Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el 24 de enero el cierre y la incautación de equipos de la emisora Criolla 100.7 FM, que operaba desde 2020 en el municipio Angostura del estado Bolívar (sur), bajo el argumento de que operaba “en la clandestinidad”.
La comisión de funcionarios de la Conatel llegó alrededor de las 8:00 a. m. a la sede de la emisora con una presunta orden de incautación del transmisor, el CPU y demás equipos que soportan la transmisión, según relató a Espacio Público el director de Criolla 100.7 FM, Luis Bello.1
“Llegaron alegando lo que, simple y llanamente, le alegan a todo el mundo: que somos una emisora clandestina e ilegal y que no deberíamos estar violentando el espacio radioeléctrico que maneja el Estado”, dijo Bello, quien les recordó que desde 2009 están esperando respuesta por parte de la Conatel a la solicitud de habilitación y/o concesión para operar.1
El director de la emisora enfatizó que en Ciudad Bolívar solo dos emisoras han recibido concesiones de las autoridades en los últimos 20 años y ambas son comunitarias, que en su mayoría a nivel nacional son operadas por personas afines al oficialismo o con vínculos con órganos públicos o partidistas. “¿Por qué no cierras las 30 emisoras que están ‘ilegales’?”, cuestionó Bello.1
Asegura que desconoce el motivo preciso del cierre y duda que haya sido por retaliación política dado que, según afirmó, Criolla 100.7 FM difunde música venezolana las 24 horas del día y sus programas independientes son completamente musicales. “Ni siquiera hay programas de información porque se nos pidió que nos teníamos que dedicar a la música venezolana, no podíamos generar opinión de ningún tipo”, dijo.1
El director de la emisora detalló que desde su salida al aire le prestaron servicio a la Gobernación del estado Bolívar y a la Alcaldía del municipio Angostura, ambas controladas por el oficialismo, y estaban entre sus anunciantes; también retransmitían el programa del alcalde oficialista Sergio Hernández.1
El cierre arbitrario de Criolla 100.7 FM viola el derecho al debido proceso y los principios y garantías que establece la Constitución venezolana en cuanto a la protección del derecho a la libertad de expresión. La falta de respuestas de la Conatel a las solicitudes de esta y otras emisoras evidencia un patrón que impide operar con todos los permisos en regla y facilita el cierre discrecional de emisoras sin derecho a la defensa.
