Durante el período número 197 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de cinco organizaciones de la sociedad civil venezolana expusieron este jueves 29 de octubre la situación sobre el impacto del control digital en el espacio cívico.
Marysabel Rodríguez, socióloga y coordinadora del programa Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, durante su participación, hizo hincapié en el tema de los bloqueos y la vigilancia digital. Destacó que el 17 de septiembre, el gobierno nacional anunció la “eliminación de restricciones contra dominios de medios de comunicación”.
“De los más de 200 dominios bloqueados, de los cuales 65 eran medios de comunicación en ese momento, a la fecha aún se mantienen 40 sitios con restricciones, la mayoría plataformas de redes privadas virtuales (o VPN), seguidos de al menos una decena de medios de comunicación, que siguen bloqueados en las principales operadoras del país”.
En esa cifra incluyó medios nacionales e internacionales con un importante alcance en la fuente política y “que han sido criminalizados regularmente por el gobierno, como Infobae, NTN24, El Nacional y Armando.Info”.
Se refirió a la revisión ilegal de teléfonos y señaló que es un patrón de violación a la privacidad y libertad de información “que registramos desde hace varios años, pero se incrementó de nuevo desde 2024. Se mantiene con episodios esporádicos ya que la estructura operativa y legal que lo permite sigue vigente”.
Relató que esta práctica funciona como una dinámica de amenaza, extorsión y supuesto acto de flagrancia para detener arbitrariamente por incitación al odio u otros delitos, al criminalizar contenidos considerados críticos al gobierno: fotos, memes, estados de WhatsApp, imágenes de galería o conversaciones de contenido político.
Citó el caso de Jonathan Carrillo, estudiante de comunicación social, quien estuvo detenido arbitrariamente durante tres años y siete meses, acusado de “usurpación de funciones, forjamiento de documentos y migración ilícita”. “Los funcionarios accedieron ilegalmente a su teléfono al momento de su detención, habrían manipulado contenidos y conversaciones para usarlos como supuestas pruebas. Sigue judicializado bajo régimen de presentación cada 15 días”.
Expuso igualmente que los contenidos privados también habrían sido usados en contra de Manuel Sánchez, un activista comunitario detenido en agosto de 2025, tras criticar a unos policías en TikTok. “Fue condenado a 10 años de prisión por supuesta ‘instigación al odio’. Sigue detenido en El Rodeo IV”.
La difusión de contenidos de interés público también se mantiene perseguida. Otro caso que expuso como claro ejemplo de estos patrones es el de Cleive Solórzano, panadero y padre de tres hijos, a quien se le atribuye la creación de un video que circuló en TikTok donde se demanda a las autoridades información sobre el paradero del hermano de Solórzano. “La jueza Katherine Espinoza calificó la denuncia como una ’ofensa al Estado’ y lo acusó de ‘incitación al odio’. Está detenido desde el 12 de noviembre de 2025”.
“Yorman Acevedo estuvo ocho meses preso por comentar información sobre la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Lo acusaron inicialmente de ‘instigación al odio’, aunque su boleta de excarcelación señala el delito de ‘tráfico ilícito de drogas’. Sigue bajo investigación y régimen de presentación en tribunales. Su caso podría representar el riesgo de una variación del patrón reciente: modificar los cargos por ‘delitos comunes’, sin pruebas en ningún caso, para mantener la persecución a la libre expresión”.
Rodríguez recalcó que la instigación al odio no es el único delito atribuido falsamente para criminalizar la libertad de expresión e información: Ana Belén Tovar, publicista y cabeza de hogar, está sometida a un proceso penal arbitrario desde 2019, cuando fue detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en un allanamiento ilegal de la empresa Entorno Inteligente.
“Estuvo cinco meses detenida. Se le acusa de ‘revelación indebida de data, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir’ por la republicación automatizada de una nota con información de interés público sobre el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López”.
Lleva seis años y cinco meses en un régimen de presentación mensual ante tribunales, cuando la legislación solo permite un máximo de dos años de duración para estas medidas cautelares sustitutivas. El caso está a cargo de la jueza Lorena Cornielles, del Tribunal Primero de Juicio Ordinario del Área Metropolitana de Caracas.
“La ley contra el odio ha sido ampliamente utilizada para perseguir las expresiones legítimas en entornos digitales, en especial desde 2024, pero no es la única regulación restrictiva vigente. La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, o los delitos de desacato, vilipendio o ultraje a funcionario contemplados en el Código Penal han sido usados históricamente para sancionar la crítica legítima dentro y fuera de línea”.
Sistemas de vigilancia
Respecto a los esquemas de vigilancia y seguimiento hacia sectores considerados de oposición política, destacó dos de siete mecanismos identificados en un informe de las organizaciones Ve Sin Filtro y el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council.
Por un lado, los sistemas de videovigilancia integrados con redes de circuito cerrado de televisión (CCTV), desplegados masivamente en la vía pública. “Son gestionados por entidades en el ámbito del poder ejecutivo, como el Ministerio de Interior y Justicia, así como alcaldías y gobernaciones. Han servido para identificar y localizar a personas consideradas disidentes y facilitar detenciones arbitrarias. Los sistemas cuentan con capacidades avanzadas de reconocimiento facial y detección de matrículas, y operan sin protección de la privacidad, supervisión judicial ni mecanismos de consentimiento ciudadano”.
Por otra parte, está el uso de drones por parte de las fuerzas de seguridad. “Se trata de drones comerciales que operan sin marcos legales que regulen su despliegue o supervisión. Se han observado vuelos nocturnos en zonas de protesta y residenciales en las que viven figuras de la oposición. Cumplen un doble propósito según el informe: recopilar información sobre patrones de movimiento y crear un efecto intimidatorio para evitar que se tengan reuniones con fines políticos”.
Estos hallazgos se hicieron públicos en marzo de 2026. A la fecha no existe evidencia del cese de dichas prácticas o el desmontaje de este aparataje institutional. Por el contrario, hace unos días se observó nuevamente el despliegue de drones en protestas políticas de calle, dijo.
Presentaron casos y cifras y el Estado ausente
En el podio de la sociedad civil estuvieron Marianna Romero, abogada defensora de derechos humanos y directora del Centro para los Defensores y la Justicia; Carlos Lusverti, abogado y director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional – Venezuela; y Marco Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Hablaron también sobre las protestas por servicios públicos y gremiales y sobre la afectación de los controles digitales incluso a la niñez.
Los defensores hablaron por espacio de una hora entre intervenciones y preguntas por parte de los funcionarios de la comisión. El ausente en las audiencias fue la representación del Estado venezolano, lo que puede entenderse como una falta de cooperación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Rodríguez alertó, de acuerdo con un informe de transparencia de 2021, que las tecnologías que estarían involucradas en las lógicas o en los sistemas de vigilancia son básicamente chinas, es decir, ese es el principal proveedor comercial de este tipo de tecnología; al menos desde hace una década no hay registros que asomen lo contrario. Le sigue Bielorrusia, donde incluso ha habido esquemas de colaboración entre ministerios del interior y distintas instancias de gobierno en lo que tiene que ver con intercambio de conocimientos y aporte de tecnología para estos sistemas de vigilancia; e incluso en el 2019 hubo un anuncio público de compra de tecnología israelí.
Sobre las interrogantes acerca de las detenciones, señaló: “Entre 2017 y 2026, registramos que de 120 casos, al menos unas 90 detenciones arbitrarias están asociadas a instigación al odio y presuntos delitos de odio. Aquí es importante tener en cuenta que el delito de instigación ha sido utilizado tanto hacia personas que han ejercido o tenido expresiones puntuales, críticas o alternativas a la opinión gubernamental, como también a personas que no han tenido una expresión concreta; algunas ni siquiera tienen redes sociales. Fue utilizado como un delito genérico en el contexto de las detenciones postelectorales de 2024”.
En la audiencia también tuvo participación María Eloísa Quintero, experta de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, quien ratificó las investigaciones de esta delegación sobre la represión en Venezuela y afirmó que los crímenes de lesa humanidad incluyen las prácticas restrictivas en el ámbito digital.
Al cierre de las intervenciones, los defensores invitaron a los comisionados a hacer una visita in loco a Venezuela y verificar de primera mano la situación de los derechos humanos, recolectar testimonios, entrevistarse con víctimas y con organizaciones de la sociedad civil.
Las audiencias se desarrollan desde el 26 de octubre y culminan el 30 de octubre de 2026. Defensores y comisionados de la región se dan cita en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). En total son 29 audiencias en las que se recibirá información sobre los desafíos que enfrenta la región en temas de derechos humanos.
De acuerdo con un comunicado divulgado por la CIDH, durante estas jornadas se examinarán asuntos relacionados con el acceso a la justicia, la democracia, las condiciones de grupos que históricamente han sido excluidos y las libertades fundamentales.
Puede ver la audiencia completa aquí:
