El doble terremoto de 7,2 y 7,5 de magnitud que sacudió el miércoles 24 de junio de 2026 la región centro-norte de Venezuela dejó, hasta este domingo 5 de julio, unas 3.342 personas muertas, unas 16.740 heridas y 17.345 sin vivienda según cifras oficiales, siendo el estado La Guaira el más afectado y declarado como zona de desastre.
Esta catástrofe natural hizo que periodistas nacionales e internacionales se volcaran de inmediato a atender la emergencia informativa en el terreno de las zonas afectadas y atender las denuncias por parte de sobrevivientes y familiares de las víctimas quienes exigen y ruegan la llegada de maquinarias e instrumentos para rescatar a sus seres queridos que permanecen bajo los escombros por la tardía acción de los funcionarios gubernamentales.
Pese a la emergencia nacional, las autoridades gubernamentales no desbloquearon los más de 200 dominios, entre esos, unas 94 webs de noticias que tienen esta restricción desde hace una década. Solo algunos usuarios digitales informaron que a la red social X se podía acceder sin el uso de VPN, es decir, resultó un desbloqueo parcial y discrecional.
Además, obligaron que los medios y corresponsales tanto nacionales como extranjeros debían acreditarse con un brazalete en una carpa que pusieron base aérea en de La Carlota, Caracas. Esto, según, para que los trabajadores de la prensa pudieran cumplir con su labor de buscar, recibir y difundir información en zonas de Caracas y en La Guaira.
Sin embargo, las restricciones a la prensa iniciaron el viernes 26 con la amenaza de detención al locutor Gabriel Tinoco y, en lo sucesivo, a diferentes trabajadores de la prensa hasta el 30 de junio.
El inicio del séptimo mes del año no fue distinto. El miércoles 1 de julio el ciudadano Sebastián Martínez responsabilizó a las autoridades venezolanas sobre una persecución en su contra luego de servir como traductor para los soldados norteamericanos el jueves 25 de junio.
A través de las redes sociales, Martínez informó por medio de la cuenta de otra persona, que cerraron sus perfiles en las plataformas digitales y agregó: “Fui ayudante y rescatista para las personas que estaban atrapadas bajo los escombros. Pido ayuda”, expresó. 1
Mientras que el jueves 2 de julio, el medio de comunicación Visión24Televisión informó que el rescatista chileno, Francisco Larmanda, integrante de Topos Chile, alertó que militares venezolanos impidieron que tanto él como a otras cuatro personas de su brigada regresaran a la zona de desastre en La Guaira y que uno de los uniformados le revisó su teléfono, en especial, la galería de fotos, antes de devolverle el equipo. 2
Ese mismo día el periodista Oscar Ramírez, corresponsal del medio Just The News, alertó que los funcionarios militares indicaron que debía apagar la transmisión y retirarse del lugar, en La Guaira, por “medidas de seguridad”. Además, recibió una amenaza de detención. 3
A esta situación con los trabajadores de la prensa, se le sumaron las denuncias por parte de los familiares de las víctimas, las cuales se hicieron virales en las redes sociales por cuestionar la inacción de los cuerpos de seguridad del Estado ante el doble terremoto. Una de estas denuncias resultó ser la de Wilmer Antonio Cruz, a quien bautizaron como “El topo de La Guaira”, quien reclamó la falta de maquinarias y herramientas para rescatar a sus parientes de los escombros en el sector Caribe, donde estaban los edificios OPP (Obras Públicas Presidenciales) dentro del proyecto Misión Vivienda que creó el fallecido presidente Hugo Chávez Frías como opción habitacional para las personas damnificadas tras el deslave de La Guaira en el año 1999.
Luego de su denuncia, Cruz desapareció arbitrariamente y enseguida las organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad civil reclamaron información sobre el paradero de “El topo”, quien apareció unas 24 horas después con régimen de presentación, informó la organización Provea por una presunta acusación de “hurto”. 4
Posteriormente, la noche del viernes 3, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ofreció una rueda de prensa a los medios internacionales, donde no hubo preguntas cómodas, sino con las denuncias de la gente sobre la falta de apoyo nacional para las víctimas del doble sismo.
A las interrogantes, Rodríguez salió al paso e invitó a los medios a que hagan un estudio comparativo porque “nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron”. Además, le indicó a la periodista española María Martin que cuente las horas en que ocurrió el doble terremoto y el momento en que se decreta la activación del estado mayor, porque según se activaron unos 4.000 funcionarios y 48 horas después ya estaban 11.000 funcionarios.
Mientras que el día sábado 4 de julio, la periodista británica Catherine Ellis denunció que estuvo en el Parque del Este -lugar donde ubicaron al principio a las personas que quedaron sin vivienda-, entrevistando a voluntarios y familias afectadas que acamparon ahí, cuando de pronto dos hombres se le acercaron y le preguntaron si ella era periodista, que de dónde venía y qué estaba haciendo. Uno de ellos le indicó que pertenecía a la policía de inteligencia.
Ella les mostró su credencial de prensa internacional, pero el interrogatorio siguió bajo el argumento que en el parque estaban secuestrando niños. “Les pregunté si pensaban que yo estaba robando niños. Dijeron que no”, escribió Ellis a través de su cuenta en X.
Además, estos dos presuntos funcionarios fotografiaron su pasaporte y le indicaron que la idea no era hacerla sentir incómoda. “Yo dije que ya lo habían hecho”, les respondió. 5
Recordamos que las denuncias de los residentes de La Guaira y zonas afectadas en Caracas y los reportes periodísticos no salen de un “laboratorio mediático”, nacen de la desesperación real por comida, agua y rescates eficientes. Descalificar al ciudadano es abandonar su dolor.
Exigimos al Estado venezolano que cesen las persecuciones y los hostigamientos tanto para los trabajadores de la prensa que se enfocaron en tender puentes para las necesidades de las personas víctimas del doblete sísmico.
- Sebastián Martínez, 1 de julio de 2026. La Red de Voluntarios Intérpretes apagó sus plataformas luego de denunciar una presunta “cacería”. Disponible en: https://x.com/LaVerdadVargas/status/2072485070909133195 [↩]
- Vision24 Televisión, 2 de julio de 2026. Francisco Larmanda de Topos de Chile denuncia que militares le impidieron a él y a otras cuatro personas de su brigada regresar a la zona de desastre en La Guaira. Disponible en: https://x.com/vision24tv [↩]
- Just The News, 2 de julio de 2026. Tenemos algo de hostilidad en este momento, tenemos a la inteligencia militar de Venezuela intentando decirnos que necesitamos apagar nuestra transmisión. Disponible en: https://x.com/JustTheNews/status/2072815590872629320 [↩]
- Provea, 3 de julio de 2026. Wilmer Cruz fue liberado bajo una medida cautelar sustitutiva. Disponible en: https://x.com/_Provea/status/2073202508478960115 [↩]
- Catherine Ellis, 4 de julio de 2026. Estaba en el Parque del Este esta noche hablando con voluntarios y familias afectadas. Disponible en: https://x.com/i/status/2073573686573945035 [↩]
