sobornos, las personas han decidido bajar el perfil de su actuación pública”[10].
Estas actitudes se repiten en periodistas y trabajadores de medios de comunicación social según lo que hemos documentado en Espacio Público. El temor a mayores represalias impone la censura en redes sociales e incluso ha hecho que se evite firmar las notas relacionadas con temas políticos, económicos, o que puedan ser identificados como críticos al gobierno. El aislamiento forzado por no poder salir del país repercute en toda la sociedad, que ve limitados los espacios en que personas que defienden los derechos humanos pueden dar cuenta de lo que sucede en Venezuela; además, al ver las anulaciones de pasaportes, también se inhiben en sus expresiones críticas al gobierno, ya sea de forma pública en manifestaciones o plataformas sociales en línea, hasta incluso en el ámbito comunitario, donde delatores son responsables de señalarles ante organism
[1] Laboratorio de Paz, agosto 2024. INFORME Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela. Disponible en https://labpaz.org/wp-content/uploads/2024/09/informeddhhvzla.pdf
[2] Ídem
[3] Laboratorio de Paz, agosto 2024. INFORME Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela. Disponible en https://labpaz.org/wp-content/uploads/2024/09/informeddhhvzla.pdf
[4] Jefferson Díaz, 13 de agosto de 2024. Pasaportes anulados: un miedo que cobija a los migrantes venezolanos. Efecto Cocuyo https://efectococuyo.com/venezuela-migrante/pasaportes-anulados-un-miedo-que-cobija-a-los-migrantes-venezolanos/
[5] Ídem
[6] El Pitazo, 14 de agosto de 2024. Anulación de pasaportes venezolanos no distingue entre figuras públicas y ciudadanos comunes. Disponible en https://elpitazo.net/gran-caracas/anulacion-de-pasaportes-venezolanos-no-distingue-entre-figuras-publicas-y-ciudadanos-comunes/
[7] Jefferson Díaz, 13 de agosto de 2024. Pasaportes anulados: un miedo que cobija a los migrantes venezolanos. Efecto Cocuyo https://efectococuyo.com/venezuela-migrante/pasaportes-anulados-un-miedo-que-cobija-a-los-migrantes-venezolanos/
[8] Cepaz, 25 de junio de 2024. En Venezuela se ha consolidado un sistema sofisticado de represión estatal a las voces disidentes. Disponible en https://cepaz.org/en-venezuela-se-ha-consolidado-un-sistema-sofisticado-de-represion-estatal-a-las-voces-disidentes/
[9] Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, 18 de septiembre de 2023. A/HRC/54/57 Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session54/advance-versions/A_HRC_54_57_Unofficial-SP-Translation.pdf
[10] Laboratorio de Paz, agosto 2024. INFORME Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela. Disponible en https://labpaz.org/wp-content/uploads/2024/09/informeddhhvzla.pdf
