La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó este 20 de septiembre que los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se están intensificando, coartando las libertades y extendiendo el control y la represión hacia actores de la sociedad civil y líderes políticos.
En su último informe presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión asegura que la política de persecución a las personas opositoras o percibidas como tales “ha continuado aplicándose de manera más selectiva, concentrándose en individuos que sirven como ejemplos para disuadir a otros de expresar opiniones disidentes”.
La FFM expuso sobre las muertes, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, los actos de tortura y la violencia sexual y de género, hechos que describe como las principales violaciones de DD. HH. que utiliza el Estado venezolano para reprimir a la población. Además, la Misión detalló otros mecanismos de represión que se aplican para medios de comunicación, periodistas, personas defensoras de DD. HH., sindicatos, líderes políticos y otros actores de la sociedad civil.
“Estos mecanismos de represión conllevan graves violaciones de las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y del derecho a participar en los asuntos públicos. Estas violaciones tienen impactos importantes en la sociedad en general, particularmente en términos del acceso a la información, la protección de los derechos humanos y el pluralismo”, señala el informe.
Entre los otros mecanismos de represión que identificó la FFM se encuentran ataques, amenazas, actos de vigilancia y hostigamiento, difamación y declaraciones de descrédito, criminalización, censura y restricciones arbitrarias a los medios de comunicación, y restricciones al funcionamiento de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, como ONG defensoras de DD. HH., sindicatos y medios de comunicación.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”.
Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión, durante la presentación ante el Consejo de DD. HH. de la ONU.
La Misión considera que las actividades que realizan personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas y políticas “han sido sistemáticamente reprimidas” mediante intervenciones directas o acciones de intimidación y vigilancia.
El acoso como política oficial
La Misión documentó casos de amenazas o agresiones físicas por parte de grupos armados afines al gobierno (colectivos) contra miembros de la oposición y periodistas, así como casos en los que funcionarios del Estado impidieron a los periodistas cubrir asuntos de interés público mediante acoso y amenazas mientras cubrían o divulgaban información contraria a los intereses del gobierno.
Por otra parte, reitera que el trabajo de las ONG y personas defensoras de los derechos humanos sigue viéndose obstaculizado por amenazas e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios públicos. Destacan el caso de Nancy Herrera, líder indígena del estado Amazonas que fue obligada a disculparse públicamente ante un funcionario del Ejército por denunciar su presunta implicación en la minería ilegal.
La Misión alertó que existen “motivos razonables para creer que existe una campaña gubernamental” que busca socavar la reputación de personas opositoras o percibidas como tales mediante mensajes difamatorios y estigmatizadores, emitidos principalmente por altos funcionarios del Estado y difundidos ampliamente por sitios web y medios afines al gobierno.
“Los individuos, medios de comunicación y organizaciones que publican información que critica al Gobierno o sus políticas son los blancos más comunes de declaraciones difamatorias y de descrédito por parte de funcionarios del Estado. Las organizaciones que reciben fondos de determinados donantes extranjeros también son a menudo objeto de ataques y calificadas como ‘traidoras’”, señala el informe.
El Estado criminaliza la disidencia
La FFM también identificó patrones específicos en los que se acusa arbitrariamente a personas opositoras o críticas con el gobierno, periodistas, sindicalistas, defensoras de derechos humanos y activistas por llevar a cabo actividades legítimas. Con frecuencia, se les acusa de “terrorismo” por ejercer su derecho a la libertad de asociación y reunión y se les somete a juicios prolongados con violaciones al debido proceso.
La inconstitucional ley contra el odio y otros instrumentos que prohíben la difamación y la calumnia “se ha utilizado para criminalizar el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas”, como con el caso del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona. También se documentaron casos de defensores y funcionarios públicos que fueron acusados por “asociación para delinquir” y “revelación de información confidencial”.
La Misión de Determinación de Hechos destacó el caso de los sindicalistas Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, detenidos en julio de 2022 y que, luego de su detención, fueron acusados de los delitos de “terrorismo”, “asociación para delinquir”, “sabotaje” y “conspiración”.
Basándose en supuestos informes de contrainteligencia, sustentados en la declaración de un testigo que nunca compareció en el juicio, en agosto de este año un tribunal condenó a los seis sindicalistas a 16 años de cárcel y “una jueza con competencia en materia de terrorismo les ofreció una condena menor si se declaraban culpables de los delitos más graves imputados”, según reveló una fuente a la Misión.
Censura en ascenso
El informe de la FFM también hace mención a la censura y las restricciones arbitrarias a los medios de comunicación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Señala que la Conatel emite órdenes a estaciones de radio y televisión para prohibir el uso de determinados temas o palabras en sus programas o hacer entrevistas con determinadas personas.
“Ha prohibido los debates públicos sobre presunta corrupción o violaciones atribuidas a funcionarios del Estado o a sus familiares; las referencias a tribunales internacionales y a los mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Corte Penal Internacional o la propia misión (a menos que sea para desacreditar a estas instituciones), así como la cobertura de protestas sociales o manifestaciones contra el Gobierno”, señala la Misión.
A pesar de los actos de autocensura que aplican periodistas y locutores para evitar represalias por emitir mensajes que puedan ser calificados de “incitación al odio” o “intolerancia por motivos políticos”, entre 2003 y 2022 la Conatel cerró más de 300 emisoras en todo el país, siendo el último año el de mayores cierres en las últimas dos décadas.
“En muchos casos, los cierres se produjeron a btravés de una llamada telefónica informal o sin presentar la documentación requerida, dejando a las emisoras sin recursos legales para apelar estas decisiones (…) Las autoridades alegaron que las emisoras no disponían de los permisos necesarios para operar (…) Muchas funcionaron durante años sin permisos y sólo fueron sancionadas después de que emitieran información percibida como crítica al Gobierno”
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela advierte que internet es uno de los pocos espacios del país donde se puede compartir información libremente de fuentes independientes, por la desaparición de la prensa escrita y la censura y cierre de emisoras de radio y televisión, pero solo una pequeña parte de la población tiene acceso al servicio y la Conatel exige a los proveedores de internet que bloquee el acceso a las páginas que publican información crítica con el gobierno.
