En el cuarto mes de 2025 hubo una disminución de la frecuencia de casos registrados sobre violaciones del derecho a la libertad de expresión, 5 en total, que representan diez violaciones del derecho, categorizadas en hostigamiento judicial (4), Intimidación (4) y censura (2). La detención arbitraria fue una constante en el mes.
Las instituciones del Estado fueron el principal victimario, con cinco casos, y los cuerpos de seguridad fueron identificados en tres ocasiones como violadores del derecho fundamental a la libertad de expresión. En cuanto a las víctimas, se vio afectada la ciudadanía en dos ocasiones, 2 particulares, un camarógrafo/a o técnico/a y un reportero/a.
Periodismo detenido
El Tribunal 1º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó este 10 de abril medida privativa de libertad en contra de la periodista de Impacto Venezuela, Nakary Mena, y de su esposo Gianni González bajo los cargos de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”, tras más de 70 horas desaparecidos. Ambos desparecienro en la tarde del 8 de abril luego de terminar de producir un reportaje en los alrededores de la Plaza Venezuela, en Caracas días después de la publicación en Impacto Venezuela de un reportaje sobre el incremento de robos en la ciudad.
Luis López, de 83 años de edad, tiene tres meses detenido. Lo apresaron el 21 de enero de 2025 por expresar con un cartel, las cifras de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 anunciadas por la oposición. Lo acusaron de “terrorismo” e “incitación al odio” y su familia alertó que tiene problemas de salud por enfermedades preexistentes.
El periodista y también defensor de derechos humanos en Venezuela, Carlos Julio Rojas, cumplió un año detenido arbitrariamente el 15 de abril. Eduardo Torres, su abogado, recordó que aún no tienen acceso al expediente del caso y que Rojas es víctima del “triángulo de la injusticia: jueces del terrorismo, la Fiscalía que no actúa de buena fe sino que es el brazo operativo para perseguir y encarcelar, y finalmente las defensas públicas”.
Édgar Cárdenas, secretario general del CNP recordó en una rueda de prensa que hay 13 periodistas/trabajadores de la prensa detenidos que no tienen acceso a un abogado de confianza y a quienes se le ha violado el derecho al debido proceso. “Al periodista o al trabajador de la prensa imputado falsamente se le priva de libertad y los juicios se desarrollan estando en cautiverio”.
El Juez Tercero de Juicio del estado Carabobo ratificó la condena de 15 años de prisión para el activista político Nelson Piñero, el 28 de abril. Cuando ocurrió la detención de Nelson Piñero, el 22 de noviembre de 2023, su hijo declaró que en su caso no se cumplió el debido proceso, así como tampoco hubo una orden judicial. Meses después, sus familiares informaron que Piñero no recibía tratamiento médico para su hipertensión, diabetes y enfermedad renal.
Conatel impuso medidas económicas a las empresas que brindan el servicio de Internet, un mecanismo indirecto que afecta el derecho a la libertad de expresión y se suma a los efectos de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. La inflación y el diferencial cambiario también pueden traducirse en menos personas con acceso a internet, menor calidad del servicio y falta de inversión en mejoras o actualización del sistema.
Las detenciones arbitrarias perpetúan el patrón de censura y buscan inhibir a comunicadores en ejercicio de publicar lo que ocurre en Venezuela si es contrario al discurso oficialista. El periodismo libre sigue buscando alternativas para difundir artículos de investigación y noticias que reflejan lo que sucede en el país, resguardando la identidad propia o de sus fuentes para evitar represalias.
La comunicación libre y sin miedo a represalias es un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en pactos internacionales suscritos por Venezuela y que el Estado tiene la obligación de proteger y promover. Las prácticas de detenciones arbitrarias, desapariciones y violaciones del derecho al debido proceso tienen que cesar. Buscar, recibir y difundir información es un derecho.
