Agresiones y detenciones de periodistas agravan más de una década de ataques a La Patilla

marzo 31, 2025

En los últimos meses el derecho a la libertad de expresión y el trabajo de la prensa han sufrido amenazas constantes por parte del Estado venezolano, con agresiones, detenciones arbitrarias, amenazas, desapariciones forzadas y otras violaciones a los DD. HH. que erosionan la democracia y las libertades en Venezuela.

De acuerdo con nuestro informe preliminar de 2024, los y las periodistas fueron el grupo más afectado por las violaciones al derecho a la libertad de expresión, enfrentaron ataques y agresiones mientras realizaban su trabajo, liderando la lista de víctimas con menos 34 % de los registros documentados.

Al menos seis (6) de esas víctimas en 2024 resultaron ser reporteros y/o corresponsales del medio digital La Patilla, un sitio web de noticias fundado en 2010 y que ha sido objetivo de arbitrariedades del Estado y de sus funcionarios desde sus primeros años en línea. La Patilla fue fundado por el periodista Alberto Federico Ravell, cofundador del canal privado Globovisión y expresidente de 1984 a 1986 de Venezolana de Televisión, quien en repetidas ocasiones vivió hostigamiento por parte de altos cargos, incluido el entonces presidente Hugo Chávez.

Las agresiones recientes a las y los periodistas de La Patilla confirman lo que, a grandes rasgos, representa una política de Estado que busca silenciar los discursos críticos desde hace más de una década, con cierres y medidas administrativas han reducido el ecosistema de medios y han dirigido entonces los ataques y la censura hacia la internet.

Los ataques a La Patilla

Entre 2024 y lo que va de 2025, al menos siete periodistas de La Patilla han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de expresión, principalmente con actos de intimidación, amenazas y detenciones. Gran parte de las agresiones ocurrieron en el contexto de la elección presidencial ocurrida el 28 de julio del año pasado.

El 16 de abril de 2024, funcionarios de seguridad grabaron al periodista y corresponsal en el estado Nueva Esparta (norte), Dexcy Guédez, mientras hacía cobertura de la jornada de inscripción en el registro electoral. Posteriormente, amenazaron con mantener detenido a un ciudadano que le envió un video de otro punto de inscripción.¹

Tras recibir y publicar un video sobre la situación de un centro de inscripción que se había quedado sin electricidad, recibió una llamada de un sujeto desde un número anónimo, quien se identificó como parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y le “ordenó” eliminar la publicación con el video; de no hacerlo, dejarían detenido al ciudadano que le envió el material.

El 8 de julio, funcionarios de la GNB hostigaron, impidieron cumplir su trabajo y detuvieron arbitrariamente al periodista Víctor González luego de que intentara obtener declaraciones de un Mayor General a cargo de las labores de rescate en Cumanacoa, estado Sucre (noreste), lugar donde ocurrió un desastre natural.²

Junto con otra periodista, intentaron hacerle unas preguntas a Nayade Lockiby, quien no había atendido a los medios de comunicación; a los pocos minutos, unos funcionarios se acercaron a los comunicadores para decirles que no podían estar en ese espacio y les ordenaron ir a otro lugar.

Posteriormente se concretó la detención arbitraria: “Nos obligaron a montarnos en una camioneta (patrulla) de la Policía Nacional Bolivariana con tres funcionarios que estaban a bordo; iban armados. Nos montaron allí diciendo que nos estaban haciendo el favor de llevarnos a Cumaná”, dijo González.

Luego, durante la elección presidencial del 28 de julio, el coordinador del centro de votación ubicado en la U.E. Andrés Eloy Blanco de Cumaná, estado Sucre, le impidió al periodista Víctor González hacer cobertura de la jornada y le indicó que debía pedir autorización a un efectivo del Plan República.³

Gonzalez señaló que estaba esperando las declaraciones del jefe de Comando de Campaña de la oposición, quien estaba ejerciendo su derecho al voto. Cuando intentó ingresar para hacer fotos y tomas, funcionarios del Plan República le dijeron que no podía entrar y, al consultar a la autoridad superior, también negó el acceso.

También durante la jornada electoral, funcionarios impidieron que corresponsales de La Patilla y otros medios de comunicación pudieran ingresar al centro de votación de la E.B. Simón Jiménez ubicada en el estado Barinas (oeste), donde iba a sufragar el dirigente opositor Freddy Superlano.⁴

El 21 de agosto de 2024, la periodista Ana Carolina Guaita fue detenida de forma arbitraria por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Maiquetía, estado La Guaira (norte) sin indicios de que hubiese una investigación en curso en su contra. Distintos testimonios apuntaban a que su detención tuvo motivos políticos, dado que sus padres son dirigentes opositores en la entidad y el 29 de julio decidieron irse del país al ser perseguidos y acosados por su participación en la campaña electoral del candidato opositor Edmundo González.⁵

El 11 de noviembre, Guaita fue pasada a juicio y privada de libertad en una audiencia celebrada sin respetar los plazos establecidos en la ley, tres meses después de su detención arbitraria. A la reportera le imputaron cargos de terrorismo, instigación al odio y obstrucción a la vía pública; sus familiares denunciaron que Guaita estaba incomunicada y que se le negó el derecho a defensa privada, violando así las plenas garantías y el derecho al debido proceso.⁶ Guaita fue excarcelada el 21 de diciembre, cuatro meses después de su detención arbitraria.

En el estado Bolívar (sur), la subdirectora de la Unidad Educativa Nacional Francisco Guédez Colmenares, ubicada en San Félix, le negó la entrada a la institución a la corresponsal de La Patilla Pableysa Ostos, junto con otros dos periodistas. Los reporteros buscaban atender las denuncias ciudadanas sobre el estado de deterioro en la infraestructura de la escuela y la falta de pupitres, pero la subdirectora los obligó a retirarse.

“Nos pegamos a la reja para que nos atendiera y nos diera dos minutos para hablar con ella (la subdirectora), pero la señora salió con una actitud bastante hostil diciendo que ni siquiera debíamos haber pasado de la puerta principal (…) le dió su teléfono a la portera para que nos grabara de forma disimulada”, dijo Ostos.

Mientras que, en la tarde del 20 de febrero de este año, funcionarios del SEBIN detuvieron al periodista Rory Branker al salir de su residencia junto con su pareja, en Caracas. Fue abordado por dos individuos motorizados, armados y vestidos de civil, y obligado a moverse al asiento de atrás de su vehículo mientras uno de los funcionarios manejaba por distintas zonas de la ciudad.

A la pareja de Branker la amenazaron con que la integridad física del periodista “dependía de que se supiera o no” su detención arbitraria. Mientras Branker era llevado a otro lugar, sujetos desconocidos hicieron un allanamiento ilegal de su vivienda, llevándose computadoras y teléfonos celulares.

El 26 de febrero, cuando aún se desconocía el paradero de Branker, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, mencionó en su programa televisivo que Branker “fue capturado por extorsionar a personas mediante la publicación de información falsa y otros delitos más (…) para montar matrices comunicacionales contra el gobierno y el pueblo de Venezuela”.

Un historial de hostigamiento hacia el medio

Desde su fundación en 2010, el medio digital La Patilla ha sido víctima de señalamientos físicos y hasta judiciales por parte de funcionarios y voceros gubernamentales. En 2012, bajo el gobierno de Hugo Chávez, se reportó el primer bloqueo del portal web, con el fin de censurar la cobertura de los sucesos que ocurrían en ese momento en el extinto penal de La Planta, en Caracas.

En 2013, Nicolás Maduro amenazó al editor del portal, Alberto Federico Ravell, por la publicación de una noticia con declaraciones del abogado del “anticastrista” Posada Carriles.

“Alberto Federico, cuidado… tú andas mucho por allá, por los sitios y te reúnes con la gente permanentemente que está en esta jugada (…) tenemos muchos amigos en el mundo que quieren la paz de Venezuela y nos cuentan muchas cosas, incluyendo las tuyas, de tus relacionamientos (sic), negocios y tus maldades”, dijo entonces Maduro.

Pero en 2015 se llevó a cabo uno de los principales ataques a la libertad de expresión y el ecosistema de medios en Venezuela. Diosdado Cabello, entonces diputado a la Asamblea Nacional (AN), anunció una serie de demandas en contra de La Patilla, El Nacional y TalCual por replicar fielmente una información publicada en el diario español ABC, en la que se le acusaba de tener vínculos con el narcotráfico.

“Tienen todo el derecho de decir lo que quieran, libertad de expresión, pero yo tengo todo el derecho a defenderme y eso me obliga a acudir a las leyes. Deberán demostrar que lo que escribieron en sus periódicos, en sus páginas, es cierto”, amenazó Cabello.

Cabe acotar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sentenciar el caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica el 2 de julio de 2004, reivindicó la doctrina del reporte fiel, según la cual no incurre en delito el que reproduce información de terceros.

Meses después, una jueza impuso prohibición de salida del país a 22 directivos de medios, entre ellos Alberto Federico Ravell”, y acordó que debían presentarse una vez a la semana ante un tribunal. El juicio estuvo lleno de irregularidades y violaciones al debido proceso hasta que, en junio de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció a La Patilla a pagar 30.000 millones de bolívares a Cabello por “daño moral e injuria”.

Al día de hoy, La Patilla se mantiene como uno de las decenas de medios digitales con accesos bloqueados por los principales proveedores de internet y constantemente es víctima de señalamientos y amenazas por parte de los principales voceros del oficialismo. Tales discursos estigmatizantes han tenido efecto entre sus partidarios, mandos medios y bajos, que suelen ser partícipes de ataques a sus periodistas y trabajadores en las coberturas periodísticas.