Situación general del derecho a la libertad de expresión e información, entre enero y agosto 2026

Entre enero y agosto de 2026 registramos un total de 89 casos que engloban 170 denuncias¹ de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Si bien la cifra global de casos se mantiene cuantitativamente constante frente al mismo período del año pasado (89 casos), el total de incidencias sí registró un ligero incremento del 2% con respecto al total de denuncias documentadas en 2025 (167 denuncias). La naturaleza de las agresiones muestra una clara intención de las autoridades gubernamentales por mantener el cerco a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en general. Tal como lo advertimos luego del primer cuatrimestre del año, esta realidad pone en entredicho la supuesta flexibilización y apertura democrática que ha experimentado Venezuela tras brusca reestructuración del poder derivada de los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026.² 

Gráfico 1. Total de casos por mes

Enero inició con un importante número de 19 casos (21,35%), vinculado principalmente a la dinámica política de inicio de año. No obstante, el mayor pico represivo se concentró de manera crítica entre los meses de junio y julio, acumulando 22 casos (24,72%) y 18 casos (20,22%) respectivamente, sumando casi el 45% de la totalidad de incidentes. Este incremento coincidió con la coyuntura del doblete sísmico y el posterior despliegue de operativos de seguridad e inteligencia que derivaron en detenciones e impedimentos en el desplazamiento y cobertura periodística tanto en zonas afectadas como centros hospitalarios del país.

En este contexto generado tras el terremoto del 24 de junio, la cobertura de la emergencia se convirtió en una acción de alto riesgo para los trabajadores de la prensa. Las restricciones de acceso a hospitales, las limitaciones en zonas de rescate y el hostigamiento a reporteros nacionales y extranjeros evidenciaron una política de censura y opacidad oficial. Lejos de garantizar la transparencia informativa ante la tragedia, las autoridades intensificaron el control sobre la circulación de información y la denuncia ciudadana, criminalizando la labor de quienes documentaron tanto las consecuencias del terremoto, como las precariedades en la respuesta estatal. 

Con 81 registros, la intimidación ocupó el primer lugar en cuanto a los tipos de violación, acumulando el 47,65% del total. La censura ocupó el segundo lugar con 43 incidencias (25,29%). Completaron la tipología de agresiones el hostigamiento judicial con 15 registros (8,82%), las restricciones administrativas con 8 (4,71%). Los ataques, las amenazas y el hostigamiento verbal sumaron 6 registros (3,53%) cada una. Por último, se ubican las agresiones con 3 registros (1,76%) y 2 muertes (1,18%).

Durante este período, al igual que en 2025, registramos el cierre arbitrario de al menos 4 emisoras de radio ubicadas en los estados Táchira, Miranda, Carabobo y Distrito Capital. Estas medidas fueron ejecutadas por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en compañía de funcionarios de cuerpos de seguridad. En dos de estas situaciones los equipos de radiodifusión fueron confiscados por las autoridades.

Cuadro 1. Violaciones por tipo

• El reportero Reynaldo Mozo³, de Efecto Cocuyo, fue obstaculizado por un vigilante del Hospital J.M. de los Ríos, en Caracas, mientras registraba la llegada de un grupo de voluntarios desde Calabozo (Guárico) que trasladaba insumos y donaciones para los pacientes. El vigilante interpuso un obstáculo frente a la cámara para impedir el registro. Efecto Cocuyo rechazó públicamente el hecho.
• La profesora Nayibet Morales⁴ fue destituida el 14 de agosto de su cargo como directora de la Unidad Educativa Simón Rodríguez en Ciudad Guayana, estado Bolívar, tras haber participado en una manifestación y cuestionado públicamente al gobierno nacional el 12 de agosto. Morales denunció que esta medida fue la culminación de un constante acoso laboral ejercido contra ella y su personal por parte del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), cuyos supervisores ya les habían advertido que debían cuidarse debido a la delicada situación política y a la posibilidad de recibir represalias por asistir a protestas. 

Detenciones arbitrarias

Entre enero y agosto de 2026, las privaciones arbitrarias de libertad contra actores del ecosistema comunicacional sufrieron un aumento. Mientras que en el mismo lapso de 2025 se contabilizaron 24 detenciones, en 2026 la cifra ascendió a 29 trabajadores de la prensa y ciudadanos detenidos ilegalmente, la mayoría de corta duración, lo que representa un incremento del 20,8%. Este aumento evidencia la consolidación de la privación de libertad y la judicialización como mecanismos represivos para disuadir la cobertura de asuntos de interés público.

Cuadro 2. Detención por ocupación 

A diferencia de 2025, cuando la mayoría de las personas detenidas fueron ciudadanos particulares (54,17%), en 2026 el foco represivo se dirigió de forma sistemática contra los profesionales de los medios de comunicación. Los periodistas y reporteros concentraron la mayoría de las detenciones con 15 casos (51,72%), seguidos por 7 particulares (24,14%), 6 camarógrafos y técnicos (20,69%) y 1 reportero gráfico (3,45%). En total, el 75,86% de las privaciones de libertad corresponden a los trabajadores de la prensa, confirmando una política deliberada de desmantelamiento de los equipos de reportería sobre el terreno. 

Aunque a la fecha no existen periodistas encarcelados, sí se mantiene la detención arbitraria de dos personas infociudadanas por el ejercicio de la libertad de expresión: Manuel Antonio Sánchez⁵ y Cleive Solórzano⁶ desde el año pasado. 

• El 13 de enero, Yorman Acevedo⁷ fue detenido en Maracay, estado Aragua, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tras comentar un video en TikTok sobre el arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Permaneció 19 días en condición de desaparición forzada, periodo en el que sus familiares supieron del arresto por testigos pero ignoraban su paradero, hasta que confirmaron que estaba recluido en El Rodeo I imputado por “instigación al odio”. El 24 de marzo hubo un traslado de detenidos de El Rodeo I hacia el Centro Penitenciario Yare III y, de nuevo, su familia no tuvo información oficial, pero los parientes de otros detenidos les aseguraron que fue trasladado. Luego se lo llevaron a Yare II. El 26 de septiembre fue excarcelado, su boleta señala el delito de  “tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”. 
• El rescatista Wilmer Antonio Cruz⁸, conocido como «El Topo de La Guaira», sufrió una detención arbitraria la madrugada del 2 de julio a manos de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. El arresto se produjo poco después de haber denunciado públicamente la escasez de maquinaria e insumos especializados para los rescates tras los terremotos. Su captura provocó alertas de desaparición forzada por parte de la comunidad ante el desconocimiento de su paradero, una situación que se extendió hasta su excarcelación la tarde del 3 de julio bajo medidas cautelares, sin que las autoridades ofrecieran explicaciones sobre los motivos del arresto ni los cargos imputados.

Víctimas y victimarios

El registro de agresiones identificó a un total de 122 víctimas directas. El gremio periodístico continuó siendo el sector más afectado por la violencia institucional, encabezando la lista de víctimas con 70 registros, lo que equivale al 57,38%. En segundo lugar, se ubican los particulares con 18 víctimas (14,75%), seguidos por los medios de comunicación con 14 (11,48%), los camarógrafos y técnicos con 7 (5,74%), los reporteros gráficos con 6 (4,92%), la ciudadanía en general con 2 (1,64%), las páginas o plataformas web con 2 (1,64%), los trabajadores públicos con 2 (1,64%) y miembros de organizaciones no gubernamentales con 1 registro (0,82%). Al agrupar las categorías correspondientes a los trabajadores de la prensa, estos concentraron el 68% del total de registros.

Cuadro 3. Víctimas por ocupación 

• Mientras realizaba la cobertura de la emergencia por los terremotos en Venezuela, la periodista británica Catherine Ellis⁹ fue interrogada por dos hombres que se identificaron como funcionarios de inteligencia. El suceso tuvo lugar la noche del 4 de julio en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda (Parque del Este), en Caracas, mientras entrevistaba a voluntarios y familias damnificadas alojadas en campamentos temporales. Ellis, quien suele reportar sobre derechos humanos, medioambiente y migración para medios internacionales en Colombia y ahora en territorio venezolano, ya había denunciado en días previos tropiezos logísticos y escasez de información oficial en el marco de su labor informativa.
• El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna¹⁰, instó el 15 de julio a los medios de comunicación y periodistas a suspender por 15 días la difusión de cualquier información vinculada a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio. Esta solicitud de censura temporal, la respaldó bajo el argumento de cuidar la salud mental de la población.
• Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fotografió y grabó a los periodistas María Fernanda Bolívar de En el Mapa 360; Cristian Hernández de Reporte Ciudadano, y a Marky Briceño de VPI TV, tras dar cobertura a una protesta por falta de servicio eléctrico en Barcelona, estado Anzoátegui¹¹. Cuando se retiraban del lugar, tras hacer la cobertura, el uniformado siguió y grabó el vehículo de Cristian Hernández, quien pidió una explicación al militar pero no recibió ninguna respuesta.

La muerte violenta de un periodista constituye un hecho de extrema gravedad, no solo por la pérdida de una vida humana, sino porque atenta de forma directa contra el derecho a la información y socava las bases del ejercicio periodístico, independientemente del contexto en el que ocurra.

El 3 de marzo se conoció el asesinato del periodista Walter Alexander Jaimes, tras haber salido de su casa a una pauta informativa el 28 de febrero y no regresar. Su cuerpo fue hallado en la carretera La Variante, en la ciudad de Mérida (estado Mérida), según dio a conocer el periodista Daniel Molina mediante el reconocimiento del cadáver a través de fotos. Por su parte, el 10 de marzo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó en un acto en Mérida que el presunto asesino ya fue detenido por un «tema personal» de causas «muy claras». Esto a pesar de que ni el CICPC ni el Ministerio Público han dado información pública oficial al respecto.

Posteriormente, el 10 de marzo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua, informó sobre el hallazgo del cadáver de la periodista Yolimar Hidalgo¹² en una vivienda del sector Huete, en Cagua, estado Aragua, donde efectivos del CICPC se habían trasladado el domingo 8 para iniciar las averiguaciones según el diario El Siglo, sin que hasta la fecha se ofrezca información pública oficial sobre los avances de la investigación para determinar causas y responsabilidades.

Cuadro 4. Victimarios por ocupación 

En lo que respecta a los victimarios, los cuerpos de seguridad del Estado se ubican en el primer lugar, sumando al menos 50 registros (48,08%).  Seguidos por las instituciones del Estado, las cuales acumularon 20 registros (19,23%). Esta realidad demuestra que los impedimentos al momento de buscar, recibir y difundir información forman parte de las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo.

Completan la lista de victimarios los funcionarios públicos con 14 registros (13,46%), los atacantes informáticos con 8 registros (7,69%), victimarios desconocidos con 6 (5,77%), particulares con 2 (1,92%), simpatizantes del oficialismo con 2 (1,92%) y operadoras privadas de telecomunicaciones con 2 registros (1,92%). 

Casos por ubicación

La distribución geográfica de los casos registrados entre enero y agosto de 2026 revela una clara concentración de las incidencias en la región capital del país. Del total de casos monitoreados, el Distrito Capital encabezó las mediciones con 30 situaciones (33,71%), seguido por el estado Miranda, el cual registró 10 casos (11,24%) y el estado Vargas (La Guaira) con 6 (6,74%). Esta elevada incidencia está relacionada principalmente con las afectaciones generadas por el terremoto del 24 de junio, ya que estos territorios fueron los más afectados. 

Las incidencias en el plano digital acumularon 16 casos (17,98%). Los patrones en el entorno virtual estuvieron caracterizados por la criminalización de opiniones y contenidos, mediante cuatro detenciones por difusión en aplicaciones de mensajería y redes sociales¹³, ataques informáticos¹⁴, así como fallas masivas de conectividad y suspensiones de cuentas por supuestos reclamos de derechos de autor¹⁵   

Marco teórico metodológico

El registro parte de la libertad de expresión e información como derecho humano que corresponde a toda persona, independientemente de su oficio o profesión. Esto incluye entre las categorías frecuentes, no únicas, a: PARTICULARES: quienes no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan medios y recursos a su alcance, digitales o analógicos, para expresar ideas, opiniones o contenidos de interés público. PERIODISTAS, REPORTEROS/AS: personas que se dedican de manera profesional a la comunicación, o que constituye su dedicación principal o dominante.

Por CASO se entiende el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo evento o caso se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables, varias víctimas, así como varias DENUNCIAS de violaciones o restricciones al derecho. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

El registro se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron diferentes variables, entre ellas: área geográfica o espacio de ocurrencia; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, particulares, medios); tipología según el área de trabajo (fotógrafos, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías de violaciones:

AGRESIÓN: en el caso de personas heridas o golpeadas por civiles o por fuerzas de seguridad.

ATAQUE: estructura física de instituciones o personas dañadas o asaltados por la difusión de noticias u opiniones o contenidos.

AMENAZA: en forma personal, por teléfono, por mensajes de texto, voz u otra modalidad. Agresión a las propiedades de una persona, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo, o ataques, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.

CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas o documentos de identidad negados o suspendidos arbitrariamente.

INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.

HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas y reporteros de revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

HOSTIGAMIENTO VERBAL: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos, opiniones o contenidos específicos.

RESTRICCIONES LEGALES: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de expresión y de prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.

RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.

MUERTE: periodistas o ciudadanos asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico, por o posiblemente a causa de buscar/difundir información, o por motivo de éste, luego de su realización.

Las descripciones de las categorías son generales, incluye ejemplos de denuncias registradas a modo de ejemplo, no configura una lista exhaustiva o cerrada.

Para validar las posibles causas de violaciones graves¹⁶ en relación al ejercicio de la libertad de expresión, se revisan antecedentes sobre la difusión de contenidos, restricciones, amenazas u hostigamientos previos, así como las investigaciones judiciales que cumplan con las garantías legales del Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos. Ante la ausencia de investigaciones adecuadas, y la existencia de antecedentes restrictivos, se asume el ejercicio del derecho como causa de la violación hasta la aparición de nueva información corroborada o investigaciones penales debidas que demuestren lo contrario. Esto puede explicar la exclusión de casos en informes posteriores. 

Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en medios de comunicación a nivel nacional o regional, así como el testimonio de las víctimas y personas afectadas, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional e internacional. 

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes.

1. Se entiende por caso el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo caso se pueden contabilizar distintas víctimas y violaciones [↩]
2.  Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses, el gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez ha liberado personas detenidas por razones políticas y líderes que permanecían en el exilio han podido regresar a territorio venezolano. Sin embargo, a la fecha más de 400 personas siguen detenidas por razones políticas.[↩]
3. Espacio Público, 2 de julio de 2026. Libertad de expresión durante la emergencia por los terremotos en Venezuela 24 al 28 de junio de 2026. Recuperado en https://espaciopublico.ong/libertad-de-expresion-durante-la-emergencia-por-los-terremotos-en-venezuela-24-al-28-de-junio-de-2026/ [↩]
4. Espacio Público, 21 de agosto de 2026. Suspenden de su cargo a una profesora por cuestionar al Gobierno. Recuperado en https://espaciopublico.ong/suspenden-de-su-cargo-a-una-profesora-por-cuestionar-al-gobierno/ [↩]
5. Espacio Público, 26 de agosto de 2026. Rosalba Pereira: “A Manuel le tendieron una trampa”. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/rosalba-pereira-a-manuel-le-tendieron-una-trampa/ [↩]
6. Cleive Solórzano, detenido el 12 de noviembre de 2025. Acusado de “instigación al odio” por la publicación de un video en la red social TikTok en el que solicitó información y ayuda al Gobierno sobre el paradero de su hermano. Está recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Caracas.[↩]
7.  Espacio Público, 7 de abril de 2026. Un comentario en TikTok le costó la libertad a Yorman Acevedo. Recuperado en https://espaciopublico.ong/un-comentario-en-tiktok-le-costo-la-libertad-a-yorman-acevedo/ [↩]
8. Espacio Público, 6 julio de 2026. El ejercicio a la libre expresión bajo amenaza en plena emergencia. Recuperado https://espaciopublico.ong/el-ejercicio-a-la-libre-expresion-bajo-amenaza-en-plena-emergencia/ [↩]
9. Ibidem.[↩]
10.  Espacio Público, 17 de julio de 2026. Gobernador de Monagas insta a periodistas a “detener” información sobre sismos durante 15 días. Recuperado en https://espaciopublico.ong/instan-a-periodistas-de-monagas-detener-informacion-sobre-sismos/[↩]
11.  Oriente24 – (@Oriente24News), 15 de agosto en Instagram. Recuperado en https://www.instagram.com/p/DcC_8YvOFyS/ [↩]
12. Espacio Público, 12 de marzo de 2026. Hallan sin vida a la periodista Yolimar Hidalgo. Recuperado en  https://espaciopublico.ong/hallan-sin-vida-a-la-periodista-yolimar-hidalgo/ [↩]
13.  Por difusión de contenidos en WhatsApp y TikTok. En tres casos se registraron excarcelaciones.[↩]
14. TalCual en X, enero de 2026. Recuperado en: https://x.com/DiarioTalCual/status/2008554420166852693[↩]
15. Se registraron dos casos. El Nacional, https://espaciopublico.ong/instagram-suspende-cuenta-de-el-nacional/ y “Kilómetro”, https://espaciopublico.ong/instagram-cancela-cuenta-de-kilometro/.[↩]
16.  Violaciones graves a los derechos humanos son aquellas que ponen en riesgo de muerte o privación de libertad de forma inminente a personas por ejercer sus libertades. En este caso nos referimos en principio y según su alcance en cada caso a: detenciones arbitrarias, ataques, agresiones, amenazas y muerte.[↩]