El último mes del año 2018 cerró con un total de 43 violaciones a la libertad de expresión, siendo la intimidación y la censura los casos más frecuentes. Diciembre termina con 26 casos donde los principales victimarios siguen siendo los cuerpos de seguridad y funcionarios del Estado.
Actualmente en Venezuela es frecuente ver cómo los funcionarios del Estado buscan impedir que los medios de comunicación puedan informar lo que ocurre. El pasado primero de diciembre efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron a los periodistas María Jesús Vallejo y Hirsaid Gómez, del portal digital El Pitazo, cubrir una protesta a las afueras del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), ubicado en Plaza Caracas, Distrito Capital.
Los funcionarios exigieron a los periodistas apagar las cámaras y trataron de quitarles los equipos; sin embargo, los ciudadanos protegieron a Gómez y a Vallejo para que pudieran hacer la cobertura.
En el audiovisual, grabado por el equipo de El Pitazo se observa cómo uno de los uniformados les dice: “Ustedes no pueden estar grabando aquí (…) qué coño e’ madre es lo que pasa pues”11. Asimismo, se aprecia cómo las personas que se encontraban manifestando defendieron a los comunicadores.
Ningún periodista debe ser hostigado ni amenazado por ejercer su función de informar, estas violaciones trascienden el derecho individual a trabajar con un mínimo de condiciones que le permitan realizar su labor con libertad, éstas afectan el derecho de todos los ciudadanos a informarse oportunamente de lo que sucede en su estado.
9D: acceso restringido a los medios
El pasado 9 de diciembre el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó a casi 21 millones de personas a votar en elecciones municipales, donde se disputaron 2.459 cargos de concejales en todo el país. La jornada estuvo marcada por la no concurrencia de algunos partidos opositores venezolanos por las irregularidades dentro del CNE, la poca afluencia de electores y la restricción de la cobertura de la prensa; que se tradujo en al menos 15 violaciones a la libertad de expresión, ocho casos y 11 víctimas, siendo la intimidación la acción más recurrente.
Espacio Público registró violaciones a la libertad de expresión en los estados Falcón, Aragua, Táchira, Miranda, Distrito Capital y Zulia; prevaleció el impedimento de cobertura en los centros de votación, acompañado de violencia verbal y física, retenciones, amenazas y hostigamiento.
Gregoria Díaz, corresponsal de Crónica Uno y otros medios, narró que en el Liceo Agustín Codazzi, uno de los centros electorales más emblemáticos de Maracay, estado Aragua, los corresponsales Alfredo Morales (El Pitazo), Carmen Elisa Percorelli (Unión Radio y Te Lo Cuento News) y Gregoria Díaz (Crónica Uno) fueron hostigados e intimidados por el encargado del Plan República.
Díaz explicó que el funcionario les “prohibió tomar fotografías o grabar algún tipo de video dentro de las instalaciones del centro aun cuando, en el caso de Percorelli, está debidamente acreditada por el CNE”2. El militar explicó que “había una normativa donde estaba prohibida la toma de fotografías y realización de videos y apeló a un afiche”, pero las restricciones se refieren únicamente al registro del acto de sufragio en la herradura de votación, no de la cobertura general. Además, a la salida del centro el efectivo “le giró instrucciones a uno de sus subalternos para que nos tomara fotografías y se las enviara al Sebin”.
A medida que transcurrió la jornada y los centros de votación lucían vacíos la presencia de los medios resultó incómoda para algunas autoridades de distintos centros, por lo que las restricciones no se hicieron esperar. Juymar García, la reportera de Así es la Noticia, Te Lo Cuento News, y Caraota Digital, dijo a Espacio Público que cuando realizaba algunas tomas de apoyo: “fui abordada por un señor (del Plan República) de acento cubano pidiéndome que borrara las fotos, yo le dije que estaba haciendo mi trabajo, que representaba tres medios de comunicación, que mi interés no era impedir el proceso, me dijo: ya yo sé por dónde tú vienes, me haces el favor y te vas del centro de votación”3. García fue escoltada por funcionarios del Plan República y obligada a salir de la Unidad Educativa Instituto San Lucas, ubicado en El Llanito, Caracas.
La cobertura periodística sirve para documentar el hecho político que se vive en el país, es una fotografía del momento histórico que vivimos, negar la posibilidad a los periodistas de ejercer su labor es impedir que los ciudadanos puedan evaluar el desarrollo del proceso. Restringir el acceso a los medios resta credibilidad a un proceso electoral que supone debe estar signado por la transparencia.
Cada violación es reflejo de un sistema que pretende imponer la censura y promover la desinformación, una elección donde se disputaron 2.459 cargos es un hecho público que cada venezolano tiene el derecho a conocer y cada restricción violenta los principios de pluralidad que debe estar presente en los sistemas democráticos.
Crisis del papel saca a El Nacional de las calles
La última edición impresa del diario El Nacional circuló el pasado viernes 14 de diciembre, luego de 75 años de labor informativa en toda Venezuela. La crisis de papel, el hostigamiento y el acoso reiterado lograron que el diario abandone las calles.
El Nacional se une a la lista que agrupa a 25 impresos que abandonan las calles este 2018, debido a la crisis del papel producida por el monopolio de la materia prima ejercido por el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). El pasado 19 de agosto anunció que cambiaba su modo de circulación para mantener su trabajo informativo y para ahorrar papel que les quedaba hasta entonces.
El Nacional no solo es víctima del monopolio del papel prensa que afecta a los medios impresos, también en el entorno 2.0. El pasado 11 de agosto de 2018 reportó a través de Twitter que “(…) La página de @ElNacionalWeb se encuentra bloqueada para algunos usuarios. Los periodistas realizamos cobertura sobre los allanamientos que se registran en este momento”4.
Sin equipos no hay información
Ha aumentado la frecuencia de robos a medios de comunicación, situación que se suma a la crisis económica que afecta la capacidad de reposición y pone en peligro la permanencia de los medios.
El pasado 17 de diciembre delincuentes robaron e incendiaron las instalaciones del canal de televisión comunitario Afro TV, ubicado en Barlovento estado Miranda. Los ladrones aprovecharon la oscuridad de la madrugada para cargar con todos los equipos que hacían posible la transmisión.
En el hecho no solo fueron sustraídas las cámaras, computadoras, consolas, swicheras, fotocopiadora y micrófonos del master de la planta televisiva, sino que incendiaron la sede de la canal ubicada en el segundo piso del edificio Ceiba en San José de Barlovento. El incendio acabó con los archivos audiovisuales que el medio viene registrando desde el año 2010.
Luis Perdomo, director de la emisora, informó a Radio Fe y Alegría, que el incendio comenzó a las dos de la mañana, inmediatamente llamaron a los bomberos para evitar daños mayores, pues el fuego amenazaba con propagarse hacia el Centro de Documentación ubicado en el piso tres, donde reposan más de dos mil referencias bibliohemerográficas de Barlovento, documentos y libros de interés histórico.
Es deber del Estado venezolano cumplir con el deber de a garantizar la seguridad integral de los bienes públicos y privados, especialmente aquellos que prestan servicios de labor informativa, pues existe un peligro inminente de que con estos sucesos gran parte de la colectividad se vea afectada.
Billy Six continúa detenido
El periodista alemán, Billy Six, transcurrió todo el mes de diciembre detenido de manera arbitraria en una celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (sebin), El Helicoide. A Six se le negó su derecho a una visita de representantes de la embajada de Alemania en Venezuela a pesar de que el gobierno alemán asegura estar agotando “todas las opciones diplomáticas para lograr acceso consular”.
El 13 de diciembre Six se declaró en huelga de hambre exigiendo que le permitieran comunicarse con su familia, con la embajada de Alemania en Caracas, y con un abogado privado de su confianza. El mismo día pudo hablar directamente con la embajada, pero mantuvo su protesta hasta el 22 de diciembre, cuando notificó que suspendería la huelga de hambre hasta enero en espera de una “solución diplomática” para su liberación.
Los padres de Six señalaron que han realizado diversas gestiones ante el gobierno alemán para que exija la liberación de Billy; sin embargo, les han indicado que la responsabilidad recae sobre la representación diplomática en Venezuela, que en diciembre no logró que se garantizara el derecho a visitas consulares en El Helicoide. El Estado venezolano impidió la comunicación directa de los representantes diplomáticos de Billy Six, por lo que comete una violación a las obligaciones adquiridas en los artículos 5 y 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Rechazamos que el Estado venezolano insista en la aplicación de la jurisdicción militar a civiles, hecho que vulnera el debido proceso y somete a Six a un sistema de justicia vinculado al Ejecutivo, incluso sin la posibilidad de elegir un abogado de su confianza que garantice resguardar los intereses y derechos del periodista. Las publicaciones hechas previamente por Six no constituyen delito alguno y están amparadas por el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución Nacional y en la legislación internacional.
Espacio Público exige que sean garantizados los derechos de Billy Six y que el Estado cese en su intención de criminalizar la actividad periodística en un contexto de emergencia humanitaria compleja, donde además se impone la censura desde organismos gubernamentales y se restringe por diversos medios la libre circulación de información necesaria para una sociedad democrática.
Referencias
