En octubre registramos 7 casos y 9 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Tras dos meses con 3 casos cada uno, la cifra mensual se duplicó. La intimidación concentró el 66%, seguida por la amenaza y la censura.
De las 7 víctimas, 4 son periodistas o reporteros; mientras que 2 corresponden a periodistas en general y 1 a un miembro de una ONG. Los cuerpos de seguridad aparecen como victimarios en 3 de los 8 registros. El Distrito Capital concentró 2 casos, mientras Lara, Miranda, Vargas, Yaracuy y el entorno digital registraron uno cada uno (14,29 %).
Cuatro periodistas y una defensora de derechos humanos recibieron sentencias absolutorias este mes, lo que confirma que nunca debieron estar presos. Pero octubre también mostró que el Estado prefiere ajustar sus herramientas antes que desmontarlas: la reforma de la Ley contra el Odio cambia la cárcel por multas que decide el Ejecutivo, 40 sitios web siguen bloqueados y la prensa siguió enfrentando restricciones en la calle, en la Asamblea Nacional y en las redes sociales.
En lo que va de 2026 acumulamos 99 casos y 183 violaciones, con la intimidación (90 hechos) y la censura (44 hechos) al frente, seguidas por el hostigamiento verbal. De las 131 víctimas, 77 son periodistas o reporteros (58,78 %) y 19 son particulares (14,50 %). El 2 de octubre publicamos el balance de la situación general entre enero y agosto: 89 casos, 170 violaciones y 29 detenciones arbitrarias, un 20,8 % más que en el mismo lapso de 2025, tres de cada cuatro contra trabajadores de la prensa.
Ley contra el Odio: menos cárcel, la misma censura
El 15 de octubre, la Sala Constitucional del TSJ declaró la conformidad constitucional del proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio en la sentencia N.º 1034, dictada dos días después de recibirlo, sin audiencia pública y sin examinar ninguna de sus definiciones. El texto se conoció el 17 de octubre, pese a que dede Espacio Público habíamos pedido publicarlo desde el 29 de septiembre. Al día siguiente, en un comunicado, exigimos que la Asamblea Nacional derogue la ley y comentamos: el proyecto elimina las penas de 10 a 20 años de prisión, la revocatoria de concesiones, el bloqueo de portales y la prohibición de inscribir partidos políticos, y prohíbe expresamente las medidas privativas de libertad.
Pero el castigo no desaparece, cambia de manos. El ministerio con competencia en justicia, que dirige los cuerpos policiales, instruirá y decidirá los procedimientos, con multas de 500 a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor (entre 500 y 10.000 euros) y entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario. Para quien vive con el ingreso mínimo integral, eso equivale a entre 2,3 y 47 meses de ingresos. Las definiciones siguen siendo vagas, las plataformas deben retirar contenidos “inmediatamente” sin orden judicial, el Estado conserva la facultad de imponer mensajes en los medios y el artículo 26 deja abierta la vía penal, mientras el delito de instigación al odio del Código Penal sigue vigente. Tampoco ordena el sobreseimiento de las causas abiertas, la libertad de las personas detenidas ni la reparación de las víctimas, aunque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, admitió que se hizo un uso abusivo de la ley.
En el análisis de la propuesta publicado en nuestro portal, mostramos que de las cuatro condiciones mínimas necesarias para restituir la libre expresión el texto solo cumple una, y de forma parcial. El 28 de octubre, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión instaron al Estado a derogar la ley, porque una reforma parcial no corrige sus deficiencias estructurales. Además pidieron a la Asamblea Nacional publicar el texto que discutirá y abrir el proceso a la participación de periodistas, medios y organizaciones.
La única salida compatible con los derechos humanos sigue siendo la derogación de la denominada Ley Contra el Odio, con un régimen transitorio que repare a las víctimas.
Absueltos, pero sin reparación
El 30 de septiembre, el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo otorgó libertad plena a los periodistas Luis López, de La Verdad de Vargas, y Gabriel González, del equipo de Vente Venezuela, detenidos en junio de 2024. A López lo acusaron de “instigación al odio” y “asociación para delinquir” por mensajes en grupos de WhatsApp y por aparecer en una foto cerca de un grupo de la GNB; fue la propia Fiscalía la que admitió que no había ningún hecho delictivo. “Ese lazo que me ataba se reventó”, nos dijo López, a quien defendió el equipo jurídico de Espacio Público.
Al día siguiente, el mismo tribunal dictó sentencia absolutoria a la abogada y defensora Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, detenida en Maiquetía el 9 de febrero de 2024 y acusada de traición a la patria, conspiración y terrorismo, entre otros delitos. Pasó casi dos años presa, sin poder escoger un abogado de confianza y con una fractura de hombro sufrida en El Helicoide que no recibió la atención médica diligente ni adecuada.
El 2 de octubre llegó la absolución de Rory Branker, editor de La Patilla, a quien el Sebin detuvo en febrero de 2025 por publicar en X una imagen con las recompensas ofrecidas por Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro. Estuvo seis meses en desaparición forzada. “Quedó demostrado que siempre fui inocente“, comentó a Espacio Público. El portal que edita sigue bloqueado.
El 8 de octubre, el Tribunal Primero de Juicio con competencia en Terrorismo absolvió al periodista y defensor Carlos Julio Rojas, a quien hombres armados se llevaron el 15 de abril de 2024 para acusarlo de un supuesto magnicidio. Ese mismo día, frente al Palacio de Justicia, recordó que lo han detenido cinco veces en 11 años y que no puede haber transición a la democracia con periodistas presos ni portales bloqueados.
Una absolución restablece la inocencia, pero no borra la cárcel, la desaparición forzada ni las pérdidas del tiempo y de las familias. Exigimos reparación integral, disculpas públicas, la eliminación de cualquier antecedente y sanciones a los funcionarios responsables para que este patrón no se repita.
Siguen a la espera
El 19 de octubre, el Tribunal 23 de Juicio celebró la séptima audiencia de Jonathan Carrillo, estudiante de Comunicación Social y único trabajador de la prensa que sigue judicializado en el país. Estuvo más de tres años y siete meses detenido y, desde su excarcelación en febrero, se presenta cada 15 días ante el tribunal. En la audiencia, uno de los funcionarios del Sebin declaró por vía telemática, con una conexión interrumpida que dificultaba su comprensión; leyó una de las actas que había levantado. “Trabajar en la prensa no es terrorismo”, dijo Carrillo.
El 28 de octubre se celebró la audiencia número 40 de Ana Belén Tovar, exgerente de la empresa de monitoreo de medios Venmedios, y el juicio se difirió otra vez, ahora hasta el 11 de noviembre, porque no asistieron los testigos de la acusación. La Dgcim la detuvo en 2019 por presuntamente replicar textualmente un reporte periodístico que mencionaba al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Lleva seis años y cinco meses bajo régimen de presentación, cuando la ley solo permite dos años de medidas cautelares. Ya perdió dos empleos por tener que presentarse a tribunales periódicamente y asistir a las audiencias de juicio.
Cleive Solórzano, panadero de Antímano, cumple casi un año detenido en la sede del Cicpc de la avenida Urdaneta, en Caracas, acusado de “incitación al odio” por un video de TikTok que no grabó, en el que un familiar pedía al Gobierno información sobre el paradero de su hermano. Su esposa, Deysi Rodríguez, le lleva las tres comidas cada día, sostiene a sus tres hijos y labora en la panificadora donde él trabajaba. La detención de Cleive también implica un castigo para su familia, afectada de forma emocional y económica por su ausencia.
Intimidación, hostigamiento y amenazas
El 22 de octubre, el hijo del exdiputado Richard Blanco hostigó al reportero de Efecto Cocuyo Reynaldo Mozo durante una concentración opositora en Plaza Venezuela, en Caracas: lo acusó de ser un “infiltrado” y le exigió bajarse de la tarima, aunque Mozo mostró su credencial. Personal de seguridad de Vente Venezuela también le gritó, hasta que esposas y madres de presos políticos intervinieron. Blanco se disculpó después en X. Señalar a un periodista como infiltrado pone en riesgo su integridad y vulnera su derecho de buscar información libremente, como trabajador de un medio.
Ese mismo día, personal de la Asamblea Nacional intimidó a los equipos de Venevisión y Televen en el palco de prensa y les prohibió grabar, por “razones de seguridad y órdenes superiores”, la juramentación de los 12 representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, un evento de interés público. Los reporteros Andrés Díaz y Daniel Álvarez tuvieron que salir a los jardines para hacer sus pases.
El 28 de octubre, dos motorizados amenazaron al corresponsal de El Carabobeño Ricardo Tarazona en la comunidad El Picure, municipio Urachiche, estado Yaracuy, mientras grababa una denuncia vecinal por la falta de ambulancias. Uno de ellos, señalado por los habitantes como esposo de la alcaldesa y jefe de colectivos, calificó su trabajo de “político”, le dijo que tenía un arma y luego lo persiguió. Tarazona logró salir de la zona con ayuda de la comunidad.
El 29 de octubre, el periodista y activista Melanio Escobar, en el exilio desde 2017, denunció que un usuario simpatizante del oficialismo que lo acosaba en X desde hacía semanas buscó y publicó una foto de su esposa y su hija. Es el último episodio de un patrón de amenazas contra él y su familia que se repite desde hace años.
Internet: 40 sitios siguen bloqueados
Dos semanas después del desbloqueo anunciado el 17 de septiembre, las mediciones de OONI que analizamos al 2 de octubre mostraban 47 sitios desbloqueados, 40 bloqueados y 3 con anomalías moderadas. La selectividad es clara: siguen sin acceso portales de periodismo de investigación y de cobertura política como La Patilla, Infobae, VPItv, Armando.Info, EVTV, NTN24 y El Nacional, plataformas de remesas como AirTM y Yadio, y herramientas para evadir la censura, como las VPN. CANTV, Movistar y Digitel ejecutan los bloqueos por DNS, filtrado SNI e IP. Exigimos el desbloqueo total y la no repetición de una política que lleva más de 15 años.
TSJ, transparencia y presencia en la CIDH
En el especial La renovación del TSJ empieza por quienes eligen a sus miembros, explicamos la necesidad de transparencia en el proceso de selección del Comité de Postulaciones del TSJ. La comisión de 11 diputados que escoge a los 12 representantes de la sociedad tiene ocho miembros del PSUV, aunque el artículo 270 de la Constitución dice que el comité debe estar integrado por representantes de los distintos sectores de la sociedad, y los diputados no lo son.
La convocatoria exigía requisitos que eran limitativos y excluyentes, como entregar los documentos en físico, solo en Caracas y en seis días hábiles, sin pedir ninguna declaración de militancia ni de conflictos de interés, y sin criterios de evaluación públicos que fueran auditables. Los diputados trabajan para la ciudadanía que tendrá que confiar en esos jueces: en su momento desde Espacio Público exigimos publicar la lista de postulados con sus credenciales, el baremo y las puntuaciones, abrir un lapso real de objeciones y garantizar el acceso de la prensa a todas las sesiones. Lo ocurrido el 22 de octubre en el palco de prensa muestra que esa última exigencia sigue pendiente.
El 29 de octubre, en el 197 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cinco organizaciones venezolanas expusieron el impacto del control digital en el espacio cívico. Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, explicó que de más de 200 dominios bloqueados siguen restringidos 40, y que la revisión ilegal de teléfonos se mantiene como vía para detener por contenidos críticos, como en los casos de Carrillo, Solórzano y Manuel Sánchez, activista condenado a 10 años de prisión por criticar a unos policías en TikTok. También alertó sobre los sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial y el uso de drones en protestas, que operan sin control judicial. El Estado venezolano no asistió a la audiencia. Las organizaciones invitamos a la Comisión a hacer una visita in loco al país.