La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifiesta su profunda preocupación por la denominada Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, aprobada el 17 de septiembre de 2021 por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2020, en un proceso carente de transparencia y participación ciudadana, que no cumplió con los lapsos y requisitos establecidos en la Constitución y las leyes nacionales.
El instrumento sancionado, sin consulta abierta y pública, sostiene limitaciones arbitrarias para el ejercicio del derecho de acceder a la información. Además, parte de conceptos contrarios a la Constitución venezolana y a los tratados y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Entre los diferentes aspectos preocupantes de la ley se encuentran: el no establecer expresamente que la reserva de la información debe ser la excepción; no promueve la transparencia activa, sea mediante formatos de libre acceso, o la definición de la información mínima que deben difundir los entes públicos; y tampoco contempla la creación de un órgano garante.
La falta de acceso a la información pública ha afectado directamente el derecho de la ciudadanía venezolana a participar en la formulación, implementación y fiscalización de políticas públicas. Esto alimenta la corrupción y la mala prestación de los servicios públicos, y suma a la vulneración de derechos humanos en el país.
Desde la Alianza Regional exigimos a los poderes públicos en Venezuela a que garanticen el derecho de acceso a la información, mediante la formación de textos legislativos que sean discutidos por la sociedad en general, que cumplan con los lapsos y estándares internacionales y aseguren el cumplimiento efectivo de la ley.
La Alianza Regional es una red de 17 organizaciones de la sociedad civil en 15 países de América Latina y el Caribe.
