Junio: hostigamiento e intimidación

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El mes de junio cerró con 12 casos y 21 violaciones a la libertad de expresión, en las que los victimarios más comunes fueron, nuevamente, funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado. La intimidación fue la violación a la libertad de expresión más común al haber un total de 10 (48 % de las 21 violaciones), seguida por la censura (4), el hostigamiento judicial (4) y el hostigamiento verbal (3).

En junio hubo 17 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, con 8 particulares, 4 periodistas o reporteros, 3 medios de comunicación y 2 casos que afectaron a la ciudadanía en general. De los 14 victimarios en el mes estuvieron involucrados 5 cuerpos de seguridad, 4 funcionarios y 4 instituciones del Estado y un atacante informático.

El mes inició con la denuncia de la exgobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, de que el actual gobernador oficialista Freddy Bernal la demandara por presunto daño moral. En mayo de 2021, Gómez aseguró que Bernal estaba implicado en la promoción de contrabando de café en la región tachirense a través de las trochas. 

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron el 4 de junio al ciudadano Yohn Alejandro Noguera en su residencia en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, luego de que en la madrugada de ese día cuestionara a ese cuerpo de seguridad y a la alcaldía del municipio por un operativo que realizaban. El joven de 27 años fue imputado por instigación al odio, delito contemplado en la ilegal normativa utilizada para perseguir expresiones críticas al poder. 

El 8 de junio el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, hostigó al diario 2001 en su programa en el canal del Estado y lo acusó de “buscar desestabilización política” con sus notas y reportajes, luego de que se publicara en la versión impresa del medio una noticia sobre la falta de aplicación de terceras dosis anticovid en el país.

El 9 de junio al menos tres periodistas fueron intimidados por el presunto personal de seguridad del Hospital Central de San Cristóbal luego de atender denuncias de familiares de pacientes de ese recinto. Los miembros del hospital les reclamaron que no podían estar en las instalaciones, esto, a pesar de ser un espacio público y de interés para la ciudadanía conocer lo que allí sucede.

Dos días después,  funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en Guanare, estado Portuguesa, a la abogada y activista política Maria Oropeza por grabar a efectivos vestidos de civiles que participaban en una presunta riña. 

Las críticas a la gestión pública volvieron a ser amedrentadas y silenciadas a mediados de junio, cuando efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron al ciudadano Luis Colina en el estado Apure, por publicar un video en la red social TikTok en el que criticaba a funcionarios por revisar a una mujer que iba por la calle con un coche de bebé. 

El 16 de junio el periodista de Armando.Info, Roberto Deniz, fue hostigado nuevamente por personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro, en este caso por el conductor oficialista de televisión Pedro Carvajalino, quien lo vinculó sin prueba alguna con presuntos actos de tortura contra Alex Saab.

Mientras que el 23 de junio se hizo público un informe de la empresa multinacional Telefónica en el que admite que su filial Movistar Venezuela intervino más de 20 % de las líneas telefónicas y de internet de sus clientes en el país y recibió 30 solicitudes gubernamentales de bloqueo de páginas web.

Espacio Público también documentó 6 casos vinculados con libertad de expresión y acceso a la información en línea en el último mes. Destaca que el 21 de junio el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro reportó caída masiva de la red de Cantv durante 21 horas, que llevó la conectividad de la estatal a 67 % de sus valores normales.

Mientras que el 29 de junio se registró una falla de conectividad en el occidente del país durante alrededor de tres horas que afectó, principalmente, a los estados Táchira y Mérida, llevando sus valores a 20 % de la conectividad normal.

Las violaciones a la libertad de expresión comprometen la búsqueda de información y temas de interés público por parte de la ciudadanía y obliga a las personas a superar barreras estatales para ejercer su derecho a estar informadas. 

En junio se evidenció que la persecución es política estatal, el atropello a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general por disentir o cuestionar el accionar de funcionarios públicos continúa.

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