Organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión entregaron una carta donde solicitan al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que atienda los casos de violencia contra los periodistas. Sólo en 2017 se registraron 1002 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, situación que afecta a la colectividad en su posibilidad de informarse.
La misiva expone que “resulta imprescindible hacer hincapié en una situación anómala que se ha presentado en la sede del Poder Legislativo, el Capitolio Federal, donde tienen asiento las deliberaciones de la Asamblea Nacional. Es el hecho que en las últimas semanas el personal de seguridad, dirigido por el coronel GNB, Bladimir Lugo, ha impedido el acceso a los reporteros de todos los medios para dar cobertura a las plenarias de ese cuerpo legislativo”.
Exigimos a la @Defensoria_Vzla que se respeten los derecho y garantías de todos los trabajadores de la prensa consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de #Venezuela #30May pic.twitter.com/JX6R5vlmNu
— Espacio Público (@espaciopublico) May 30, 2018
Además, agrega que “ante tan graves y evidentes irregularidades y violaciones a los derechos humanos y profesionales ni una sola voz se levante en el concierto de las instituciones del Estado venezolano, a excepción de la Asamblea Nacional, para exigir el cese de tales atropellos y el respeto a la labor profesional de los periodistas, reporteros gráficos y de quienes los asisten en su trabajo. Estas anómalas situaciones que se presentan en torno a las garantías para el trabajo del comunicador social en Venezuela configuran uno de los más grandes déficits de la democracia en nuestro país.”
Al finalizar, las organizaciones solicitan al Defensor:
- Promueva una reunión conjunta de su despacho con las comisiones de Medios y de Política Interior a fin de conocer de manera pormenorizada los eventos de carácter violento dirigidos contra los periodistas que cubren la fuente de la Asamblea Nacional y los impedimentos u obstrucciones que le están interponiendo para su labor informativa.
- Que a partir de los resultados de la reunión anterior inste al ciudadano Fiscal General de la República a que intente las acciones y los recursos para reponer los derechos vulnerados, establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar.
- Por cuanto creemos que la situación es muy grave y que es imprescindible la actuación del despacho a su cargo, le solicitamos por este intermedio, una reunión con una comisión de las organizaciones que integran la Alianza por la Libertad de Expresión, para profundizar en la información que tenemos sobre las continuas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de la comunicación en el cumplimiento de su deber de recabar las noticias para informar a los ciudadanos.
