El dirigente sindical y trabajador humanitario, Gabriel Blanco, fue detenido durante la madrugada de este 7 de julio por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en su residencia en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, parroquia Coche de Caracas.
Gabriel Blanco es trabajador humanitario de la ONG Exodo, colaborador de Provea y dirigente de la Alianza Sindical Independiente, una de las principales centrales de trabajadores del país. Además, es esposo de Diannet Blanco, colaboradora de Provea y otras organizaciones y presa política entre 2017 y 2018.
Alrededor de las 7:30 p. m. del miércoles 6 de julio, funcionarios de la Dirección se Contrainteligencia Militar (Dgcim) interceptaron a Blanco afuera de su vivienda y lo instaron a acompañarlos a la sede del organismo para una “entrevista”, según reseñó Provea.1
Sin embargo, los funcionarios no mostraron ningún documento u orden judicial que lo vincularan con alguna investigación penal en curso, por lo que el trabajador humanitario se negó a acompañarlos y vecinos de la urbanización salieron a resguardarlo de los funcionarios, aunque estos retuvieron su cédula de identidad y teléfono celular.2
Tanto Blanco como el equipo legal de Provea que se trasladó al lugar denunciaron públicamente la inexistencia de una orden de aprehensión y exigieron la presencia de fiscales del Ministerio Público para garantizar la integridad de Blanco y el respeto al debido proceso.2
Los funcionarios alegaron que la orden “iba en camino” y se mantuvieron allí hasta la medianoche, tiempo en el que “casi 50 agentes de la Dgcim y la PNB rodearon las adyacencias de la urbanización Carlos Delgado Chalbaud”, según informó Provea.2
Casi a la 1:00 a. m., funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la PNB presentaron en la residencia de Gabriel Blanco una orden de aprehensión firmada por el juez José Márquez García, del Juzgado Cuarto con competencia en terrorismo de Caracas, y fue trasladado a la sede de la PNB en el sector La Quebradita, al oeste de Caracas.2
Al trabajador humanitario se le imputaron los delitos de terrorismo y asociación para delinquir, previstos en la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y utilizados frecuentemente por el Estado y sus autoridades para criminalizar el trabajo de organizaciones de derechos humanos, activistas y dirigentes de oposición.2
Además, la detención de Gabriel Blanco se suma a la larga lista de personas detenidas bajo un mismo patrón, en el que las victimas de enfrentan a procesos penales llenos de irregularidades que empiezan con ausencia de órdenes judiciales y prohibición de comunicaciones o visitas de familiares y defensores.
