Situación general del derecho a la libertad de expresión. Informe enero – abril 2021

Durante el primer cuatrimestre del 2021 se han registrado al menos 74 casos, que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela¹. El número de casos representa una disminución del 54% con relación al total de casos y del 66% con respecto al número de violaciones registrados durante el mismo periodo. En tal sentido, se contabilizaron 16 casos durante el mes de enero, 21 en febrero, 18 en marzo y 19 en abril. Cabe destacar, que por segundo año consecutivo tanto el número de casos, como el número de violaciones experimentaron un descenso considerando los datos del año previo.

Si bien las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia, han sido menos estrictas durante los últimos meses, la labor de la prensa ha continuado siendo objeto de limitaciones por parte de las autoridades y las instituciones gubernamentales. En repetidas oportunidades se documentaron cierres de medios de comunicación, ataques y bloqueos a páginas web, impedimentos a la cobertura y hostigamiento en contra de ciudadanos por el uso de las redes sociales.

Con relación a las violaciones contabilizadas, encontramos que la censura (49) ocupó un tercio del total, seguidas por intimidación (31), restricciones administrativas (21), hostigamientos verbales (16) y amenazas (15). Los hostigamientos judiciales (11), ataques (5) y agresiones (2) completan la lista.

Cierre de medios de comunicación

Durante 2020 fueron cerradas 18 emisoras radiales , cuatro medios impresos y dos medios digitales², en procedimientos llevados a cabo principalmente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en compañía de cuerpos de seguridad del Estado. Esta práctica se ha mantenido presente durante los primeros meses del año, apuntando a fortalecer la hegemonía comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro y limitando la pluralidad informativa en Venezuela. Entre enero y abril, fueron cerrados al menos 4 medios de comunicación: 3 emisoras de radio y 1 medio de comunicación digital.

• El 8 de enero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) realizaron un operativo en las sedes de Venezolanos por la Información³ (VPI TV), en Caracas. Aproximadamente trece funcionarios de ambos entes, visitaron la sede del medio ubicada en la urbanización Los Dos Caminos y luego acudieron a la sede de La Florida. Durante ambas visitas mantuvieron detenidos a los trabajadores que se encontraban en el lugar. «Sin presentar orden por escrito, están inspeccionando las instalaciones, interrogando al personal, solicitando documentos e información operativa y administrativa. Incluso solicitaron claves de los procesos de transmisión y además revisaron correos electrónicos relacionados a la operación de VPITV», explicó el medio en un comunicado. Luego de realizar un inventario, los funcionarios cargaron con equipos de transmisión, cámaras, computadoras y otros equipos necesarios para cumplir la labor informativa. Desde entonces las operaciones del canal, en Venezuela, han permanecido suspendidas.
• El 26 de febrero funcionarios de la Conatel ordenaron apagar la señal de transmisión de la emisora de Radio VEA 100.7 FM⁴, ubicada en la avenida Manaure, de Coro, estado Falcón. Según el portal digital El Pitazo los funcionarios levantaron un acta de notificación del cierre, pero no decomisaron los equipos de trasmisión localizados en la radio.
• Funcionarios de la Conatel se presentaron en las instalaciones de la emisora Radio Selecta 102.7 FM⁵, el 5 de marzo. La emisora, con sede en la ciudad de Machiques, estado Zulia, fue objeto de una supuesta visita de inspección, la cual concluyó con la confiscación de los equipos de transmisión, dejando a la emisora fuera del aire. Trascendió que Conatel confiscó dos computadoras, tres micrófonos AT 2020, un procesador de sonido y un transmisor de la estación que tenía 13 años de labor ininterrumpida. Este hecho ocurrió una semana después de que Radio Selecta fuese atacada por un grupo de indígenas Yukpas presuntamente bajo la orden de la alcaldesa Betty de Zuleta, cuando se llevaba a cabo una entrevista a los dirigentes políticos Juan Pablo Guanipa, Avilio Troconiz y Julio Montoya.

Impedimentos a la cobertura

Los impedimentos por parte de funcionarios de instituciones públicas o miembros de cuerpos de seguridad a la labor que realizan los trabajadores de la prensa e infociudadanos al buscar información o cubrir hechos noticiosos representan una constante. En los últimos meses, en la mayoría de las ocasiones, estas medidas han sido atribuidas a las restricciones impuestas con motivo de la pandemia por la Covid-19 en Venezuela.

• Un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) amenazó con encarcelar al corresponsal de ABC News Miami, Daniel Blanco Paz⁶, por unas grabaciones que hizo en las inmediaciones del concesionario Makinas Auto Sales, en El Rosal, Caracas, el 28 de enero. El efectivo abordó a Blanco diciéndole que «está prohibido grabar» y que debía «borrar todo el material que tenía en la cámara». Posteriormente, obligó a Blanco a eliminar todo el material que había registrado. Tras un descuido del funcionario, el periodista aprovechó para retirarse del concesionario.
• El 12 de marzo los escoltas del alcalde Pablo Acosta intimidaron al periodista de la emisora Súper Stéreo 94.5 FM, Jhonattam Petit⁷, cuando intentaba ingresar a la sede de la estación en Santa Ana de Coro, estado Falcón. Petit fue a la radio a entregar unos audios para «adelantar» el trabajo del lunes 15 y martes 16 de marzo porque el fin de semana se ausentaría de la ciudad, pero funcionarios policiales que mantenían tomada la emisora le prohibieron el acceso.
• El 16 de marzo el jefe de seguridad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Richard La Rosa, amenazó con golpear a la periodista de Unión Radio, Rosibel González⁸ mientras realizaba la cobertura en la morgue de Bello Monte. A través de su cuenta de Twitter, González aseguró que no es la primera vez que este funcionario amenaza con golpes a las reporteras pero que en esta oportunidad La Rosa la amenazó de muerte.

#DenunciaCiudadana No es la primera vez que el jefe de seguridad Richard La Rosa, amenaza con golpes a reporteras que cubren la fuente de #sucesos en el @MijpSenamecf. #Hoy Fui amenazada, y esto ha pasado en reiteradas ocasiones. #informarnoesdelito @ReporteYa @CNPCaracas pic.twitter.com/ulNOn9WQp9

— Rosibel Cristina González (@RosibelCGV) March 16, 2021

Detenciones por uso de redes sociales y servicios de mensajería

Entre enero y abril, fueron detenidas al menos 5 personas por difusión de informaciones, ideas u opiniones en línea. Destacan las detenciones por difusión de contenido satírico a través de la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp y por la utilización de la red social Tik Tok, una plataforma cuyo uso se popularizó en el país desde el inicio de la pandemia y que es utilizada para compartir videos cortos personalizados.

• El 28 de febrero, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a José Pérez⁹, por la publicación de un video en TikTok. En el material visual, el tiktoker cuestionó los privilegios de la hija del cantante Omar Enrique y los nexos de éste con el chavismo. Pérez fue contactado vía telefónica por la esposa cantante, María Buitrago, quien además de comentarle su molestia lo amenazó con que «estará manchadito de rojo». A pesar de que Pérez se disculpó con la familia y retiró el video, una comisión del cuerpo policial, comandada por el inspector Alberto Dugarte; jefe de delitos informáticos del Cicpc sede Urdaneta, lo detuvo sin una orden judicial. Tras 20 días detenido, el Tribunal dictó medidas cautelares entre las que están: prohibición a Pérez de hablar públicamente sobre su caso, prohibición de salida del país, régimen de presentación cada 15 días.
• El 30 de marzo, la periodista Milagros Mata Gil¹⁰ y el escritor Juan Manuel Muñoz fueron detenidos por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) luego de que estos difundieran un artículo satírico a través de WhatsApp. «Fiesta Mortal» es el nombre del artículo compartido por Mata Gil en un grupo de WhatsApp y en él se describe una celebración de más de 800 invitados entre los que cuenta el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab y a su familia. El tribunal tercero de control excarceló a ambos el 1 de abril bajo régimen de presentación cada 30 días, prohibición de hablar públicamente sobre su caso y les confiscaron sus teléfonos celulares mientras les vacían los datos.

• Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional interrogaron al ciudadano Luis Morales el 22 de abril por grabar y subir un video acerca de la vacuna china en la red social TikTok. Morales, quien también era conductor de trenes del sistema ferroviario de los Valles del Tuy, mostró en el material audiovisual un clip de comedia sobre los efectos secundarios que podría desarrollar si le aplicaban una vacuna de origen chino para prevenir el contagio del coronavirus. Posteriormente fue despedido de su puesto de trabajo.

Víctimas y victimarios

Dentro del universo de víctimas, se contabilizan 30 periodistas, 23 medios de comunicación, 9 organizaciones no gubernamentales (o miembros de ONG) y 8 trabajadores públicos; siendo estos los más afectados durante el primer cuatrimestre del 2021. Mientras que los principales victimarios fueron las instituciones del Estado, en 28 ocasiones; funcionarios(as) en 19 y cuerpos de seguridad en 18 oportunidades. Los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación, así como las restricciones administrativas impuestas desde organismos públicos limitaron en gran medida el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información.

• El 4 de febrero el Ministerio Público, del estado Carabobo, citó en calidad de «investigado» al reportero de El Carabobeño, Kevin Arteaga¹¹, a propósito de la cobertura que realizó de una protesta por servicios. Dos semanas antes, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), solicitó al departamento de Recursos Humanos de El Carabobeño, la consignación de los datos filiatorios del periodista, sin explicar el motivo de ese requerimiento.
• El 9 de febrero la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) bloqueó el portal web de InSight Crime¹². Según el observatorio de internet Ve sin Filtro, el bloqueo se llevó a cabo días después de que publicara su informe anual sobre homicidios en Latinoamérica. A través de la red social Twitter de Ve sin Filtro detalló que el «bloqueo parcialmente efectivo» inició el pasado sábado 6 de febrero, poco después de la publicación del reporte en el que Venezuela figuró como el segundo país más violento durante el año 2020.
• La coordinadora del medio oficialista Ciudad Maracay, María Fernanda Pérez hostigó a la corresponsal de Cronica.Uno, Gregoria Díaz¹³, el 14 de abril. La acción estuvo motivada por la publicación de un reportaje sobre el déficit de camas para pacientes con coronavirus en el estado Aragua. A través de sus estados de WhatsApp la coordinadora de Ciudad Maracay calificó de «palangrista» y «miserable» a raíz de la publicación de un trabajo, en el portal Cronica.Uno, sobre la situación de las camas para pacientes con Covid-19, en el Hospital Central de Maracay.

Marco metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.