A dos años de la detención arbitraria de Luis Carlos Díaz el sistema judicial permanece en deuda, mientras el activista y defensor de derechos humanos tiene que hacer silencio sobre su caso por medidas cautelares impuestas para restringir sus libertades sin ninguna razón legítima.
Díaz fue detenido de manera arbitraria por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se trasladaba en bicicleta desde la emisora Unión Radio hasta su vivienda, cerca de las 5:30 de la tarde. Los vehículos del ente lo siguieron e interceptaron y solo horas después se conoció su desaparición, cuando su esposa anunció desde Twitter que no sabía dónde estaba Luis Carlos.
Días antes Diosdado Cabello lo había acusado como el supuesto promotor del apagón nacional que inició el 07 de marzo de 2019, desde su programa Con el Mazo Dando. Para concretar esta persecución y señalamientos falsos utilizó un video manipulado donde Díaz explicaba cómo podríamos comunicarnos en caso de blackout informativo.
Funcionarios del Sebin negaron en diversas oportunidades que Díaz estuviese detenido en sus instalaciones. Sin embargo, 9 horas después de su desaparición, se presentaron en su vivienda para realizar un allanamiento en el que incautaron diversos equipos de computación y cargaron con dinero en efectivo que había en la vivienda. Entre los equipos estaban los respaldos médicos de Naky Soto, esposa de Luis Carlos, dispositivos que aún no han sido devueltos y afectaron la atención médica de Soto.
Mientras estuvo desaparecido, Díaz fue víctima de tratos crueles e inhumanos, lo trasladaron encapuchado a un lugar desconocido, lo golpearon con cascos y con otros objetos, lo interrogaron sin presencia de abogados, y amenazaron con colocar un cadáver en su hogar para acusarle a él y a su esposa de homicidio culposo en caso de que los comunicadores denunciaran la situación de arresto1.
Al día siguiente el periodista fue trasladado a los Tribunales de Control caraqueños por funcionarios del Sebin cerca de las 6:40 pm, y después de más de dos horas de audiencia pública le imputaron el delito de “instigación pública” del artículo 285 del Código Penal. Además, le dictaron 3 medidas cautelares: prohibición de salida del país, prohibición de declarar a medios sobre su caso, y régimen de presentación cada ocho días.
La justicia demorada es justicia negada
Actualmente, la Fiscalía está en deuda con el sistema de justicia. Nunca presentó pruebas en contra de Luis Carlos Díaz; sin embargo, después de vencido el plazo legal del proceso de investigación, el Tribunal le otorgó a los fiscales un año más para recopilar información sobre el caso y entregar su acto conclusivo, a más tardar el 9 de diciembre de 2020.
Tres meses después de vencido el plazo, la Fiscalía aún no ha presentado el acto conclusivo de la investigación ante el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. No obstante, se desconoce la fecha exacta en que la Fiscalía debe entregar este documento, pues el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido diversas resoluciones a propósito de la cuarentena por COVID-19 que ajustaron los lapsos de trabajo efectivo del sistema judicial.
La defensa de Díaz. Ejercida por Espacio Público, solicitó un pronunciamiento por parte del Tribunal el 09 de diciembre de 2020 y el 12 de febrero de 2021, pero aún no hay respuesta.
Sin sentencia y con mordaza
Las restricciones impuestas a Luis Carlos Díaz a través de medidas cautelares siguen afectando el desempeño del periodista de forma arbitraria e injusta. Desde el año 2019 no ha podido salir del país, lo que le ha impedido cumplir con compromisos familiares, laborales, y como defensor de los derechos humanos. Por otra parte, la prohibición de hablar sobre su caso es una práctica restrictiva que impone el silencio y la opacidad sobre lo ocurrido.
Al menos desde el año 2009 en Venezuela se prohíbe declarar a los medios a través de medidas cautelares. Es así como la Jueza María Lourdes de Afiuni, Antonio Ledezma y Leopoldo López, entre muchos otros, no podían informar sirviéndose de la prensa durante su arresto domiciliario, víctimas del sistema judicial venezolano que llenó de vicios el proceso en cada uno de los casos. La restricción de declarar a los medios silencia la posibilidad de que Luis Carlos Díaz exponga libremente todo lo vivido durante su detención y desaparición forzada.
La libre circulación de ideas es parte del derecho humano a la libertad de expresión, necesaria para la democracia. La ciudadanía tiene derecho a recibir opiniones e información que se contrapongan a la propaganda y hegemonía comunicacional que pretende imponer el Gobierno, que persigue a diario la expresión crítica y libre a través de funcionarios e instituciones del Estado.
Los jueces venezolanos son en su mayoría provisionales, lo que les resta independencia para decidir sobre las causas que conocen. Por ley pueden dictar medidas cautelares bajo ciertas condiciones, pero es imperativo que exista una prueba que respalde la medida, de forma tal que la aplicación no sea arbitraria. Aunque la Fiscalía no ha presentado ninguna prueba contra Díaz, sigue censurado: no puede hablar sobre su caso.
Entre las consecuencias que originan estas restricciones está el silencio sobre las condiciones de reclusión, las arbitrariedades dentro de las cárceles y las múltiples violaciones a los derechos humanos de las cuales son víctimas quienes se encuentran privados de libertad.
Las medidas cautelares que prohíben la declaración a los medios o el uso de redes sociales privan a la sociedad de conocer estas realidades y cualquier otra opinión que quieran difundir estas personas. Se viola el derecho de emitir, recibir y acceder a información establecidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afectando al individuo y a la colectividad.
El proceso judicial llevado contra Díaz se configura como un mecanismo de castigo adelantado, ya que el proceso penal al que está sometido y las medidas sustitutivas a la libertad, limitan seriamente el ejercicio de su actividad como periodista y defensor de derechos humanos, no ha podido viajar a los eventos internacionales a los cuáles ha sido invitado, no le han sido devueltos los equipos confiscados ni el dinero robado, y tanto Díaz como sus abogados viven la censura previa sobre el caso y temas relacionados al mismo.
Rechazamos que el Estado venezolano siga utilizando el derecho penal para perseguir la expresión y exigimos que los funcionarios a cargo del caso declaren la inocencia de Díaz, reiteramos que no cometió delito alguno, la Fiscalía no tiene pruebas en su contra, por lo que el Tribunal también debe revertir las medidas cautelares. Además exigimos que se investigue a las y los responsables de la violación de derechos a Díaz, que haya un proceso de reparación según lo establecido en estándares internacionales, y con garantía de no repetición.
Referencias
