La abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, salió del Helicoide este jueves 8 de enero de 2026, luego del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó la excarcelación de “un número importante” de presos.
Además de la excarcelación de San Miguel, quien también tiene la nacionalidad española, ocurrió la de otros cuatro ciudadanos españoles. Los cinco salieron del país el mismo día 8.
Un año, 10 meses y 29 días de injusta detención
A Rocío San Miguel la detuvieron el viernes 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando intentaba tomar un vuelo junto a su hija. Durante la aprehensión también se llevaron al padre de su hija, Víctor Díaz, y sus hermanos, Luis Alberto y Miguel Ángel y a su exesposo Alejandro González de Canales.
Posteriormente, acusaron a su exesposo de asociación para delinquir y revelación de secretos políticos. A los otros familiares les dictaron medidas cautelares de presentación periódica ante tribunales, prohibición de declarar a los medios de comunicación y prohibición de salida del país.
En ese entonces, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó a través de su cuenta en la red social X que allegados y familiares de la activista desconocían su paradero tras 48 horas de su detención.
A San Miguel le violaron sus derechos
Dos días después, el 11 de febrero, el fiscal Tarek William Saab informó a través de su cuenta en la red social X sobre la detención de San Miguel y la acusaron de tener vinculación con el caso “Brazalete blanco”, una de las presuntas “conspiraciones” bajo investigación por parte de la administración de Nicolás Maduro, como parte de su patrón de persecución hacia periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.
Durante el primer año de detención de la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano le violaron todos sus derechos: no pudo escoger a un abogado de confianza, no recibió una visita de la defensa pública que le asignaron y se desconocía en sí los argumentos que llevaron a su encarcelamiento.
A un año y dos días de su detención, le fijaron una audiencia que se llevó a cabo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde se instaló el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo. San Miguel exigió nombrar abogados de confianza. Le respondieron que no podían esperar a que se comunicara con su defensor privado y que se trasladara al lugar.
Posterior a la audiencia, le dictaron privativa de libertad y la acusaron de traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y dos homicidios tentados (contra Nicolás Maduro; y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal).
Tuvo una fractura de hombro en prisión
San Miguel sufrió una caída en El Helicoide y tuvo una fractura en el hombro derecho. Solo le permitieron analgésicos para calmar el dolor y, según una publicación del medio El Nacional, recibía ayuda de quienes compartían la celda con ella para vestirse, asearse y comer.
Ante la situación de la fractura, que ameritaba intervención quirúrgica, sus abogados de confianza pidieron en reiteradas ocasiones una medida humanitaria para que Rocío San Miguel recibiera una debida atención médica para operarse y luego recibir su rehabilitación.
No obstante, a casi dos años de la detención de la abogada, ocurrió su excarcelación junto a otro grupo de personas, exactamente cinco días después de la operación militar por parte de Estados Unidos la madrugada del sábado 3 de enero que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
A San Miguel y a los otros ciudadanos españoles los trasladaron de inmediato al Aeropuerto Internacional de Maiquetía con destino a Madrid, España, como parte de un acuerdo con el gobierno español.
En España, pero con medidas cautelares
La defensora no puede hablar sobre su caso. Así lo hizo saber su hermano mayor y único portavoz José Manuel San Miguel a través de un comunicado que difundió en las redes sociales este sábado 10 de enero.
La misiva destaca el agradecimiento a las autoridades venezolanas, al Gobierno de España y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y demás actores por las gestiones que llevaron a este proceso..
Sin embargo, el vocero resalta que no se trata de una libertad plena, sino de “una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad. La ciudadana Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente, razón por la cual ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos, valores políticas o jurídicas, ni interpretar su situación personal , legal, de salud ni las condiciones que vivió en reclusión”.
Sobre el estado de salud de la abogada, su hermano informó que está en buen estado y que lleva a cabo un proceso de rehabilitación en su hombro tras recibir una intervención quirúrgica en abril y otra en octubre de 2025, y que sigue un esquema médico de recuperación y terapia con favorable evolución.


Víctima en varias ocasiones
En 2004 a San Miguel la discriminaron, persiguieron y restringieron sus libertades por razones políticas. Demandó al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la lista Tascón.
En 2010 denunció la existencia de militares activos de las FANB inscritos como militantes en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por esto, la persiguieron, intimidaron y recibió hostigamiento judicial.
En agosto de 2019 denunció a través de la red social X que a ella y a su esposo los amenazaron vía telefónica de parte de un hombre que no se identificó.
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