Situación general del derecho a la libertad de expresión e información: enero-abril 2025

En los primeros cuatro meses del año registramos 59 casos ¹.  que se traducen en 108 denuncias de violaciones al derecho a libertad de expresión en Venezuela. Estas cifras reflejan una disminución del 19 % con relación al total de casos y del 20 % con respecto al número total de violaciones documentadas durante el mismo periodo del 2024.

Gráfico 1. Violaciones por tipo

Tras la elección presidencial del 28 de julio las violaciones al derecho incrementaron debido al reforzamiento de los mecanismos de control estatal y al cerco impuesto en redes sociales y medios de comunicación a propósito de las tensiones políticas derivadas del evento electoral. A pesar de que la cantidad de casos disminuyó luego de la etapa postelectoral, la autocensura, la desinformación, y la falta de pluralidad informativa son hoy características importantes del ecosistema comunicacional venezolano.

La censura ² (37) y la intimidación ³ (25) fueron las violaciones más comunes durante este periodo, alcanzando entre ambas más de la mitad de los registros. Las restricciones administrativas (22), el hostigamiento judicial (18), las amenazas (3) y el hostigamiento verbal (3) completan la lista de incidencias.

Menos emisoras de radio

Al menos cinco estaciones de radio cerraron en este periodo, cuatro de estas por órdenes directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y una debido a una falla eléctrica que afectó la operatividad de algunos de sus equipos. El cierre constante de emisoras ⁴ es una política implementada por el Estado venezolano para limitar los canales de denuncia ciudadanos en las regiones y restringir aún más la capacidad de los venezolanos para informarse de manera oportuna.

• Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el 24 de enero el cierre y la incautación de equipos de la emisora Criolla 100.7 FM ⁵, que operaba desde 2020 en el municipio Angostura del estado Bolívar, bajo el argumento de que operaba “en la clandestinidad”. La comisión de funcionarios llegó alrededor de las 8:00 a. m. a la sede de la emisora con una presunta orden de incautación del transmisor, el CPU y demás equipos que soportan la transmisión, según relató a Espacio Público el director de Criolla 100.7 FM, Luis Bello. 
• La emisora Radio Mundial 860 AM ⁶ de San Cristóbal, estado Táchira, salió del aire por órdenes de la Conatel, que acusó una presunta extinción del espectro radioeléctrico. De acuerdo con el medio La Nación Radio, Radio Mundial 860 AM era la última radio de amplitud modulada que seguía activa en Táchira, por lo que su cierre supone un vacío informativo adicional en la región.

Más censura en internet

Los bloqueos y restricciones en línea se mantienen como un patrón que refuerza la censura en medios digitales y redes sociales. En tal sentido, registramos al menos 21 bloqueos a plataformas y páginas web. El principal responsable de estas acciones fue la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), aunque es importante destacar que las operadoras privadas suelen acompañar estas medidas.

• El 8 de enero, los principales proveedores de internet bloquearon la página web del documental “De Macedonia, con amor” ⁷, el cual trata testimonios de la represión y violaciones a los derechos humanos luego de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Además, VE sin Filtro reportó bloqueos a los servidores públicos DNS de Google y Cloudflare, que son frecuentemente utilizados para evadir la censura en línea.
• En la mañana del 9 de enero, previo a la jornada de manifestaciones masivas de la oposición, VE sin Filtro reportó que amanecieron bloqueadas más de 230 DNS públicos, junto con 20 páginas web de servicios VPN y la red social TikTok ⁸, que en días previos ya había sido bloqueada por distintos proveedores y está bajo amenaza del Estado desde finales de 2024. ⁹.
  
  

Detenciones arbitrarias

Se registraron 19 detenciones, de las cuales 10 fueron a particulares ¹⁰, 8 a trabajadores de la prensa, y 1 trabajador público. Esta cifra no varía con relación al número de detenciones registradas  durante el primer cuatrimestre del 2024, cuando se documentaron 18 violaciones de este tipo. Sin embargo, es importante destacar que el 32% de las detenciones documentadas en este 2025 fueron a trabajadores de la prensa; elemento que contrasta con el mismo periodo de 2024, cuando fue del 6%. Esto refleja un incremento de la persecución hacia los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos como parte de las acciones ejercidas desde las instituciones del Estado.

• Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron el 20 de febrero al periodista de La Patilla, Rory Branker ¹¹, en horas de la tarde, tras salir de su residencia junto con su pareja, en Caracas. Branker fue interceptado dentro de su vehículo por dos individuos en moto, armados y vestidos de civil, quienes obligaron a ambas víctimas a cambiarse al asiento de atrás mientras uno de los presuntos funcionarios pasaba a manejar el carro. Tras más de 60 días de detención arbitraria, familiares desconocen el paradero de Branker.
• El Tribunal 1º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó el 10 de abril medida privativa de libertad en contra de la periodista de Impacto Venezuela, Nakary Mena ¹², y de su esposo Gianni González bajo los cargos de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”, tras más de 70 horas desaparecidos. Mena desapareció en la tarde del 8 de abril luego de terminar de producir un reportaje en los alrededores de la Plaza Venezuela, en Caracas, e informar que ya se iba a su casa. El hecho ocurrió tras la publicación en Impacto Venezuela de un reportaje sobre el incremento de robos en la ciudad. El tribunal le asignó a Mena como centro de detención el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) ubicado en Los Teques, estado Miranda, mientras que González fue asignado al Internado Judicial Rodeo II, en Miranda.

En este 2025 al menos 6 detenciones por acusaciones de supuestos delitos de odio, instrumento aprobado en 2017 para criminalizar la disidencia y limitar la libertad de expresión en Venezuela. 

Víctimas y victimarios

Los trabajadores de la prensa (14) y los particulares (12) fueron las principales víctimas, acumulando entre ambas categorías el 51% de los registros. Las páginas web (9), la ciudadanía en general (6), medios de comunicación (6) y los trabajadores públicos (2) completan la lista de víctimas. En esta ocasión, las violaciones en contra de los trabajadores de la prensa no se han limitado a las detenciones anteriormente mencionadas, por lo que el accionar de instituciones judiciales en contra de estos es cada vez más frecuente.

• La periodista Charito Rojas ¹³ denunció que en la noche del 18 de marzo funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Ministerio Público allanaron su apartamento en Valencia, estado Carabobo, cuyo inmueble estaba solo desde que ella decidió salir de Venezuela. “Estaban revisando todo, querían que les abriera el maletero para llevarse mi carro”, dijo Rojas a Espacio Público. En junio de 2024 un tribunal penal de Carabobo dictó orden de aprehensión en su contra acusada de “estafa agravada continuada y asociación para delinquir”. A Rojas la señalaron, junto con otras personas, de hacer “transacciones financieras ilegales por altas sumas de dinero en nombre de un empresario turístico”, según informó entonces la cadena internacional CNN En Español. Sin embargo, medios locales aseguraron que los señalamientos en contra de la periodista surgieron por sus denuncias de funcionarios relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro.
• A finales del mes de marzo, el periodista Gustavo Azócar ¹⁴ alertó sobre una orden de captura en su contra, dictada por el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial del estado Táchira, por un proceso penal en el que sus abogados no han podido tener acceso al expediente, en vulneración del derecho a la defensa. En la orden se acusa a Azócar por los presuntos delitos de “promoción o incitación al odio y revelación indebida agravada de información personal”, entre otros. La misma fue divulgada en redes sociales por un periodista local, vía por la cual también fue de conocimiento de Azócar.

Con relación a los victimarios, las instituciones del Estado (42) ocupan el primer lugar, seguido por operadoras privadas (21) y cuerpos de seguridad (16). Estos tres actores concentran el 91% de los casos. El 64% de los casos se registraron en internet, tendencia que se mantiene en incremento desde hace varios años. Con respecto a la ocurrencia por ubicación geográfica, el Dtto. Capital ocupa el primer lugar acumulando el 7% de los registros, seguido por Táchira con el 5% y por Bolívar, Miranda y Zulia, quienes consolidan un 4% cada uno de ellos.

Marco metodológico

El registro parte de la libertad de expresión e información como derecho humano que corresponde a toda persona, independientemente de su oficio o profesión. Esto incluye entre las categorías frecuentes, no únicas, a: PARTICULARES: quienes no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan medios y recursos a su alcance, digitales o analógicos, para expresar ideas, opiniones o contenidos de interés público. PERIODISTAS, REPORTEROS/AS: personas que se dedican de manera profesional a la comunicación, o que constituye su dedicación principal o dominante.

Por CASO se entiende el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo evento o caso se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables, varias víctimas, así como varias DENUNCIAS de violaciones o restricciones al derecho. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

El registro se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron diferentes variables, entre ellas: área geográfica o espacio de ocurrencia; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, particulares, medios); tipología según el área de trabajo (fotógrafos, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías de violaciones:

AGRESIÓN: en el caso de personas heridas o golpeadas por civiles o por fuerzas de seguridad.

ATAQUE: estructura física de instituciones o personas dañadas o asaltados por la difusión de noticias u opiniones o contenidos.

AMENAZA: en forma personal, por teléfono, por mensajes de texto, voz u otra modalidad. Agresión a las propiedades de una persona, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo, o ataques, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.

CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas o documentos de identidad negados o suspendidos arbitrariamente.

INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.

HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas y reporteros de revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

HOSTIGAMIENTO VERBAL: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos, opiniones o contenidos específicos.

RESTRICCIONES LEGALES: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de expresión y de prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.

RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.

MUERTE: periodistas o ciudadanos asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico, por o posiblemente a causa de buscar/difundir información, o por motivo de éste, luego de su realización.

Las descripciones de las categorías son generales, incluye ejemplos de denuncias registradas a modo de ejemplo, no configura una lista exhaustiva o cerrada.

Para validar las posibles causas de violaciones graves[28] en relación al ejercicio de la libertad de expresión, se revisan antecedentes sobre la difusión de contenidos, restricciones, amenazas u hostigamientos previos, así como las investigaciones judiciales que cumplan con las garantías legales del Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos. Ante la ausencia de investigaciones adecuadas, y la existencia de antecedentes restrictivos, se asume el ejercicio del derecho como causa de la violación hasta la aparición de nueva información corroborada o investigaciones penales debidas que demuestren lo contrario.

Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en medios de comunicación a nivel nacional o regional, así como el testimonio de las víctimas y personas afectadas, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional e internacional. 

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes

1.  Por CASO se entiende el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo evento o caso se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables, varias víctimas, así como varias DENUNCIAS de violaciones o restricciones al derecho. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones [↩]
2.  CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas o documentos de identidad negados o suspendidos arbitrariamente [↩]
3. INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas [↩]
4.  Espacio Público, 5 de octubre de 2022. La radio en Venezuela o la censura normalizada. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/la-radio-en-venezuela-o-la-censura-normalizada-2/ [↩]
5. Espacio Público, 25 de enero de 2025. Conatel cerró la emisora Criolla 100.7 FM en el estado Bolívar. Recuperado en https://espaciopublico.ong/conatel-cerro-la-emisora-criolla-100-7-fm-en-el-estado-bolivar/ [↩]
6.  Espacio Público, 1 de abril de 2025. Sale del aire Radio Mundial 860 AM en Táchira por órdenes de la Conatel. Recuperado en https://espaciopublico.ong/sale-del-aire-radio-mundial-860-am-en-tachira-por-ordenes-de-la-conatel/ [↩]
7. Espacio Público, 13 de enero de 2025. 10 al 12 Ene: desapariciones, detenciones y bloqueos. Recuperado en https://espaciopublico.ong/10-al-12-ene-desapariciones-detenciones-y-bloqueos/[↩]
8.  Ibidem [↩]
9.  Espacio Público, 25 de noviembre de 2024. Estado venezolano avanza en su intento por regular las redes sociales y acentuar la censura. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/voceros-oficiales-amenazan-con-regular-tiktok-y-otra-rr-ss/ [↩]
10.  Se entiende por particular a personas que no se dedican profesionalmente al periodismo, no trabajan en ninguna institución del Estado o medio de comunicación en general. [↩]
11.  Espacio Público, 21 de febrero de 2025. SEBIN detiene al periodista Rory Branker y allana su casa sin orden judicial. Recuperado en https://espaciopublico.ong/sebin-detiene-al-periodista-rory-branker-y-allana-su-vivienda/ [↩]
12. Espacio Público, 11 de abril de 2025. Privan de libertad a la periodista Nakary Mena y a su esposo por “instigación al odio”. Recuperado en https://espaciopublico.ong/privan-de-libertad-a-la-periodista-nakary-mena-y-a-su-esposo/ [↩]
13. Espacio Público, 19 de marzo de 2025. Allanan la residencia de la periodista Charito Rojas en Valencia. Recuperado en https://espaciopublico.ong/allanan-la-residencia-de-la-periodista-charito-rojas/ 
    [↩]
14. Espacio Público, 28 de marzo de 2025. Periodista Gustavo Azócar denuncia orden de detención en su contra. Recuperado en https://espaciopublico.ong/periodista-gustavo-azocar-denuncia-orden-de-detencion-en-su-contra/ [↩]