Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron en su residencia en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, al ciudadano Yohn Alejandro Noguera el 4 de junio, luego de que en la madrugada de ese día cuestionara en sus estados de WhatsApp al cuerpo de seguridad y a la alcaldía del municipio.
A la medianoche del 4 de junio, Noguera criticó a funcionarios de la GNB pues presuntamente estaban cerrando locales y negocios de la zona. En la minuta de la detención la GNB acusó a Noguera, de 27 años, de subir “vilipendias (sic) y maldiciones contra los organismos de seguridad e instituciones del Estado”.
Un familiar de la víctima declaró a Espacio Público que Noguera tuvo su audiencia de presentación el lunes 6 de junio; fue imputado por instigación al odio y está recluido en el comando de la GNB de Anaco, estado Anzoátegui, a alrededor de 50 kilómetros de su domicilio.1 Las publicaciones que divulgó en sus estados de WhatsApp son legítimas y están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, contemplado en el artículo 57 de la Constitución Nacional y en acuerdos y tratados internacionales suscritos por Venezuela.
De acuerdo con lo informado por el familiar, funcionarios judiciales les amenazaron diciendo que no hicieran público el caso porque “iba a ser peor” y no lo ayudaría. Se desconoce la forma exacta cómo la GNB conoció las críticas de Noguera, aunque se supo que sus publicaciones tenían bastante alcance en la zona.1
“El ya venía haciendo varias denuncias sobre que en tal sector se había ido la electricidad o que pasó tal cosa. Él en su momento fue activista político de Voluntad Popular”, contó el familiar.1
Señaló que la alcaldesa del municipio Aragua, la oficialista Cruz Torrealba, dice que la detención fue ordenada directamente por la GNB, mientras que los funcionarios de ese órgano acusan que fueron órdenes de Martínez.1
El familiar de Noguera señaló que el joven de 27 de años dejó de ser activista del partido opositor Voluntad Popular porque apoyó a Martínez en su campaña y, luego de ser electa en los comicios de noviembre pasado, se distanció de ella.1
“Comenzó a hacer denuncias en sus estados, las fallas de servicios y otras cosas que están mal. Ya lo tenían bajo supervisión por publicaciones anteriores y se basaron en esa publicación para imputarlo por instigación al odio. Ya les estaba haciendo ruido”, dijo.1
En este caso el hostigamiento judicial persigue la crítica legítima y pública, es un mecanismo que causa inhibición en otras personas por miedo a represalias, lo que afecta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reduce la posibilidad de debate social sobre temas de interés, así como la exigencia de cambios en las políticas gubernamentales.
En 2021, de acuerdo con el informe de la situación general del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, Espacio Público documentó 244 casos de violaciones de esos derechos y 296 víctimas. Del total de víctimas, 31 eran de la ciudadanía en general, mientras que los cuerpos de seguridad fueron victimarios en al menos 85 casos.
