En una transmisión en Venezolana de Televisión (VTV), se anunció el 18 de enero que será presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional (AN) para la regulación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela, con especial énfasis en el financiamiento que reciben y cómo es utilizado.
“¡Ya basta! A través de las ONG conspiran contra el país, contra todos los venezolanos y las venezolanas. El que no la debe, ¡no la teme!”1 expresó Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un discurso que criminaliza la actuación de organizaciones civiles en Venezuela, que actúan ejerciendo los legítimos derechos a la asociación, y a defender derechos, entre otros.
Durante el programa Con el Mazo Dando Cabello afirmó sobre las ONG: “dependen del estado gringo (refiriéndose a Estados Unidos de América), o sea no son no gubernamentales, son instrumentos del imperialismo”. Según las declaraciones, el proyecto sería presentado la semana del 23 de enero para que se regule “el financiamiento, el funcionamiento y uso de las mal llamadas Organizaciones No Gubernamentales”2.
Los logotipos de diferentes ONG venezolanas aparecen en las imágenes publicadas en el video difundido por Instagram, lo que expone a personas que defienden los derechos humanos a ser víctimas de señalamientos, hostigamiento o persecución.
Recordamos que las normas internacionales, obligatorias para el Estado venezolano, establecen que los gobiernos tienen que regular adecuadamente el derecho a la asociación: la legislación debe ser compatible con los principios democráticos y no se pueden usar para perseguir a quienes cuestionen al gobierno.
Por otra parte, estas normativas deben ser presentadas y discutidas de manera amplia y transparente, pues afectan a toda la sociedad. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho público un borrador del proyecto de ley, lo que contribuye a la opacidad y dificulta el debate y la exigencia de derechos para garantizar que sea acorde con los estándares de derechos humanos.
Recordamos que el financiamiento internacional de organizaciones de la sociedad civil es legítimo y está protegido por estándares legales internacionales, pues garantiza el funcionamiento de las ONG, especialmente en Estados restrictivos o no democráticos.
