La radio en Venezuela o la censura normalizada

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Con más de 95 años de funcionamiento, la radio se consolida como uno de los principales medios de comunicación del país, al cumplir tanto una labor informativa como de entretenimiento. Además, constituye un espacio de debate y participación ciudadana, principalmente por su fácil acceso.

Dentro del espectro radioeléctrico venezolano hacen vida emisoras privadas, comunitarias y del Estado. Desde abril de 1950, las emisoras privadas se encuentran agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. Mientras que desde el año 2008, las emisoras del Estado forman parte del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI).

En el caso venezolano destaca como uno de los medios con mayor alcance a nivel nacional y una de las principales fuentes de información, a pesar de la llegada de la televisión y de las redes sociales. En marzo de 2019 esto quedó en evidencia durante el apagón eléctrico nacional, ya que varias emisoras radiales lograron informar sobre lo que pasaba en tiempo real, lo que orientó a parte de la población en medio de la incertidumbre.

Situación actual de la radio

Hasta el año 2021, en Venezuela existen al menos 980 medios de comunicación operativos [1], de los cuales 699 son emisoras de radio, es decir, el 71% de estos.

Los estados Lara (82), Barinas (68), Aragua (58), Portuguesa (56) y Distrito Metropolitano de Caracas (44), acumulan el 44% de todas las emisoras a nivel nacional. Mientras que los estados cuyo espectro radioeléctrico se encuentra más limitado son Delta Amacuro (11), Yaracuy (11), Anzoátegui (10) y Amazonas (4).

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A pesar del valor de la radio como medio de comunicación, el Estado venezolano ha impuesto obstáculos para el libre flujo de información y para el uso formal del espectro radioeléctrico.

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Entre 2003 y septiembre de 2022, se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a nivel nacional, lo cual representa el 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años. La mayoría de estas medidas se dieron en medio de procedimientos administrativos adelantados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en compañía de funcionarios de cuerpos de seguridad.

Esta lógica restrictiva hacia la radio en Venezuela es sistemática, asumida por el Ejecutivo como una política de Estado. El caso más emblemático se registró en el año 2009, cuando durante la presidencia Hugo Chávez, fueron cerradas al menos 34 emisoras de forma simultánea. Para el momento, Diosdado Cabello, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y ministro de Obras Públicas y Vivienda, afirmó estas son las primeras 34 emisoras. Cuando tomamos la decisión en el Gobierno nacional y revolucionario de democratizar el espectro radioeléctrico, de acabar con el latifundio mediático, lo estábamos diciendo en serio, no estábamos jugando[2].

Días después del anuncio de la medida, Cabello añadió que:

cada quien tiene su derecho a la defensa, y lo tendrá de acuerdo a lo que haya hecho porque quien usurpó un lugar en el espectro haciendo uso de una frecuencia que no está debidamente autorizada por el Estado, qué defensa va a tener. [3] 

Este cierre masivo fue respaldado por distintos voceros oficialistas, quienes alegaron que se trató de un proceso apegado a las leyes que rigen el sector y por ello se realizó de forma progresiva[3].

Esta práctica ha apuntado principalmente a suprimir espacios de opinión, denuncia y contenidos vinculados a la política, sustituidos principalmente por programación de entretenimiento o líneas editoriales pro gobierno. Entre enero y septiembre de 2022, se registraron al menos 29 cierres de emisoras en los estados Zulia (13), Cojedes (6), Sucre (6), Barinas (1), Guárico (1), Anzoátegui (1) y Portuguesa (1).

Principales victimarios

Entre el año 2017 y septiembre de 2022, el principal responsable de restricciones a la libertad de expresión en contra de emisoras fue Conatel, al intervenir en al menos el 55% de los casos. Según han denunciado las víctimas, usualmente los funcionarios del ente regulador se presentan en las sedes de los medios bajo la excusa de que son inspecciones de rutina y posteriormente proceden a decomisar los equipos de transmisión, sin previa notificación.

Una delegación de Conatel decomisó el 5 de noviembre de 2019, los equipos de transmisión de la emisora Jet 95.3 FM[6][4] que salía al aire en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón. La emisora tenía tres meses de funcionamiento, fue una medida que se hizo sin previa notificación, destacó José Jordán, presidente del circuito radial Cardón 95, emisora aliada de Jet. Al menos 15 trabajadores de la comunicación entre productores nacionales independientes, locutores, operadores y personal administrativo quedaron sin trabajo ante la medida ejecutada por Conatel.

Las restricciones de Conatel a las estaciones de radio no solo van directamente orientadas a cerrar espacios o medios, sino también a modelar la línea editorial, según sea el caso, a través de “exhortos”[5].

En el 2018, la Comisión exhortó a la emisora Radio Pentagrama 107.3 FM[6], en varias oportunidades, por la supuesta difusión de «mensajes que promueven el desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas» expresadas en el programa Público y Confidencial, conducido por el periodista Damian Prat en el estado Bolívar. La última comunicación llegó a la emisora el 31 de julio, en la misma se le exigió a la emisora que tomara las medidas correspondientes antes de que el ente regulador estableciera sanciones como multas de hasta el 10% de los ingresos brutos de la empresa.

Gráfico interactivo en este enlace

En el 17% de las restricciones, personas desconocidas hurtaron equipos o cableado, lo que afectó las transmisiones. En el 9% de los casos estuvieron involucrados los cuerpos de seguridad del Estado, destacando con mayor frecuencia la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Regularmente, estos organismos brindan acompañamiento a los funcionarios de Conatel, al momento de incautar equipos o cerrar emisoras.

De forma indirecta, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), figura como victimario indirecto en al menos en el 8% de los casos, al impedir la labor de emisoras de radio, mediante la no garantía de un servicio eléctrico continuo.

Por último y debido al carácter local de la radio como medio de comunicación, los mandatarios regionales y municipales también se han convertido en victimarios. En el mencionado lapso de tiempo, estos han estado involucrados en el 4% de los casos, bien sea al ordenar la ejecución de medidas restrictivas, como al hostigar a emisoras por la labor informativa y de denuncia que cumplen en las localidades.

Ejemplo de ello fue lo sucedido en junio de 2016, cuando en medio de saqueos que se presentaron en Tucupita, estado Delta Amacuro, la Radio Fe y Alegría denunció que por órdenes de la  entonces gobernadora, Lizeta Hernández[7], le suspendieron el suministro de energía eléctrica, con la finalidad de no seguir informando en vivo lo que sucedía en la entidad.

El caso de Éxitos 90.5 FM: Silencio administrativo

La emisora Éxitos 90.5 FM[8] quedó fuera del aire el 29 de abril del presente año, luego de que un grupo de funcionarios de la Conatel y de la GNB apagaran y confiscaran sus equipos en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Tras el cierre, Leonardo González, director de Éxitos 90.5 FM, declaró que el cierre se debió a motivos políticos. “No es comercial, ni es empresarial, ni tiene que ver con la Ley de Telecomunicaciones, porque si hubiese sido así, estuviesen cerradas otras emisoras del país”, dijo González al medio digital.

Jorge González, gerente de la emisora, detalló que desde el momento en que fueron notificados del proceso administrativo en su contra, han buscado mantener comunicación con Conatel. Tras el cierre y el decomiso de los equipos, los funcionarios del ente regulador dejaron una notificación en donde explicaron que el cierre de la estación se debió a que esta estaba funcionando de forma clandestina y que no contaba con la permisología para operar de forma legal.

Foto: La Patilla

Representantes del medio de comunicación respondieron a la notificación en un periodo menor a 15 días, tal como lo establece el procedimiento. Sin embargo, transcurrido el plazo que tenía Conatel para emitir una segunda comunicación, la directiva de la emisora no había recibido ninguna respuesta.
Esa respuesta también tenía un periodo de tiempo, para que Conatel respondiera a ese documento que nosotros introdujimos y posterior al tiempo que se cumplió, una vez que fuimos a buscar respuesta, ellos todavía manifestaron que aún no tenían, que estaban en una fase de revisión del caso y que todavía no tenían nada para ese momento, señaló González.

Ante la falta de información sobre el estatus del procedimiento, los abogados de Éxitos 90.5 FM solicitaron una audiencia con la Consultoría Jurídica de Conatel, pero tampoco han recibido respuesta. “Todavía el proceso continúa. No hemos tenido una respuesta por parte de Conatel. Seguimos esperando a ver qué procede”.

Con respecto al espacio físico en donde funcionaba la emisora, se pudo conocer que desde el momento del decomiso de los equipos permanece cerrado, a la espera de que avance el procedimiento. Por su parte, los trabajadores de la estación, tanto los periodistas como los productores independientes, migraron a otros medios de comunicación que hacen vida en la región.

Jorge González confía en que la situación se solventará y que podrán retomar operaciones, tal como lo venían haciendo. “Todo está tal cuál como quedó desde la última visita de Conatel. Esperando por supuesto, que la reacción de ellos ante los procesos que se están realizando sea devolver los equipos y a futuro podamos reabrir nuevamente”.

Presiones y autocensura

Un trabajador de un circuito radial de alcance nacional, cuya identidad pidió reservar por seguridad, señaló que constantemente reciben presiones por parte de instituciones y cuerpos de seguridad del Estado, en varias regiones del país.

En los últimos años, al menos dos programas que eran transmitidos por la señal del circuito en cuestión fueron sacados del aire tras advertencias informales de Conatel, es decir, a través de llamadas o comunicaciones directas entre funcionarios y los directivos del medio de comunicación. Ante esta realidad, los espacios de opinión fueron reducidos paulatinamente, al igual que la forma en la que presentan los contenidos.

Eso de alguna manera nos ha significado cambios en la línea editorial, en las posturas porque evidentemente son formas de expresar los contenidos, esas valoraciones o apreciaciones sobre todo sobre la gestión pública que molestan al gobierno, que molestan a las autoridades. Entonces los espacios de opinión en todas las emisoras tienen en este momento un perfil muy mínimo, un perfil muy bajo. 

El entrevistado aseguró que ante las presiones, se vieron en la obligación de modificar la forma en la que presentan los contenidos.

Hay contenidos que han salido, como te decía anteriormente, todo lo que tenga que ver con palabras altisonantes como “régimen”, “dictadura”, procuramos que ni los entrevistados y por supuesto mucho menos nosotros, los periodistas, las pronuncien.

Evitar hacer referencia a informaciones específicas o inhibirse de mencionar a personas, especialmente si son funcionarios públicos, para evitar ser objeto de procedimientos administrativos o judiciales es un ejemplo de autocensura, lo cual limita no solo el derecho de los periodistas al ejercer su profesión, sino también de las personas a informarse oportunamente.

Igualmente la fuente precisó que además de Conatel, funcionarios de cuerpos de seguridad y autoridades regionales ejercen presiones sobre las emisoras.

Otro tipo de presiones que hemos tenido, han sido visitas de funcionarios del Sebin a algunas radios sin ningún tipo de razón, funcionarios de la DGCIM, que también a veces llaman, preguntan a los directores de las radios, a los coordinadores, a los periodistas. Algunas también han sido intimidaciones ejercidas por algunos gobernadores.

Al ser consultado sobre el impacto de estas medidas sobre el personal del medio de comunicación, el entrevistado detalló que los periodistas que abandonaron su lugar de trabajo, lo hicieron por otros motivos como los bajos salarios que perciben o para emprender proyectos personales, tanto dentro como fuera del periodismo.

Cierre por motivos políticos

Funcionarios de Conatel visitaron el 5 de marzo de 2021 las instalaciones de la emisora Radio Selecta 102.7 FM[9] en la ciudad de Machiques, estado Zulia. Tras una visita de inspección, confiscaron los equipos de transmisión y dejaron a la emisora fuera del aire. Esta medida se dio días después de que dirigentes de la oposición participaran en un programa de opinión que transmitía la estación.

Pedro Márquez, director presidente de la estación de radio, detalló que el motivo del cierre es de carácter político.

El origen y la causa por la cual Conatel confisca es porque decían que estábamos explotando el espacio radioeléctrico, pero todo es a raíz de la visita de dos diputados a una entrevista y bueno, fue atacada la radio (…) seis días después, Conatel se presenta y bueno, se lleva todos los equipos.

Tras el inicio del procedimiento administrativo, sus abogados le han hecho seguimiento para conocer el estatus del mismo, pero no han recibido una respuesta por parte de las autoridades. “Se había introducido una petición de nulidad, al parecer no había juez en la sala correspondiente a ese caso. Igual se introdujo, pero no hemos recibido más información”, detalló Márquez.

El ejercicio del periodismo en todo momento se ha visto afectado por este tipo de medidas. Luego de más de un año del cierre, en las instalaciones en donde funcionaba la emisora, la cual es una propiedad familiar, ahora se encuentra una academia de canto. Algunos de los trabajadores de Radio Selecta tuvieron que incorporarse a otros medios que existen en la región, mientras que otros se dedican a distintas labores económicas, ante la precarización de la profesión y los evidentes obstáculos para su desempeño.

A pesar de la situación y de la falta de respuesta por parte de Conatel, Márquez mantiene la esperanza de reanudar la labor informativa de la emisora.

Sigo esperando y  esperanzado de que se haga justicia y que nos dejen ejercer la carrera, el derecho a la información y retomar la labor con la que veníamos haciendo la radio, después de casi 16 años ininterrumpidos en la zona en la cual marcamos un legado, porque era una radio totalmente imparcial y equilibrada, donde todos tenían cabida.

El 24 de febrero de 2022, Espacio Público interpuso el recurso de nulidad frente al acto administrativo de Conatel hacia Radio Selecta. En las distintas diligencias los abogados de la emisora pudieron conocer de manera informal que el Tribunal que llevaba la causa era la Corte Primera de los Contencioso Administrativo, pero que el órgano judicial no contaba con un juez que adelantara el proceso.

Migración digital forzada

RCR

El 30 de abril de 2019 la emisora Radio Caracas Radio 750 AM (RCR) , la más antigua del país, terminó operaciones en señal abierta luego de que una comisión de Conatel, acompañada por funcionarios de inteligencia militar ordenara el cese inmediato de sus transmisiones. La situación se dio en medio de una jornada de protesta nacional en donde otros medios de comunicación y periodistas también vieron afectadas sus labores. La medida fue comunicada a través un oficio administrativo, mediante el cual le fue negada la renovación de los “títulos administrativos de concesión para la operación”. En el documento de seis páginas, además se les ordena el «CESE INMEDIATO» de las operaciones y se declara concluido el procedimiento de transformación de títulos, iniciado por la emisora el 15 de junio de 2002, es decir, 17 años antes.

En paralelo a la notificación de cierre de RCR que tuvimos que hacer de forma inmediata, una comisión anónima con un carro de Conatel se presentó por la fuerza en las instalaciones de transmisión, en El Junquito, y mediante amenaza a los empleados y al equipo de seguridad, de llevárselos presos, logran penetrar en la caseta de transmisión y se roban las cuatro piezas de un transmisión que son los excitadores. Los cuales están valorados entre 12000 y 30000 [dólares], cada una, señaló Jaime Nestares, director de RCR.

Esto se dio, a pesar de que los funcionarios presentes al momento del cierre de la emisora dejaron claro que no confiscarían ninguno de los equipos del medio de comunicación. “Cuando te mandan a dejar de transmitir, tu dejas de transmitir en tu estudio principal y el transmisor lo tienes que apagar, así fue como se hizo. Entonces no había ninguna necesidad de asaltar las instalaciones para llevarse esas piezas. ¿Por qué incautaron cuando no tenían derecho?”.

A propósito del silencio administrativo de los entes gubernamentales, Nestares precisó que desde el momento del cierre de la emisora, no han recibido notificaciones de Conatel sobre el estatus del procedimiento.

Conatel como ente administrativo no ha contestado, no se ha presentado en los actos donde se les ha citado. (...) Ellos no han contestado. El acto administrativo por el cual se nos notifica el cierre fue uno y nosotros lo hemos impugnado, eso está por resolverse.

De igual forma, el equipo jurídico de la emisora también introdujo un documento ante los Tribunales en el que solicitó la nulidad del acto y denunció el hurto de los equipos de transmisión, sin embargo, tampoco han recibido respuesta a su solicitud.

Jaime Nestares aseguró que el caso de RCR, en términos jurídicos, es igual al de Radio Caracas Televisión, cuya concesión no fue renovada por el gobierno de Hugo Chávez en el año 2007, tras 53 años de transmisión ininterrumpida.

El caso de RCR es idéntico al de RCTV, que ya goza de una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde le ordenaba al gobierno venezolano a devolver las estaciones incautadas (…) Es una sentencia de las más importantes en materia de derechos humanos y de derecho en Telecomunicaciones. Y el gobierno sencillamente lo que hizo fue declarar, a través de su tribunales que esa sentencia era imposible de cumplir.

Tras la visita de funcionarios de Conatel a RCR 750 AM, el medio de comunicación se vio obligado a poner fin inmediato a sus transmisiones en señal abierta y pasaron a transmitir todos sus contenidos a través de internet. A pesar de que, en líneas generales, mantienen su parrilla de programación y de que conservan la sede del medio, han tenido que reducir su personal, por motivos económicos. “Hemos tenido que reducir el personal porque no tenemos las ventas que teníamos cuando estábamos transmitiendo en abierto”, señaló Nestares. La migración al plano digital no los ha eximido de sus responsabilidades tributarias, así como de otras responsabilidades de ley.

Creo que se infiere claramente que el mayor reto que tiene el venezolano hoy en día como ciudadano es poder preservar, mantener y ejercer la libertad de expresión como una manera esencial y fundamental de poder compartir los problemas que se den y las posibles soluciones y sin eso una sociedad no puede avanzar, tan sencillo como eso, finalizó Nestares.

Los procesos administrativos que adelanta Conatel hacia emisoras de radio terminan por limitar la difusión de opiniones e informaciones, bien sea mediante cierres o presiones, se controla y restringe la difusión de ideas, opiniones o informaciones. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles son las competencias y el debido proceso que debe seguir la institución para garantizar el buen funcionamiento de la radio, de acuerdo a las leyes y normas que regulan el área.

Legalidad vs realidad

Cualquier operador de servicio de telecomunicaciones deberá obtener previamente la habilitación o concesión para operar por medio del uso del espectro radioeléctrico[10]. En caso que no se cuente con esta habilitación o que no le sea renovada, se entenderá que el operador de telecomunicaciones está en el “uso clandestino” del espectro radioeléctrico[11].

El problema es que Conatel usa el silencio administrativo como mecanismo de presión y persecución. El artículo 31 de la Lotel establece que si este órgano no se pronuncia dentro del plazo establecido frente a una solicitud de otorgamiento de habilitación o concesión, se entenderá como una negativa respecto de la solicitud formulada. Es decir, el silencio administrativo se convierte en una negativa, inmotivada, para ejercer profesionalmente la libertad de expresión.

Esto se traduce en que quienes solicitan la respectiva concesión por primera vez o buscan renovar su habilitación, no puedan operar de manera debida. Cuando Conatel no se pronuncia, las emisoras operan por omisión del Estado al margen de la ley. En efecto, la incertidumbre jurídica se convierte en un mecanismo de censura para limitar arbitrariamente la libre difusión de contenidos en radio y televisión.

Sanciones por el “uso clandestino” de la frecuencia

En cuanto al procedimiento administrativo, la sanción se impone a partir de una investigación de oficio por Conatel o por una denuncia recibida. En cualquier caso, las características son las siguientes:

  1. La Comisión funge como juez y parte en el procedimiento. Esto ocasiona que quien acusa es el mismo ente que decide, lo cual resta garantías para una debida defensa.
  2. El procedimiento se centraliza en la ciudad de Caracas, lo que obstaculiza la defensa en términos de movilidad. Emisoras de radio o televisión que operen en otras partes del país tienen serias dificultades para trasladar recursos a la ciudad capital.
  3. El organismo obliga a la defensa de la emisora o radio afectada por el procedimiento sancionatorio a acreditar la representación jurídica por medio de un poder, a pesar de que el artículo 26 la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Lopa) reconoce la representación “podrá ser otorgada por simple designación en la petición o recurso ante la administración”.
  4. Las consecuencias jurídicas en el ámbito administrativo son: a) el cese de sus operaciones e incautación de equipos de manera indefinida; b) clausura de los recintos o establecimientos donde se opere; d) multas por hasta cincuenta mil Unidades Tributarias (50.000 U.T.)[12]; e) prohibición del otorgamiento de habilitaciones a toda persona natural o jurídica sancionada por supuestas actividades clandestinas, que extiende a accionistas, socios, participantes o directivos.

Por otra parte, la responsabilidad penal frente al uso clandestino del espectro radioeléctrico es de uno a cuatro años de prisión. A la fecha, esta vía no es de uso regular por parte de Conatel. 

Consideraciones finales

El manejo arbitrario en la asignación de concesiones radioeléctricas y la discrecionalidad que mantiene la Conatel con respecto a los procedimientos administrativos hacia emisoras de radio del país constituye una grave violacion a la libertad de expresión, al impedir la libre difusión de información y opiniones. En tal sentido, las políticas implementadas por el gobierno nacional violan las leyes venezolanas, así como la normativa internacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, es obligación del Estado garantizar el derecho de la ciudadanía a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, mediante cualquier forma de expresión, para lo cual puede hacer uso de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura alguna[13]. De igual forma, el artículo 58 señala que toda persona tiene derecho a recibir información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios contenidos en dicho instrumento legal.

Con relación al hermetismo que mantiene Conatel en torno a los procesos administrativos que adelanta, el ente está en la obligación de dar respuesta oportuna y adecuada a toda solicitud o demanda introducida por cualquier persona ante dicha instancia, siempre que sea de su competencia[14]. Por último, en este sentido, también se establece que bajo ninguna circunstancia el Estado puede limitar o restringir el derecho a la información[15].

Según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley”, por lo que “la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”[16].

El artículo 13, numeral 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA sostiene que el derecho a la libertad de expresión no se puede restringir por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares (…) de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos usados en la difusión de información[17].

Finalmente, se debe entender que la libertad de expresión, “en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas”[18]. En tal sentido, el incumplimiento expreso de las leyes e instrumentos anteriormente mencionados refuerza el carácter antidemocrático del Estado venezolano.

Marco metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, escritores, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en portales de medios digitales, así como en redes sociales, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones y denuncias realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho a la libertad de expresión en la radio venezolana, por lo que adicionalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas, bajo el consentimiento de las víctimas, para ilustrar algunos casos relevantes.

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