Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron este sábado 11 de junio a la abogada y activista política, María Oropeza, por grabar un video de funcionarios en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa.
Oropeza observó algunos efectivos vestidos de civiles y a otras personas en una riña. Ante esto, decidió sacar su teléfono y grabar un video. “Honestamente no pensaba ponerlo en las redes como tal, simplemente por inercia pensé que eso estaba mal y grabé el video. Error. Grabar en este país, para ellos, es un delito”, expresó a Espacio Público.1
Posteriormente, uno de los hombres se le acercó de manera agresiva y le pidió el teléfono, a lo que ella se negó y siguió caminando hacia su destino. Sin embargo, la siguieron dos hombres y una mujer, le quitaron el teléfono a la fuerza y la metieron a la patrulla policial en una detención ilegal.
Una vez en la sede del Cicpc, la llevaron a un cuarto donde le pidieron la clave del celular. La amenazaron con dejarla detenida si encontraban foto o video del hecho. Nuevamente Oropeza se negó a dar la contraseña de su equipo. “Soy abogada, estaba en una calle pública y yo puedo grabar porque eso no es un delito”2, le dijo. La revisión de equipos personales solo es legal con una orden judicial, a pesar de que funcionarios en repetidas ocasiones utilizan la fuerza y amenazas para ver el contenido de teléfonos durante detenciones arbitrarias.
Durante la detención arbitraria le impidieron la comunicación con familiares y/o abogados, práctica ilegal, contraria al debido proceso. Después de tenerla detenida, una comisario conversó con ella y le indicó que los funcionarios que grabó estaban en un operativo. Posteriormente le revisaron el teléfono e hicieron que borrara el video antes de liberarla.
“Tres personas me pidieron disculpas en nombre de todos sus compañeros porque se dieron cuenta que ellos hicieron mal. Les dije que grabar no estaba mal y que eso no es un delito”2, reiteró.
