Diciembre: informar y expresarse bajo amenaza

Cerramos el año 2025 entre detenciones y expulsiones a la prensa internacional en Venezuela. Durante diciembre de 2025 registramos 12 violaciones al derecho a la libertad de expresión, siendo la intimidación (7) y la censura (5) las más frecuentes, para un total de cuatro casos. 

Estos hechos afectaron a cinco periodistas/reporteros(as) y dos camarógrafos/técnicos , entre ellas cuatro víctimas resultaron detenidas. Los cuerpos de seguridad (3), los funcionarios(as) y las instituciones del Estado fueron los principales responsables en los casos documentados. 

Resumen preliminar 2025

Durante 2025 se mantuvo el patrón de silenciar a las voces críticas al Estado, mediante detenciones, censura, restricciones e intimidación. El año cerró con 217 violaciones a la libertad de expresión, agrupadas en 112 casos documentados, donde la intimidación (69), la censura (63) y las restricciones administrativas (29) fueron los tipos de vulneración más frecuentes. Entre las víctimas principales se identificaron  periodistas (40), particulares (23) y medios de comunicación (17).

Detenciones por usar WhatsApp

En la mañana del 3 de diciembre, al periodista José Serna lo detuvieron funcionarios de la policía de Cabimas, en el municipio Cabimas, en el estado Zulia (oeste), por presuntamente publicar un video en WhatsApp sobre el mal estado vial de la avenida Intercomunal. 

Varias fuentes consultadas¹ señalaron que Serna administra la cuenta Noti365 en la red social Instagram, que usaba el canal para publicar información local con el aporte de funcionarios policiales o bomberos. Otra fuente indicó que el 2 de diciembre, el periodista publicó en su estado de WhatsApp un video sobre un vehículo que cayó en un hueco en la avenida Intercomunal de Cabimas.

A Serna lo excarcelaron después de 11 horas detenido en la sede de PoliCabimas. 

El 13 de diciembre, el politólogo y director del portal Punto de Corte, Nicmer Evans lo buscaron en su residencia efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para una presunta entrevista. Ante la situación hizo un video en vivo en sus redes sociales para informar sobre lo que sucedía y anunció que asistiría de manera voluntaria. 

Evans permaneció en condición de desaparición forzada hasta el 16 de diciembre cuando su esposa su recibió una videollamada del politólogo a través de la plataforma WhatsApp, le informó sobre su detención en El Helicoide y que estaba en buen estado de salud tanto físico como emocional, según contó a Espacio Público durante una entrevista².  

El 25 de diciembre, a la doctora Marggie Orozco la excarcelaron con medidas cautelares en el estado Táchira (oeste)³ Orozco, de 65 años de edad, había sido detenida el 5 de agosto de 2024, luego de ser denunciada por enviar un audio a través de WhatsApp en el que expresó críticas a la administración de Nicolás Maduro.

El 16 de noviembre de 2025, el Tribunal 4° de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira la condenó a 30 años de prisión. “Luego de la elección, Marggie Orozco recibió acoso y malos tratos por integrantes del consejo comunal, quienes la tildaron de ‘escuálida’ y la amenazaron con no darle más la caja CLAP y la bombona de gas”, informó un familiar en noviembre de este año.

Expulsados por informar

El 9 de diciembre, los periodistas Nicolás Monafó, Adrián Salonia, junto con el camarógrafo Sebastián Solís, integrantes del equipo de prensa del canal argentino C5N, fueron expulsados del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira (norte). 

Salonia denunció el hecho a través de su cuenta en la red social Instagram, donde relató que el avión aterrizó a las 2:00 a.m. y que funcionarios del servicio de migración del terminal aéreo les exigieron documentación, les tomaron fotos e interrogaron. Luego de dos horas de espera, les informaron que no contaban con autorización para ingresar al país.

“Nos condujeron a un pasillo y de ahí a la manga de un avión. Fuimos expulsados rápidamente sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos aún esperando el regreso hacia Buenos Aires”⁴, publicó Salonia en una historia en Instagram.

Exigencias en la región por la situación del periodismo

El 19 de diciembre, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información emitió un comunicado en el que rechazó las políticas de criminalización sostenidas por el Estado de Venezuela y sus autoridades contra quienes se expresan y se organizan en ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Estas prácticas incluyen la detención de personas periodistas y comunicadoras sociales.  

“En muchos casos, los familiares pasan meses sin conocer su paradero, y cuando los ubican finalmente, lo saben por poco tiempo, ante nuevos traslados que no son informados oficialmente. También se registran castigos físicos hacia las personas detenidas en represalia por denunciar las condiciones en los centros de reclusión y la falta de independencia judicial”⁵ señalan en el comunicado. Además, agregan que en otros casos, las personas detenidas son sometidas a aislamiento y, con frecuencia, quienes padecen enfermedades crónicas que requieren asistencia y medicación, no son atendidas oportunamente, lo que pone en grave riesgo sus vidas.