Grupos de civiles armados, sin identificación, agredieron este 19 de enero una protesta de trabajadores activos, jubilados y pensionados frente a la Dirección de Salud del Distrito Capital, ubicada en el sector San Martín de Caracas.
La protesta era liderada por personal activo y jubilado de los sectores educación y salud, en reclamo por mejoras salariales y laborales de la administración pública.1 En las últimas dos semanas las protestas laborales han ido incrementando su frecuencia, al mismo tiempo que los intentos gubernamentales por silenciarlas y evitar que se difundan.
Desde el 9 de enero diversos trabajadores del sector público, sobre todo del sector educativo, han protestado en varias regiones del país por los bajos salarios, desmejoras en los beneficios y malas condiciones laborales. A ellos también se les han sumado pensionados y jubilados que exigen pagos acordes a sus necesidades económicas. Algunas de estas manifestaciones han resultado en castigos puntuales como la destitución de
Luis Cano, coordinador del Frente Amplio Unido en Defensa de los Pensionados y Jubilados (Ufajup), denunció que los “grupos irregulares” intervinieron nuevamente en las protestas. Destacó que estaban armados, amedrentando y mostrándole sus armas a los manifestantes.2
El pasado 14 de enero circuló en redes sociales un video en el que personas identificadas como colectivos afectos al gobierno de Nicolás Maduro amenazaron a quienes se sumaran a las protestas sociales y laborales que se mantienen en el país.
Uno de sus voceros dijo que los colectivos, ahora, “están tranquilos”, que solo “miran” y “monitorean”, pero que “a la hora de salir” no querían “chilladera”. En ocasiones anteriores, se ha registrado la actuación de colectivos usando armas blancas o de fuego en contra de manifestantes, bajo la mirada cómplice de organismos de seguridad como la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.
Estas acciones buscan evitar que más personas participen en protestas como medio de exigencia de sus derechos, silenciando la crítica al gobierno a través del miedo a represalias. Esta violencia física se puede identificar como vconsecuencia de discursos de altos funcionarios oficialistas que rechazan las manifestaciones y las declaraciones en contra de las políticas de gobierno
El artículo 68 de la Constitución garantiza el derecho a la protesta de todas las personas en el país. El Estado debe garantizar la seguridad de cada una de las manifestaciones que ocurren y no incurrir en actos de represión, censura y/o amenazas, que vulneren los derechos humanos de los manifestantes.
Referencias
