Febrero: violencia e impunidad contra los periodistas

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En el segundo mes del año se mantuvo la agudización de la violencia en contra de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores públicos que buscan informar sobre la situación del país. En febrero se registraron 87 violaciones al derecho, siendo más frecuentes: la intimidación, el hostigamiento y las agresiones como mecanismos de restricción a las coberturas.

En la actualidad, el ejercicio del derecho a la libre expresión es violentado por el Estado de forma recurrente y como parte de una política de Estado cuyo foco principal sigue siendo ocultar lo que ocurre en medio de la coyuntura política. Este mes incluso la cifra de retenciones y detenciones sumó seis nuevas víctimas entre los que destacan trabajadores públicos y trabajadores de la prensa.

Un patrón de esta política estatal es la utilización de la fuerza en los diversos dispositivos restrictivos llevados adelante por grupos violentos afectos al partido de Gobierno, cuerpos de seguridad y funcionarios de organismos públicos que actúan con impunidad frente a las autoridades y la justicia venezolana.

La impunidad de los grupos violentos

El 11 de febrero, al menos doce trabajadores de la prensa fueron agredidos por grupos afectos al gobierno, cuando cubrían la llegada del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía estado Vargas.

Imagen cortesía de EFE

Reporteros de los medios digitales: Efecto Cocuyo, TVV Noticias, CNVE24, VPI TV, Televen, EVTV Miami, El Estímulo, Telemundo 51, El Pitazo y Punto de Corte fueron golpeados, heridos, amenazados y amedrentados mientras realizaban su labor periodística a propósito de la llegada al país del presidente de la AN luego de una larga gira internacional que lo llevó a reunirse con distintos jefes de Estado en las últimas tres semanas.

Los periodistas: Nurelyin Contreras, Maiker Iriarte, Reynaldo Mozo, Iván Ernesto Reyes, Estefani Brito, Nadeska Noriega, César Díaz, Leonaibeth Díaz, César Saavedra, Ana Rodríguez, Wilmer Torcales y Manuel Da Silva estaban en el interior del aeropuerto haciendo imágenes de la manifestación que tenía el grupo chavista, pero la actitud de éste cambió cuando se supo que Guaidó estaba en el área de migración.

La primera violación se registró cuando al inicio de la cobertura funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), intentó desalojar a los medios presentes, Ana Rodríguez de Telemundo 51 reportó el impedimento a través de sus redes sociales. Nadezca Noriega, corresponsal de El Pitazo en el estado Vargas, detalló que los agresores estaban liderados por miembros de la ilegítima asamblea nacional constituyente y que el Almirante de apellido Matamoros los mandó a desalojar.

Periodistas informaron que los violentos son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Vargas, pertenecen a un grupo de choque de la Jefatura Civil de Catia la Mar y fueron movilizados en camiones de la Gobernación de Vargas liderados por un constituyente, Juan Iriarte y el presidente del Consejo Legislativo del Estado Vargas, Roiber Sojo.

La periodista de Punto de CorteNurelyin Contreras, detalló que las personas vinculadas al chavismo llegaron protestando a las instalaciones del Aeropuerto, los periodistas presentes incluso le tomaron declaraciones, pero que a partir de las 4 de la tarde comenzó lo que ella califica como una «brutalidad».

«A mí me agarraron cuatro mujeres, también varios hombres, que ya están identificados en varios videos en las redes sociales, me jalaron tanto el cabello que se me cayó una maraña. Estoy bastante golpeada. Tengo un golpe en la cabeza, me duele el cuello debido al forcejeo, me lanzaron al piso, me dieron un golpe en la mandíbula y mañana jueves me van a realizar una placa porque no puedo abrir la boca por completo porque me produce mucho dolor, adolorido todo mi cuerpo producto de los golpes»1.

La confrontación se llevó a cabo frente a la mirada inmóvil de los funcionarios de seguridad del aeropuerto la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y GNB, quienes no hicieron nada para impedir las agresiones en contra de la presa que transmitía en vivo la llegada del Presidente de la AN al país.

La actitud de los funcionarios cuya función es cuidar el orden y proteger a los ciudadanos fue de total inacción frente a la violencia de estas personas contra los periodistas: «fue realmente indignante la verdad y más que no puedes hacer nada mas alla de tratar de medio defenderte no puedes hacer nada y los cuerpos de seguridad que están ahí, tampoco hacen nada. Y eso es lo peor. Ninguno de los funcionarios reaccinó, se metió, apartó, ninguno. Después fue que trataron de calmarlos pero se les salió de control esa gente y nos siguieron hasta el estacionamiento donde agredieron a Maiker ver cómo están agrediendo a un colega y no poder hacer nada. Gracias a dios estoy bien, los empujones me dieron un manotazo, me tumbaron los lentes y el golpe me rompió la encía»2 comentó Estefanía Brito a Espacio Público.

Con el Mazo Dando

La agresión a estos periodistas no quedó aquí, dos días después del hecho, el presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente (anc), Diosdado Cabello, hostigó durante su programa semanal Con el Mazo Dando, a los periodistas que fueron agredidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.Diosdado Cabello se burló de las agresiones recibidas por la periodista del portal digital, Punto de Corte, Nurelyin Contreras y Maiker Iriarte, de TVV Noticias y felicitó a los agresores, los calificó de «pueblo patriota» e insistió que defenderían la revolución «a cualquier hora, en todo momento y en cualquier lugar».

El patrón de hostigamiento y agresiones en contra de los trabajadores de la prensa se repite en todo el país, en el estado Aragua, la reportera Irios Méndez y el fotógrafo Alfredo Zapata, del equipo de prensa del diario El Siglo fueron hostigados e intimidados por dos sujetos a bordo de una moto cuando realizaban una cobertura por el aniversario de la comunidad de Sorocaima III, municipio Mariño, estado Aragua.Méndez y Zapata fueron abordados por los vecinos del sector, cuando denunciaron los diferentes problemas que atraviesan.  “En ese momento un grupo de personas, que se identificaron como miembros del grupo político de la alcaldesa Yohana Sánchez, intentaron impedir que tomara registro de las declaraciones y me exigían que borrara el material”, detalló Méndez.

Una mujer que se identificó como líder de la comunidad, impidió que una ciudadana le declarara a Méndez y la sacó del lugar agrediéndola física y verbalmente, a pesar de la insistencia de la reportera en que respetara y continuar con su trabajo.

En Carabobo, funcionarios de la Policía estatal (Policarabobo), hostigaron a las periodistas: Gabriela Suniaga de TV Venezuela y Dayrí Blanco, de Caraota Digital, en la Maternidad de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” (CHET), de Valencia cuando cubrían su evacuación luego de que conociera de la evaluación del lugar debido a un sobrecalentamiento en la zona de descanso médico por una inestabilidad eléctrica.

Blanco realizaba un avance informativo cuando una funcionaria de PoliCarabobo la señaló directamente y otros dos funcionarios más se acercaron y le taparon la cámara del teléfono, todo esto mientras la periodista continuaba en vivo.

«Teníamos como media hora en la CHET, estábamos grabando alertas, cuando decido hacer mi cámara, una funcionaria me alza la mano, me intentó quitar el teléfono, me empezó a decir que decíamos cosas que no eran, que explicamos las cosas como no eran, yo le dije que yo estaba trabajando»3.

Temas sensiblesTambién en el estado Aragua, instituciones y funcionarios hostigaron a la periodista del portal informativo, Crónica Uno, Gregoria Díaz, luego de que informara a través de la red social Twitter que un oficial de la Aviación ingresó al Hospital Militar de Maracay con síntomas de gripe y se le realizarían estudios para descartar estuviera infectado con COVID-19 (Coronavirus), pues habría regresado «recientemente» de China.

La situación de alarma escaló al hacerse viral el tweet de la periodista, al punto que distintos agregadores de noticia dieron por sentado que estaban en presencia de un posible caso de Coronavirus. Díaz aclaró que en ningún momento dijo que se trataba de un caso de coronavirus. Simplemente expresó que un ciudadano proveniente de China presentaba síntomas y que estaban descartando un posible contagio. Sin embargo, distintas cuentas de Twitter entre las que destacan la alcaldesa del municipio Mariño, Joana Sánchez, e instituciones del Estado se hicieron eco de amenazas e insultos contra la comunicadora, acusándola de «palangrista» y «mentirosa».

Es frecuente que funcionarios del gobierno mantengan un discurso que desmerita el papel de los medios y ataca constantemente a los periodistas. Esta práctica se convierte en política de Estado cuando las violaciones van más allá del acto ejercido por funcionarios o grupos de irregulares armados afectos al gobierno.

Esta violencia discursiva ampara la violencia de efectivos de seguridad o militares que actúan en contra del trabajo periodístico, repitiendo en la práctica los señalamientos de “palangristas” o “mentirosos” hacia los periodistas, siguiendo el formato de la teoría del enemigo interno.

Contra periodistas y trabajadores públicos

Dos trabajadores del complejo siderúrgico Planta Casima fueron detenidos durante ocho horas el lunes 3 de febrero cuando 16 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), llegaron al lugar a recorrer las instalaciones.

Jesús Guevara y Édgar Torres, junto a otros compañeros, reclamaban «salarios justos» a través de unos panfletos que estaban expuestos en todo la siderúrgica. Guevara fue detenido por uno de los funcionarios por exponer los panfletos en su puesto de trabajo.

La persecución y hostigamiento a través de fuerzas militares se mantiene como política de terrorismo laboral en las empresas de Guayana. Según el líder sindical del complejo siderúrgico, Alejandro Álvarez; expresó que la comisión de la Dgcim hostigó, amedrentó y amenazó a todos los empleados si seguían reclamando por mejores condiciones laborales.

En otro hecho, el periodista Jesús Medina Ezaine denunció que fue detenidodurante más de cinco horas por funcionarios de la PNB en Puente Hierro, Caracas, cuando iba a presentarsea tribunales. En su cuenta en la red social Twitter mostró gráficas de cómo le quedaron las muñecaspor las marcasde las esposas.

Expresó que en las puertas un funcionario le informó que estaba solicitado por el Sistema de Información Policial (Sipol), por lo que no existe aún la notificación de retiro.

Les negaron la entrada

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaría a Venezuela el pasado 4 de febrero, no pudo abordar el avión de la Compañía Panameña de Aviación (Copa Airlines) por órdenes del gobierno venezolano.

Desde su cuenta en la red social Twitter, la CIDH informó que el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, la relatora para Venezuela, Esmeralda Troitiño y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza estaban a la espera para abordar el avión que los traería a Caracas pero la aerolínea se los impidió por órdenes expresas del gobierno de Nicolás Maduro.

«Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la CIDH a la puerta del avión en Panamá. Todos con los bording pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país», tuiteó la CIDH. 

La Comisión lamentó que el gobierno de Nicolás Maduro les negara el ingreso al país e informó que se reunirá con organizaciones de la sociedad civil y víctimas en Cúcuta, Colombia.

La visita «in loco«que se llevaría cabo desde el 4 al 8 de febrero fue anunciada en julio de 2019 y tenía como objetivo comprobar de primera mano la situación de los derechos humanos en el país.

Ante lo arbitrario de la medida, la CIDH anunció que encontrará con organizaciones de la sociedad civil y víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La Comisión rechaza ese tratamiento de la manera más enérgica, y advierte que es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos, lo cual perjudica, especialmente, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y obstaculiza el valioso trabajo que adelantan las organizaciones de la sociedad civil1.

La Comisión considera que Venezuela actualmente está pasando una fuerte crisis debido a la prolongación indefinida del estado de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional, la débil independencia judicial, la extralimitación de funciones de la inconstitucional asamblea nacional constituyente, la ausencia de garantías para la celebración de elecciones libres y, en general, la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil evidencian la ausencia de Estado de Derecho, por lo que la visita cobraba especial importancia para tomar testimonio de las consecuencias de esto.

 

Referencias   [ + ]

1. Espacio Público. Entrevista telefónica, Nurelyin Contreras 11 de febrero de 2020
2. Espacio Público. Entrevista telefónica, Estefanía Brito 11 de febrero de 2020
3. Espacio Público. Entrevista telefónica, Gabriela Suniaga, 11 de febrero de 2020

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