El mes transcurrió entre sentencias penales, hostigamiento, bloqueos a portales web, detenciones arbitrarias y amenazas, sumado a la política restrictiva que ahoga a los impresos y el uso de las instituciones del Estado para intimidar a periodistas y ciudadanos que buscan de alguna forma evadir la censura impuesta por el Gobierno y fijada en los medios oficiales.
Prueba de esto fue la detención arbitraria del periodista Isnardo Bravo, quien permaneció detenido durante más de ocho horas, luego de que funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), impidieron su salida del país y retuvieron su pasaporte, este 24 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas.
La información fue difundida a las 7:50 am, a través de la red social Twitter, por varios periodistas, quienes además de la alerta, informaron que la hija de Isnardo había sido entregada a su esposa, quien aún se encontraba en el Aeropuerto. A las diez de la mañana el periodista fue trasladado a la sede del organismo en la Zona Industrial de Boleíta, en Caracas, para realizarle un interrogatorio que se extendió por más de cinco horas.
El periodista agregó que durante su detención jamás fue maltratado y que su pasaporte, equipaje y teléfono celular le fue devuelto. Bravo fue obligado a firmar una caución que le prohíbe hablar o escribir sobre el caso de Oscar Pérez.
Retención ilegal de pasaportes
Está retención ilegal del pasaporte en contra de Bravo es violatoria del ejercicio de su derecho a la libre circulación. La actuación por parte de los funcionarios del Saime representa una vía de hecho; legalmente no tienen competencia para retener el pasaporte a ningún ciudadano, incumpliendose así, el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 50 de la Constitución Nacional, donde se garantiza que las restricciones al ejercicio de la libre circulación sólo puede hacerse en virtud de una Ley.
Impedir la cobertura periodística viola el derecho de todos los venezolanos a estar informados
Durante la cobertura de ese hecho los equipos reporteriles de distintos medios de comunicación fueron retenidos y revisados sus equipos por funcionarios de la Dgcim; Irene Mejias, de Caraota Digital, Luis Gonzalo, de NTN24; Ana María Rodríguez de VPITV; Luis Laya, de Venepress fueron llevados a una carpa en el interior del organismo y obligados a permanecer en el sitio hasta que Bravo fue liberado.
Los funcionarios insistieron en revisar el material que los periodistas habían realizado sobre lo que se vivía en las afueras de la sede del Dgcim. “Ellos alegaban que estábamos en una zona de seguridad, sin embargo, transmitimos a dos cuadras de donde se encuentra la Dgcim, todos nuestros reportes se realizaron desde allí”1, informó Rodríguez.
En otro hecho el argumento de la “zona de seguridad” también fue utilizado para impedir la cobertura, esta vez por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Reynaldo Mozo Zambrano, de “Efecto Cocuyo”, entrevistaba a pacientes que serían atendidos en el buque hospital chino “Arco de La Paz”, ubicado en el puerto de La Guaira, estado Vargas, cuando fue sorprendido y trasladado a un comando en el interior de la aduana marítima.
En entrevista telefónica con Espacio Público, Mozo aportó detalles de la detención: “los funcionarios me requisaron, me revisaron el bolso, me quitaron la credencial, la cédula de identidad y me llevaron al comando de la GNB que está dentro de la aduana marítima”2, en el ínterin, quisieron quitarle el teléfono sin éxito pues opuso resistencia; sin embargo, informó que no fue víctima de agresión física ni forcejeo.
Prohibido hablar sobre lo que pasa en la frontera
En el paso de Paraguachón, al norte del estado Zulia en la frontera con Colombia, funcionarios de la GNB detuvieron a tres periodistas extranjeros: Laura Saravia (argentina-inglesa), el camarógrafo Barnaby Green y el productor Dan Rivers (ingleses), pertenecientes al canal de noticias ITN de Londres, tenían tres días en Venezuela realizando un trabajo periodístico.
Los periodistas fueron abordados por funcionarios de la GNB al momento de sellar sus pasaportes en el Saime y luego de una ola de confusión sobre su paradero, fueron liberados y devueltos sus equipos, se supo que estuvieron detenidos en el Comando de El Limón.
Contra los trabajadores públicos
Dos miembros de la Dirección del Cuerpo Nacional de Bomberos (CNB) del estado Mérida fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, por la grabación de un video donde comparan a Nicolás Maduro con un burro. Los bomberos, Carlos Julio Varón Gracia y Ricardo Antonio Prieto Parra, fueron detenidos el 12 de septiembre.
Los trabajadores públicos, presuntos autores del audiovisual, fueron trasladados al Circuito Judicial de Mérida el mismo miércoles, y tuvieron su audiencia de presentación para ante el Tribunal de Control Nº 2 del estado Mérida, a cargo del juez Carlos Márquez. 
El Procurador de la entidad, Jesús Morón Morón, señaló3 que a los bomberos se les acusaba en un principio de instigación al odio, pero trascendió que la fiscalía que conoce de los delitos contra el odio “no va a llevar el expediente” y en su lugar será una fiscalía que lleva casos de flagrancia.
Juan Carlos Márquez y Carlos Prieto están detenidos por presuntamente grabar un vídeo satírico, donde comparan a un burro con Maduro. El humor es una forma de expresión a la que todos tenemos derecho, protegidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional. Además los funcionarios públicos están sujetos a una mayor exposición y escrutinio debido al cargo que ocupan, más aún el Presidente.
El 16 de septiembre, el Tribunal Segundo en funciones de Control del estado Mérida, imputó a los bomberos Ricardo Antonio Prieto Parra y Carlos Julio Varón Gracia por el delito de incitación al odio, luego de que el fiscal Silvio Villegas realizara la solicitud.
Durante la audiencia de presentación el fiscal Villegas, acusó a los bomberos por el delito de incitación al odio con agravantes y solicitó la privativa de libertad, según los artículos 20 y 21 de la inconstitucional “Ley contra el Odio”, promulgada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y fue aceptada por el juez Carlos Márquez, por lo que los trabajadores públicos serán juzgados en prisión.
Censura impuesta
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) suma a su historial censor una medida contra el portal de periodismo de investigación Armando.info, el pasado 11 de septiembre a través de Juzgado 11° en Caracas envió un oficio a Roberto Deniz Machín, prohibiendo a cuatro periodistas del medio difundir información sobre Alex Nain Saab, imponiendo la censura previa sobre el caso relacionado con importación irregular de alimentos.
En el anuncio del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones del Juicio de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se prohíbe a los periodistas Roberto Deniz Machín, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg, y Alfredo Meza publicar y difundir a través de medios digitales, específicamente en Armando.Info, menciones que vayan en contra “del honor y la reputación del ciudadano” Alex Nain Saab.
No nos cansamos de exigir que se garantice el derecho a la libertad de expresión e información
En tiempos difíciles, acompañamos a quienes, dentro de un ambiente hostil para la difusión y búsqueda de información no desmayan; es por ello que la Alianza para la Libertad de Expresión acudió el 27 de septiembre a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, a exigir al defensor del pueblo designado por la ilegítima ANC, Alfredo Ruiz Angulo, que actúe a favor de la libertad de expresión en Venezuela.
Esta es la segunda carta que esta Alianza de organizaciones entrega al defensor del pueblo, donde se le insta a cumplir con sus funciones para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión en Venezuela, dada la cantidad de situaciones restringen el acceso a la información y configuran uno de los más grandes déficits de la democracia en nuestro país.
Las exigencias se resumen en cuatro puntos fundamentales:
- Promueva una reunión conjunta con los representantes de cuerpos de orden público y del Sebin para imponerlos de su obligación de respetar los derechos y garantías constitucionales de los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, a fin de evitar que continúen las obstrucciones a su labor informativa.
- Que se inste a la Fiscalía General de la República a que intente las acciones y los recursos para reponer los derechos vulnerados, establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar.
- Que su despacho se pronuncie sobre la necesidad de que los entes públicos garanticen a los periodistas el debido acceso a las fuentes informativas.
- Que se produzca con la urgencia del caso una reunión entre usted y los representantes de la Alianza por la Libertad de Expresión a fin de conversar sobre los problemas aquí planteados para estudiar formas de cooperación y buscar soluciones.
Referencias
