En las audiencias públicas regionales sobre libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impulsadas por la Relatoría Especial (RELE), el director de Espacio Público (EP), Carlos Correa, hizo un balance general de las violaciones a la libertad de expresión, y destacó que el periodismo crítico se presenta (en Venezuela) como enemigo, desestabilizador, “lo que alimenta un clima de hostilidad y legitima nuevas agresiones”.
Correa, junto a Francis Betancourt, coordinadora del programa de Promoción, Defensa y Acción Pública de Espacio Público, y a Marysabel Rodríguez, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), participó en la audiencia número 8, en representación de la sociedad civil.
Durante su intervención denunció que continúa el hostigamiento y patrones de censura y restrictivos al trabajo de la prensa independiente, por lo que el equipo de EP y el Centro de DDHH de la UCAB solicitaron a la Comisión:
- Mantener un seguimiento técnico y permanente del proceso de excarcelaciones y de implementación de la Ley de Amnistía (LA), a fin de verificar la veracidad de las cifras presentadas por el Estado.
- Elaborar un informe especial sobre los cambios anunciados por los funcionarios, y que evalúe si las medidas adoptadas por el Estado venezolano, este año 2026, se ajustan a los estándares interamericanos de derechos humanos.
- Una visita de observación al país, que permita a la Comisión contar con información directa para su diagnóstico, y para acompañar la construcción de políticas compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.
Intervenciones de contexto
Carlos Correa relató casos puntuales como el ocurrido el pasado 5 de enero, el día de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, cuando al menos 14 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos mientras cumplían su labor informativa, muchos de ellos dentro o en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas.
Estas detenciones, dijo, aunque en su mayoría fueron de corta duración, se acompañaron de revisiones de equipos, exigencias de claves de teléfonos y acceso a comunicaciones privadas, lo que afectó directamente a la protección de las fuentes y el ejercicio independiente del periodismo.
Paralelamente, señaló, persisten las descalificaciones públicas a medios y periodistas desde distintas vocerías oficiales. “El periodismo crítico se presenta como enemigo, desestabilizador, lo que alimenta un clima de hostilidad y legitima nuevas agresiones”. A esto se suman las llamadas y presiones a medios audiovisuales para condicionar la cobertura de temas políticos, limitar transmisiones en vivo o forzar silencios editoriales”.
En el ámbito de la radiodifusión, destacó que se mantienen los cierres de emisoras. “El año pasado se cerraron siete, este año cuatro, procesos basados formalmente en razones administrativas, pero utilizados en la práctica como mecanismo de censura indirecta que reduce aún más el pluralismo informativo”.
Al mismo tiempo, el director de Espacio Público señaló alguno signos de distensión o apertura. “Este mes, diversos medios tuvieron acceso, después de mucho tiempo, al Palacio de Miraflores, también a la Asamblea Nacional. Igualmente, el presidente de la Asamblea Nacional ha concedido algunas entrevistas a periodistas independientes. De alguna manera esto es un signo de este periodo. También se produjo la excarcelación de periodistas y otros ciudadanos que enfrentaban procesos de detenciones vinculadas con el ejercicio de su derecho a expresarse, en el medio informativo u opiniones difundidas en redes sociales”.
Pero aclaró que no todas las excarcelaciones han sido de libertad plena, algunos todavía mantienen el régimen de presentación. Sin embargo, todas estas excarcelaciones no modifican el hecho central: fueron arbitrarias, nunca debieron ocurrir y no existen garantías claras de no repetición. “Cualquier gesto de distensión seguirá siendo precario y reversible”.
Se refirió al asesinato del periodista cuyo cuerpo fue hallado el 3 de marzo de 2026 en una fosa común, en Mérida. “Una comisión del CICPC practicó una exhumación del cuerpo, al parecer hizo un diagnóstico forense, en medio de una exigencia para que se esclarezcan las circunstancias del crimen, se identifiquen a los responsables y no haya impunidad”.
En el entorno digital, mencionó que, al menos, 62 sitios de noticias, además de portales de organizaciones de derechos humanos y otras páginas de interés público, se mantienen bloqueados, con distintos mecanismos, y eso lo hacen tanto la principal empresa estatal, Cantv.
Citó que el 5 de marzo se designó un nuevo director para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Enrique José Quintana Cifontes, y se estableció la adscripción de este ente al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINCI.
“Ante ese cambio, diversas organizaciones estamos solicitando que se aproveche esta transición institucional para desbloquear los sitios web. De alguna manera las personas tendrían acceso a estos sitios, a las plataformas, a los servicios de información que hoy permanecen censurados y también servirían para desmontar la infraestructura del bloqueo”.
Ley de Amnistía y movilización de familiares
Por su parte, Francis Betancourt resaltó que el anunció y aprobación de la Ley de Amnistía, en febrero pasado, y la creación de la Comisión para la Paz y Convivencia Democrática, produjo una movilización intensa de familiares, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que, partiendo de la información que dio el Estado, quería obtener un acercamiento para conocer los estatus de las excarcelaciones.
“Una vez que los familiares se dan cuenta que no hay listas oficiales de parte del Estado, proceden a investigar caso por caso y armar las documentaciones. Esto nos permitió observar que, en efecto, hay posibilidad de documentar pero quedó en evidencia la falta de transparencia y, también, la inexistencia de la información pública del alcance real de las medidas”.
Relató que la ley permite a las personas que están fuera de Venezuela poder presentar la solicitud de amnistía ante los tribunales a través de abogados de confianza, “pero a pesar de esta situación, observamos que hay ciertas limitaciones que contrastan con la intención de reconciliación nacional. Hay víctimas que actualmente carecen de garantías judiciales, como el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia”.
Destacó el caso de Manuel Sánchez, líder comunitario en Venezuela con más de 20 años de trayectoria, quien estaba apoyando a una persona víctima de un desalojo forzado en su casa. “Manuel hizo una transmisión en vivo a través de TikTok y mostró la acción de la policía. Uno de los funcionarios lo detuvo en el momento y alegó que era un delito en flagrancia. Partiendo de ese delito, el funcionario le pidió acceder a su teléfono, le incautó el equipo móvil e hizo un registro sin autorización judicial.
“Este escenario aumentó en el año 2024 y persiste en 2026 . Estas acciones demuestran que el derecho a la privacidad y el acceso a la información siguen vulnerados”.
Todas estas medidas, dijo, las justifican aplicando la Ley contra el odio y también amparándose del decreto de conmoción exterior.
“Posterior a esto, observamos que el 26 de febrero del año 2026, la sala de Casación penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió en una sentencia que el delito de incitación al odio ahora era un delito imprescriptible, considerando además que va a elevar la característica de este delito a un crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de que una opinión pasó a ser un delito y después un crimen de lesa humanidad”.
Viendo estos hechos, observó, que la sentencia vulnera los principios del derecho internacional, el principio de legalidad establecido en nuestra Constitución Nacional y los estándares del derecho a la libertad de expresión.
Narrativas y leyes restrictivas
Marysabel Rodríguez indicó que las detenciones y los procesos judiciales arbitrarios fueron y son el principal mecanismo de represión y persecución por razones políticas.
“El delito de asociación para delinquir, por ejemplo, es una de las acusaciones más comunes, junto a instigación al odio y terrorismo. Se usan para ejecutar procesos judiciales que criminalizan a sindicalistas, trabajadores públicos, personas defensoras de derechos humanos, activistas e, incluso, personas que sólo transitan por la vía pública”.
Alertó que la LA se planteó como un mecanismo para recuperar la convivencia pacífica, según el gobierno nacional, pero es un paso insuficiente. “Desde su propuesta, el proceso de discusión y deliberación fueron atropellados y escasos. Las convocatorias se hicieron con muy poca antelación, además de ser muy reducidas y limitadas para la magnitud e importancia de una ley de este tipo. El proyecto no se difundió amplia y oportunamente antes ni durante su discusión, mientras que hubo un trato criminalizante hacia las personas convocadas, lo que derivó en dinámicas de revictimización”.
Rodríguez enfatizó que el Estado no reconoce que vulneró derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, social o política, la libertad de movimiento, la privacidad de las comunicaciones, la integridad personal o el debido proceso.
“Por el contrario, la LA parte del planteamiento de que las personas beneficiarias cometieron delitos o faltas, es decir, que trata a las víctimas como delincuentes. La ley cubre 13 periodos de tiempo específicos, que están enumerados en su artículo 8, a pesar de que contempla su aplicación desde enero de 1999 hasta su entrada en vigencia el 20 de febrero de 2026. Esta selección de hitos funciona como filtros que excluyen casos que también constituyen detenciones y procesos judiciales arbitrarios por razones políticas”.
La Comisión especial de seguimiento para la Ley de Amnistía, comentó, habla de más de 12.000 solicitudes recibidas y un total de 7.654 personas con libertad plena. Estos datos, dijo, son ofrecidos por diputados de forma oral ante la Asamblea Nacional.
Pero, “no es posible cotejar la información de manera independiente con otras fuentes oficiales o con listados en los tribunales correspondientes o ante el Ministerio Público. Organizaciones de la sociedad civil registran entre 500 y 600 excarcelaciones desde el mes de enero. El pasado 7 de marzo, 17 personas fueron excarceladas de Zona 7, un centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, en donde los familiares se mantuvieron en protesta pacífica continua desde el 8 de enero para exigir las liberaciones”.
“Los familiares, en su mayoría mujeres, madres, hermanas y esposas, hicieron huelgas de hambre y se encadenaron a las afueras del recinto. Fueron víctimas constantes de hostigamiento, amenazas, criminalización por parte de los funcionarios policiales. Las movilizaciones de los comités de víctimas y familiares se incrementaron y se sostienen porque persisten las detenciones, así como aplicaciones arbitrarias y discrecionales de la LA”.
Destacó que en muchos casos se mantiene la imposición de la defensa pública a pesar de que la ley permite explícitamente la defensa privada de confianza.
“En algunos casos el Ministerio Público ha solicitado de oficio las amnistías sin consultar ni tener el consentimiento de las personas procesadas avanzando incluso en contra de sus voluntades. Comités de familiares denuncian prácticas extorsivas por parte de funcionarios del sistema judicial para avanzar en las solicitudes. El proceso está centralizado en Caracas, ya que allí se encuentran los tribunales que llevan la mayoría de los casos, como los tribunales de terrorismo. Esto obliga a las personas a movilizarse desde distintos estados del país, en algunos casos incluso a 15 o 20 horas de distancia por tierra, lo que demanda recursos económicos y operativos que son difíciles de sostener”.
Esta situación, comentó, extiende la revictimización al imponer consecuencias derivadas de acciones estatales arbitrarias.
“A pesar de las descarcelaciones y liberaciones, persisten las amenazas hacia sectores políticos de oposición real o percibida. Estas provienen de altos funcionarios como ministros y gobernadores que amenazan con nuevas detenciones si se vuelven a incurrir en estos supuestos delitos o que una vez aplicada la amnistía, las personas pueden ser nuevamente detenidas por otro tipo de delitos. En resumen, la LA es un intento deficiente desde la perspectiva de derechos humanos. Al no reconocer al Estado como violador de derechos, no está orientada a una genuina restitución de garantías. Su aplicación discrecional revictimiza y su selectividad excluye muchos casos que también son arbitrarios y merecen justicia”.
En su intervención dejó claro que esta ley convive con otras restricciones estructurales que se mantienen:como la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, que regula a las organizaciones bajo criterios discrecionales y arbitrarios.
“A la fecha, tampoco se ha restituido la legalidad y la autonomía de varias organizaciones con fines políticos que fueron cooptadas o ilegalizadas arbitrariamente desde hace varios años”.
Citó, además, que la protesta pacífica ha sido cautelosa el último año respecto a 2024 y como consecuencia directa de la represión, pero se sostiene.
“Las demandas por derechos civiles y políticos se mantienen en los primeros lugares por parte de comunidades organizadas, vecinales, gremios y activistas, esto seguido por comunidades educativas que exigen reivindicaciones laborales. En Venezuela, la población se mantiene organizada pero bajo un riesgo muy alto aún”.
En la CIDH
Estas audiencias ocurren en el marco del 195° Período de Sesiones, durante la semana del 9 al 13 de marzo en Guatemala.
Estuvieron presentes las comisionadas Gloria De Mees y Rosa María Paya, y el relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, liderados por el presidente de la Comisión, Edgar Stuard, quien ratificó su compromiso y solidaridad con Venezuela, y expresó que es un firme propósito de la comisión hacer un seguimientoin situ al país.
Los comisionados solicitaron a la sociedad civil recomendaciones sobre acciones prioritarias y garantías para el trabajo periodístico. Insistieron en la liberación plena e incondicional de todas las personas presas políticas y afirmaron que continuará monitoreando la situación de los derechos humanos en el país.
Aquí puedes ver la audiencia.
