Este lunes 19 de octubre se llevó a cabo en el Tribunal 23 de Juicio la séptima audiencia al estudiante de Comunicación Social, Jonathan Carrillo, último periodista judicializado, quien estuvo detenido arbitrariamente durante tres años, siete meses y seis días. Lo excarcelaron el 26 de febrero de este año y, desde entonces, cumple con un régimen de presentación cada 15 días ante el organismo judicial.
Carrillo entró a la audiencia a las 3:15 p.m, un proceso que duró dos horas y 15 minutos, en donde estuvieron presentes en calidad de testigos y vía telemática dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de al menos 18 que están en el expediente. Solo habló uno de los citados, se refirió a un acta cuando él mismo hizo cuatro (las tres restantes las evacuará en la próxima audiencia); el otro evacuó todas las actas que levantó, según información que ofreció el equipo legal de Espacio Público que asiste el caso de Carrillo.
Desorden con las piezas del expediente de Carrillo
La defensa de Carrillo resaltó que estos funcionarios estaban en Guasdualito, en el estado Apure al sur del país, y la señal de conexión era pésima, hecho que dificultó que se escucharan con claridad durante la audiencia.
Por otra parte, la fiscalía dio las actas por evacuadas y no prescindió de ellas, porque las consideró como un elemento que, posteriormente, sean “parte de los alegatos de cierre”, agregó el equipo de abogados.
Entretanto, Jonathan Carrillo secundó lo expresado por su equipo de defensa e indicó “hay actas que no aparecían” y que “no toman con seriedad el proceso de la audiencia ni mucho menos respeto a las personas presentes”.
“Se mencionó cómo fue mi aprehensión. Existió mucha interferencia con la señal. Además, evidenciamos que el funcionario que estaba vía telemática estaba leyendo el acta y eso no es legal. También el secretario del tribunal le envió a ese funcionario las actas procesales vía WhatsApp”, dijo.
En ese sentido, Carrillo resaltó que continúan las irregularidades sobre su caso y que además altera su cotidianidad, su vida laboral y familiar. “Hay un desorden total y hasta el momento no se ha comprobado ninguno de los cinco delitos en mi contra”: usurpación de funciones, forjamiento de documentos, migración ilícita, asociación para delinquier y falsificación de firmas.
“Soy inocente de los cinco cargos que me imputan”
Más temprano, en horas de la mañana, Carrillo ofreció una rueda de prensa en la que detalló a los medios de comunicación cómo ocurrió su detención y todo lo que vivió durante casi cuatro años de encierro arbitrario: tres años en el Helicoide y siete meses en los centros penitenciarios Yare II y Yare III bajo un expediente lleno de vicios.
“Cada 15 días tengo que venir al tribunal. Soy inocente de los cinco cargos que se me imputan”, aseguró y aprovechó la ocasión para exigir su libertad plena y la derogación de la Ley Contra el Odio. “Trabajar en la prensa no es terrorismo”.
Carlos Correa, director Ejecutivo de Espacio Público, expresó que Carrillo es el único trabajador de la prensa judicializado en el país, pero destacó que hay algunos otros casos de periodistas con procesos que están fuera de Venezuela. “Hay que avanzar en esos casos, que también se cierren y que de alguna manera se dé el sobreseimiento”.
La octava audiencia quedó fijada para el día lunes 2 de noviembre de 2026.
Exigimos libertad plena para Jonathan Carrillo, que se cierre su expediente y recobre la tranquilidad y la paz que le arrebataron hace más de cuatro años tanto a él como a su familia. Su caso resultó en una detención y un régimen de presentación injustos para un ciudadano que solo desea trabajar y terminar sus estudios.