Balance sobre la situación del derecho a la reunión y manifestación en Venezuela en 2018

Por Ivahnova González.¹- El periodo analizado da cuenta del número de movimientos de calle que se realizaron durante el año 2018. De acuerdo a los datos suministrados por el monitoreo diario, se determinó que durante este año, los venezolanos se movilizaron en 2202² oportunidades en todo el territorio nacional.

Muchas demandas, una protesta

El deterioro progresivo de los servicios públicos y la pérdida del poder adquisitivo que golpea la capacidad de compra del ciudadano, sumado al empobrecimiento acelerado de la población, el alto costo y la escasez de los alimentos, así como las fallas en el sistema público de distribución de  alimentos CLAP³. Asimismo, las constantes fallas e irregularidades en el sistema de salud, los altos niveles de inseguridad ciudadana, además de la imposición de políticas deficientes que impactan con mayor dureza a los grupos más vulnerables, condujeron hacia una nueva reconfiguración en el número de reclamos realizados en una misma movilización.

En la radiografía de los movimientos de calle realizados durante el 2018, se registró que las comunidades salieron en esta oportunidad no sólo motivados por la exigencia de un derecho en particular. El monitoreo diario observó que 19,98% de las movilizaciones realizadas por la ciudadanía, concentraban varias demandas en una sola expresión; es decir, manifestaciones conformadas por dos o más exigencias en un mismo evento, que funcionaron como válvulas para expresar la insatisfacción acumulada ante la pobreza, la arbitrariedad y la indiferencia del gobierno, y que orientó a la consolidación del malestar e inconformidad de los distintos grupos sociales hacia la gestión política liderada por Nicolás Maduro.

Dentro de un mismo hecho, se observó una diversidad y combinación de las demandas. En general se observó que las comunidades se organizaron y levantaron su voz para exigir el derecho a la alimentación, al trabajo, a la educación, a mejoras en la prestación de servicios públicos, así como la garantía de los derechos políticos/civiles, de manera conjunta, con el fin de llamar la atención de las autoridades sobre no una, sino del cúmulo de problemáticas que agobian colectivamente.

A continuación, una breve cronología con algunas de las situaciones que caracterizaron la dinámica del país durante el 2018, y que exponen el desmejoramiento de la calidad de vida de la nación. 

Durante el 2018 se registraron una serie de eventos que marcaron la historia venezolana, y que dan cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas dentro del territorio nacional, materializados en las restricciones de las garantías y libertades democráticas y las sucesivas y sistemática violación de los derechos humanos.

En primer lugar, se inicia con los hechos ocurridos el 5 de enero en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, en un acto en donde se juramentó el diputado Omar Barboza como presidente, para el periodo comprendido entre el 2018 -2019, sucediendo a Julio Borges. Ese mismo mes, el 15 de enero, es ejecutado Oscar Pérez, ex-inspector del CICPC⁴, en la parroquia El Junquito, en la ciudad de Caracas, por parte de los cuerpos de seguridad y grupos parapoliciales. En una operación que fue denominada como Operación Gedeón, Pérez y su equipo, fueron desmantelados, arrestados y posteriormente ejecutados⁵. 

Mientras tanto, ese mismo día, el 15 de enero, Nicolás Maduro presentaba la memoria y cuenta del año 2017 ante la ANC⁶, a la que reconoce  “como máxima instancia para rendir cuenta en este año 2018”, ya que la Asamblea Nacional de acuerdo al oficialismo, se encuentra en desacato⁷. Dos días más tarde, el 18 de enero, los países miembros de la Unión Europea, impusieron sanciones a altos funcionarios del gobierno venezolano como Néstor Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz, Maikel Moreno, presidente del TSJ y a Diosdado Cabello, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, y otros siete altos funcionarios del gobierno, por actos represivos cometidos durante las manifestaciones y violaciones a los derechos humanos. Las sanciones implicaron la prohibición de entrar a territorio europeo y congelación de activos y bienes⁸.

El 18 de enero, familiares del ex-CICPC, Oscar Pérez y los otros miembros del equipo que participaron en la Operación Gedeón, hicieron acto de presencia en la morgue de Bello Monte para exigirle a las autoridades la entrega de los cuerpos⁹. El día 20 de enero, y sin actos velatorios fueron enterrados dos miembros del equipo. Un día después,  el 21 de enero, en horas de la madrugada, el cuerpo de Oscar Pérez fue sepultado en el cementerio del este.

El 2 de febrero, el Partido Socialista de Venezuela, confirmó  que eligió como candidato a Nicolás Maduro¹⁰, mientras que el Consejo Nacional Electoral comunicó que el partido político Primero Justicia, no podría participar en las elecciones presidenciales convocadas para ese año¹¹. Por su parte, Nicolás Maduro, el 3 de febrero, exige al CNE¹² fijar fechas para realizar los comicios, acompañado por Diosdado Cabello, quien el 20 de febrero, propuso adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional.

El 1 de marzo de 2018, el Consejo Nacional Electoral anunció el calendario de las controvertidas elecciones presidenciales, quedando fijadas para el 20 de mayo¹³. Seguidamente, el 22 de marzo y dentro del marco del programa de recuperación y prosperidad económica, Nicolás Maduro anunció una nueva reconversión monetaria. Inicialmente, el plan contemplaba la eliminación de tres ceros a la moneda, sin embargo; este esquema fue modificado posteriormente, quedando establecido la supresión de cinco ceros. La medida estuvo acompañada de la utilización de un nuevo nombre “bolívar soberano”, lo que implica, por lo tanto, la sustitución del papel moneda en circulación¹⁴. 

El 9 de abril, por hechos de corrupción y legitimación de capitales asociados a la constructora Odebrecht, el Tribunal Supremo de Justicia, exiliado en Bogotá-Colombia, emite una medida de prisión preventiva en contra de Nicolás Maduro, sentenciando a 18 años de prisión y tres meses. Asimismo, de acuerdo a la sentencia emitida por este tribunal, Maduro fue inhabilitado políticamente, instando al Ministerio Público a investigar a los contralores que habían permanecido en este cargos desde el año 2011 y que pudieran tener responsabilidad en los delitos¹⁵. 

El 15 de mayo, la empresa de cereales estadounidense Kellogg’s, a través de un comunicado, anunció el cese de sus operaciones en el territorio nacional, como resultado  de la grave contracción económica que enfrenta la nación desde hace varios años, por su parte, el gobierno nacional rechazó la medida tomada por la multinacional calificándola  de “inconstitucional e ilegal”¹⁶. 

Con una baja participación electoral de tan solo el 46,02%, el  20 de mayo y como parte del cronograma establecido por el CNE, se realizaron los comicios presidenciales. Los resultados dieron por ganador a Nicolás Maduro, quien se enfrentó en la contienda a Henry Falcón y al pastor Javier Bertucci. Falcón por su parte, no reconoció los resultados e insistió en la necesidad de realizar unos nuevos comicios, mientras que Bertucci denunció irregularidades y ventajismo por el oficialismo¹⁷.

Más tarde, el 24 de mayo, Maduro es juramentado por la asamblea nacional constituyente. Durante el discurso de juramentación condenó las sanciones implementadas por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela, y manifestó su intención de liberar en los sucesivos días, a un número importante de presos por motivos políticos detenidos durante las manifestaciones realizadas en el 2017. “Yo quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé la oportunidad a aquellos que no hayan cometido delitos graves de asesinatos”, declaró Maduro ante el hemiciclo presidido por la ANC¹⁸.

El 2 de junio, y cumpliéndose los anuncios realizados durante el proceso de campaña de Nicolás Maduro, fueron indultados y liberados 40 detenidos por razones políticas, entre ellos al político y activista Gilber Caro¹⁹

El 4 de agosto, ocurre un presunto atentado en contra de Nicolás Maduro, mientras éste y su gabinete se encontraban en la Avenida Bolívar en Caracas, para conmemorar los 81 años de creación de la GNB²⁰. El hecho que consistió en la explosión de dos drones cargados con explosivos, tenía como objetivo el asesinato del primer mandatario, según la versión oficial. De acuerdo a las primeras declaraciones del gobierno, en el lugar resultaron heridos al menos siete cadetes de la GNB, mientras que el primer mandatario y su gabinete salieron ilesos de los hechos. Según la Fiscalía, 34 personas estuvieron involucradas en el hecho, entre ellos dos militares y el diputado de Primero Justicia Juan Requesens²¹.

El 13 de agosto, el Banco Central de Venezuela (BCV) autorizó a las casas de cambio vender el dólar de las remesas familiares a 4.000.000 de bolívares. Más tarde, el 17 de agosto, Nicolás Maduro, anuncia dos nuevas medidas económicas, que se suman a las  enmarcadas en el plan de “recuperación y expansión económica”, anunciado el 22 de marzo y que consistió en una nueva reconversión monetaria. Esta vez, las medidas consistieron en el aumento del sueldo mínimo 35 veces (un 3500%), y el incremento del IVA del 12% al 16%, medidas que fueron ampliamente repudiadas e inmensamente impopulares entre amplios sectores de la población. Finalmente, el 20 de agosto, entró en vigencia la reconversión monetaria acompañada de un nuevo cono monetario denominado “Bolívar Fuerte”²².

El 3 de septiembre, el gobierno venezolano lanzó un polémico plan de ahorro a la nación; la adquisición de certificados que equivalen a la compra de lingotes de oro de distinta pureza y distinto costo, en consecuencia. Todo esto, en el marco del plan de ahorro que adelanta el gobierno nacional y que forma parte de la línea número diez del programa de recuperación económica que adelanta el gobierno desde el 20 de agosto²³. Ese mismo día, Nicolás Maduro, anunció la venta a precios internacionales del combustible venezolano en los estados fronterizos, dejando atrás el esquema de subsidio que ha acompañado al país en los últimos tiempos²⁴. 

El costo del combustible que comenzó a cobrarse a precio internacional en días previos, inició su periodo de prueba el 24 de septiembre a través de la plataforma de pago biométrico disponible en el Sistema Patria. Este sistema comenzó a instalarse en los estados fronterizos de todo el país: Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Delta Amacuro, Táchira, Sucre y Zulia, y trabaja con la información levantada por el Instituto Nacional de Transporte, quien se encargó de censar aquellos vehículos cuyos propietarios estén registrados dentro del sistema. Por otra parte, para aquellos usuarios que no estén registrados, se desconoció el monto a cancelar²⁵.

Un día más tarde, el 25 de septiembre, el máximo representante nacional anunció la solicitud de ayuda por 500 millones de dólares a la ONU²⁶. El financiamiento fue solicitado con el fin de impulsar las políticas del Plan Vuelta a la Patria, para ayudar a todos los inmigrantes venezolanos a regresar a sus hogares dentro del territorio nacional²⁷. Por su parte, ese mismo día, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso un conjunto de sanciones a funcionarios del gobierno oficialista: Cilia Flores, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. De acuerdo a la nota de prensa emitida por el Departamento del Tesoro, todas aquellas propiedades e intereses que estén en propiedad de las personas sancionadas que estén en los Estados Unidos, deberán ser bloqueadas y reportadas a la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro²⁸.

El 27 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas, aprobó una resolución que insta al Estado de Venezuela a recibir la ayuda humanitaria internacional²⁹.

 

El 24 de octubre, entra a la escena política nacional un nuevo bloque opositor, como resultado de la disolución de las facciones que formaban parte de la disuelta Mesa de la Unidad Democrática. Este nuevo bloque, estaría conformado por tres plataformas con interpretaciones propias del contexto venezolano³⁰. 

El 27 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia, desconoció los resultados que daban por ganador a Marlon Díaz como presidente de la FCU³¹ de la Universidad de Carabobo, y en su lugar, reconoció a Jessica Bello como ganadora de esos comicios, ordenando la toma efectiva del cargo, cabe destacar que estos últimos resultados fueron desconocidos por las autoridades de esta casa de estudio³².

El 9 de diciembre, se celebraron las elecciones municipales de Venezuela para elegir a los consejos municipales. Los resultados que fueron presentados al país en un primer boletín en horas de la noche, otorgó más del 90% de los concejos municipales a los representantes del Gran Polo Patriótico; no obstante y de acuerdo a las cifras otorgadas por el órgano rector, la abstención alcanzó una cifra de 76,2%³³.

El 10 de diciembre, Ramón Lobo, es designado ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Arabia Saudita, al tiempo que, la empresa norteamericana de neumáticos GoodYear, anuncia el cese de sus operaciones en el territorio venezolano³⁴. El día 14 de diciembre, el diario El Nacional, suspende su circulación por falta de papel periódico debido a la crisis que impera en Venezuela³⁵.

Algunos de los hechos anteriormente detallados, detonaron parte de los movimientos de protesta a nivel nacional, con características propias y excepcionales. Igualmente, se suman al descontento ante la indiferencia institucional a las necesidades sociales expresadas de diferentes maneras, la censura autoimpuesta de las comunidades y la represión sostenida por parte de las autoridades de control.

El siguiente informe muestra un análisis pormenorizado del número de manifestaciones realizadas durante el 2018. Se ofrece también, la cantidad de movilizaciones de calle que incluyen varios tipos de demandas en una sola protesta, así como el contexto nacional, número de protestas por mes, demandas, actores, índices de represión, cifras sobre las respuestas gubernamentales. Este año y por primera vez, se incluyen información relevante sobre la censura autoimpuesta en los grupos manifestantes.

Número de protestas por mes

Del monitoreo realizado se obtuvo que el mes de agosto, fue el que concentró la mayor cantidad de manifestaciones, obteniendo un resultado de 327 protestas por mes, seguido del mes de marzo y octubre, con 305 y 230 protestas respectivamente. Según los datos obtenidos del registro diario, se podría decir que en promedio se realizaron 8,33% movilizaciones diarias, esta cifra sería 100% válida si existiese una distribución equitativa del número de protestas.

¿Cuáles fueron las motivaciones?

 Desde diferentes sectores, la lucha por las reivindicaciones laborales no ha cesado. De acuerdo al monitoreo realizado los últimos tres años, los trabajadores de diferentes sectores, tanto públicos como privados, se mantienen como los más movilizados a nivel nacional. Y es que, durante el 2018 se contabilizaron 589 movimientos de calle, cuyas exigencias estaban orientadas a la cancelación de pasivos, mejoras salariales, homologación de sueldos, discusión de contratos colectivos, entre otros.  En contraste con los avances en materia de protección laboral, estos indicadores dan cuenta de un cuadro de deterioro en materia de derechos laborales.

En el segundo puesto se tienen las protestas realizadas por las deficiencias en los servicios públicos, concretamente las exigencias por agua potable y gas doméstico, con 310 y 287 movilizaciones respectivamente. Los vecinos de manera organizada, toman las calles para exigir suministro regular del servicio, reconexión o reactivación. Al mismo tiempo, denunciar las fallas en el suministro regular de agua potable como: malos olores, viscosidad o exceso de sedimentos. En el caso del servicio de gas doméstico, costos excesivos de los cilindros o cobro en moneda extranjera.

El derecho a la salud ocupa el cuarto lugar con un total de 196 manifestaciones. Este sector está conformado por médicos, enfermeras y enfermeros, camilleros, obreros y personal administrativo del sistema público. Las demandas de los trabajadores en este sector están orientadas a la cancelación de pasivos, mejoras laborales, discusión de contratos  y dotación de insumos médicos y medicinas, así como exigencia de medicamentos de alto costo  en los centros de salud públicos.

Top 10 de motivaciones para protestar		%
Derechos laborales/ al trabajo	589	26%
Servicios básicos/ agua potable	310	14,07%
Servicios básicos/ gas doméstico	287	13,03%
Derecho a la salud	196	8,90%
Derecho a la alimentación	171	7,70%
Servicios básicos/ electricidad	98	4,45%
Servicios básicos / transporte públicos	60	2,72
Irregularidades en los servicios bancarios	46	2,08%
Fallas en los servicios en general	28	1,27
Libertad para los presos políticos	21	0,90%
Total general	1806	81,12%

Cuadro 1. Motivo de las protestas

Testimonios de trabajadores del sistema público en demanda por sus derechos laborales  y comunidades organizadas en reclamo por deficiencias en los servicios básicos

A continuación, se presentan algunos testimonios de trabajadores del sistema público, incluyendo el de salud que dan cuenta del marco de deterioro en los derechos laborales. Igualmente, de las comunidades organizadas que caracterizan la precariedad y cada vez más, deficiente funcionamiento y fallas en los servicios públicos, afectando la vida cotidiana de la población. Las declaraciones fueron recogidas de las notas de prensa que sirven de insumo para alimentar el monitoreo y registro diario.

• El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la alcaldía Gustavo Rodríguez, pidió al Gobierno una respuesta para los más de seis mil trabajadores que, aseguró, quedaron desempleados con la decisión de la constituyente de eliminar esta entidad, considerada la más importante del país a nivel municipal.

“Que le den la cara a los trabajadores, por ahí hablan y decían que nos iban a trasladar a otros organismos del gobierno, pues eso es mentira, el gobierno miente una vez más”, dijo Rodríguez en declaraciones a periodistas. “Ustedes lo que han hecho es dañar las navidades y le desgraciaron la vida a más de 6.000 trabajadores porque hoy 2 de enero nos encontramos en las calle sin nuestro puesto de trabajo”, continuó y aseguró que se mantendrán en las calles para exigir el pago de los sueldos que les adeudan. Nota del diario El Carabobeño del 2 enero de 2018.

• Clientes de la compañía Distribuidora Venezolana de Gas Directo protestaron debido a una falla que se presentó en el sistema de gestión de pagos, lo que le impidió la cancelación de las facturas a los clientes. Gladys González, declaró que se encontraba en la sede de la compañía para hacer el pago de su respectiva factura, cuando le informaron que el sistema presentaba fallas y que solo podrían atender a cinco personas, situación que generó molestia en la clientela que se encontraba presente en la oficina. Igualmente, los usuarios de la compañía afirmaron que la empresa “juega” al corte del servicio para luego cobrar la reconexión. Yolimar Espinoza, representante de la empresa VDGas, explicó que el sistema de pago de la oficina de cobranza está conectado a la oficina de la empresa que está localizada en la zona norte de Anzoátegui, y en horas antes se generó una falla en el sistema eléctrico, lo que produjo problemas en la red. Nota de la Nueva Prensa Web del 24 de enero de 2018.
• Los habitantes del caserío Las Veras cerraron la calle en señal de protesta. Los residentes de la zona aseguraron que están cansados de esperar que, del sistema de tuberías que fue instalado hace más de un año saliera agua, aseguraron que

“es pura mamadera de gallo de la Alcaldía y de la Gobernación”;

por ese motivo, por segundo día consecutivo cerraron la vía en dirección a Duaca, en donde permanecieron por más de cinco horas, esperando que las autoridades competentes les dieran alguna solución. Gladys Alvarado, residente de Palo Negro, unas de las zonas más golpeadas por el problema, aseguró que llevan más de nueve meses esperando que se reactive el servicio de agua. Alrededor de quinientas familias de otros sectores de Las Verás como: 19 de Abril, El Caño, El Alto y la Plaza, también están afectados por la falta del servicio. Residentes de otros sectores comentaron que desde la Alcaldía de Crespo les ofrecieron un camión cisterna para las más de 500 familias afectadas; sin embargo, afirmaron que es insuficiente para la gran demanda. Nota del diario El Impulso del 31 de enero de 2018.

• El personal de enfermería del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, protestaron ante las autoridades competentes para exigir mejoras salariales. Los trabajadores de la institución, aseguraron que algunos compañeros han sufrido desmayos en sus puestos de trabajo por la mala alimentación que están llevando. Por su parte, la máxima representante del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Anzoátegui, manifestó que los sueldos que percibe el gremio actualmente no les alcanza para vivir y a pesar de la voluntad de seguir trabajando, muchos profesionales han optado por emigrar a otros países y otros, están en trámites para hacerlo debido a las malos salarios que perciben. Nota de Nueva Prensa.com de 18 de enero de 2018.

Los protagonistas

Los vecinos, por tercer año consecutivo, ocupan el primer puesto. Las comunidades organizadas toman las calles por diversos motivos. Para denunciar el precario funcionamiento de los servicios básicos, encarecimiento y alto costo de la vida, fallas en la distribución de los alimentos, mal estado en la infraestructura educativa, hospitalaria y general, entre otros). Los trabajadores del estado con 262 manifestaciones, ocupan el segundo lugar, mientras que los trabajadores del sistema público de salud, se mantienen en el tercer puesto con 200 protestas. Otros sectores que manifestaron fueron los jubilados y pensionados, docentes, usuarios, pacientes y estudiantes.

Top 8 Manifestantes		%
Vecinos	1131	51,36%
Trabajadores del estado	262	11,89%
Trabajadores de la salud	200	9,05%
Jubilados/pensionados	117	5,31%
Docentes	68	3,08%
Usuarios	99	4,49%
Pacientes	67	3,04%
Estudiantes	57	2,58%
Total general	2001	90,80%

Cuadro 2. Los protagonistas

Tipo de protesta- Top 8

La calle no ha dejado de ser el escenario predilecto para las manifestaciones. Entre las modalidades más frecuentes de protesta se encontraron los cierres de calles, avenidas públicas, e incluso autopistas 962 (43,68%), seguido de las concentraciones 325 (15,75%) y, en tercer lugar, se tienen las marchas o caminatas 113 (5,13%). Estos tres tipos de protesta suman el 63% del total de las formas más comunes para llamar la atención de las autoridades.

Top 8 tipo de protesta		%
Cierre de vía	962	43,68%
Concentración	325	14,75%
Marcha	113	5,13%
Paro de actividades	95	4,31%
Pancartazo	91	4,13%
Toma de sede	55	2,49%
Quema de desechos	12	0,54%
Asamblea	8	0,36%
Total general	1661	75,39%

Cuadro 3. Tipo de protestas

Menos respuesta institucional vs represión y censura a los movimientos de calle

La protesta social, es una forma legítima de expresión, que permite denunciar o apoyar.  Estrategias básicas de la ciudadanía para ejercer la democracia. Es un instrumento de poder ciudadano, con la que cuentan los distintos sectores de la sociedad para visibilizar los problemas que los aquejan y funciona como un indicador certero del malestar social que tienen los gobiernos para diagnosticar las fallas en sus instituciones y las políticas emanadas de ellas.

Frente a este escenario de protesta, la reacción político-institucional debe estar orientada a dar respuesta oportuna, apoyo y soluciones concretas y efectivas a las exigencias de las comunidades.

No obstante, y de acuerdo a los datos obtenidos en el monitoreo realizado durante el año 2018, se obtuvo una respuesta negativa, ya que de 2202 protestas solo 73 obtuvieron respuestas “positiva” por parte de los organismos encargados, esta cifra apenas representa el 4,35%. Estos datos demuestran una laxitud en la obligación del Estado en realizar un esfuerzo concreto y duradero con disposición institucional.

A su vez, pone en contexto una fuerte instrumentalización y escasa influencia de las comunidades en el diseño de las políticas públicas estatales, contradiciendo la política social impulsada por el actual gobierno desde sus inicios.

Pero las protestas y tomas de las calles por parte de los sectores populares como método de expresión e interpelación a las autoridades, a pesar de ser un derecho, se ha convertido en un ejercicio que denota una creciente peligrosidad. En los últimos años, los movimientos de calle en Venezuela, han estado bajo la sombra del aparato represivo estatal. La limitación del ejercicio del derecho a través del despliegue desproporcionado de efectivos de seguridad del Estado y de otros grupos irregulares armados, sumado al uso de armas y de gases tóxicos, se convirtieron en un desafío para las manifestaciones.

En el transcurso del 2018, y de acuerdo a los datos obtenidos en el monitoreo diario, 2166 (98,36%) protestas fueron de carácter pacífico, de esa cifra, 88 (4,06%) fueron reprimidas por fuerzas de seguridad pública.

Carácter de la protesta vs protestas reprimidas		%
Manifestaciones pacíficas	2166	98,36%
Reprimidas	88	4,06%

Cuadro 4. Respuesta a la protesta

La tendencia muestra que el Distrito Capital y el estado Lara poseen los dos primeros lugares con el mayor número de manifestaciones pacíficas reprimidas dentro del territorio venezolano, 25,3% y 16,1 % respectivamente, seguidos por el estado Bolívar que ostenta el tercer lugar con el 10.3% del estado con mayor número de manifestaciones reprimidas.

Desgaste progresivo de las movilizaciones

 Los datos obtenidos sobre la actividad de calle, contabilizan que durante los meses de enero – diciembre 2018, se experimentó un desgaste y disminución de las protestas del 16,40%, con respecto al periodo anterior³⁶.

Las consecuencias de manifestarse: Hostigamiento, eliminación de beneficios y hasta penas judiciales

La denuncia, la crítica, los cuestionamientos por malas gestiones gubernamentales y la exigencia por el cumplimiento de los derechos son castigados por el Estado a través de la llamada “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que fue aprobada el 8 de noviembre del 2017.

A través de los artículos 13 y 14, la reunión pacífica y el derecho de los manifestantes de expresar su incomodidad frente a los atropellos y vejaciones cometidos por el Estado venezolano, se ven severamente afectados y transgredidos, al criminalizar todo tipo de mensajes y expresiones, por medio “de una regulación imprecisa, que contempla penas de cárcel por delitos de opinión.”³⁷.

La política destinada a reprimir, visualiza un esquema de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatal, cuyo fin es mermar y disminuir la voluntad de la ciudadanía por el simple hecho de ejercer su legítimo derecho a la protesta. Este esquema de represión y censura, es un proceso que se extiende a todas las áreas de la vida social, política y laboral nacional como respuesta a todo proceso de movilización y organización.

Tal es el caso de Érika Palacios, de 41 años, y Ronald Sevilla, de 25, quienes fueron las primeras víctimas de la “ley contra el odio”. Ambos fueron detenidos el 3 de enero por la policía municipal del estado Carabobo; protestaron por la severa crisis en materia de servicios públicos desde hace unos años.

El Tribunal Sexto en Funciones de Control de Carabobo fue el encargado de dictar privativa de libertad el 4 de enero bajo los cargos de “detentación de sustancias incendiarias, instigación pública, obstaculización de la vía pública, tipificados en el Código Penal, e instigación al odio, según la Ley Contra el Odio”³⁸. Así mismo, ambos, tanto Palacios como Revilla, hacen cara a la posibilidad de pasar 20 años de sus vidas en la cárcel.

Esta lógica censora, también fue asumida por la compañía estatal de transporte Metro de Caracas. Wuilis Florentino Rodríguez, recibió una notificación de cese de contrato laboral, luego de que expresara su malestar por los bajos salarios y las desmejoras en las condiciones laborales en la plataforma Facebook. Las autoridades de la empresa nacional basaron su decisión en la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”³⁹. 

La política sostenida, en contra de todo aquel que mantenga y exprese una postura opuesta al discurso oficial, vulneran aún más las garantías de los ciudadanos, particularmente durante las movilizaciones y movimientos de calle.

Esto trajo como consecuencia, acciones que revelan un esquema sistematizado de  autocensura y temor por parte de las comunidades más vulnerables y de bajos recursos. Los registros señalan que vecinos de comunidades del estado Mérida, que se encontraban protestando por las fallas en el servicio de distribución de gas, regularmente se ven intimidados por aquellos quienes distribuyen el servicio, en caso de que denuncien los cobros excesivos de los cilindros.

Por otra parte, se tienen registros de que vecinos de Ocumare del Tuy, durante las movilizaciones de calle realizadas en el 2018, solicitaron a los medios de comunicación mantener sus identidades resguardadas o en anonimato por temor a represalias. Los datos informan que las acciones de los cuerpos de seguridad han arreciado ante la falta de respuesta de la alcaldía local.

Bajo esta misma lógica de miedo y autocensura, unos docentes que se encontraban protestando por mejoras salariales en el estado Mérida, manifestaron sentir miedo de declarar por temor a represalias por parte de las autoridades ministeriales.

Este escenario de criminalización y judicialización, destinado a callar la molestia y malestar de los distintos grupos, bajo el supuesto ideológico de que la protesta pacífica representa “acciones desestabilizadoras” y calificando a los manifestantes detenidos de “terroristas” o “delincuentes”, expresa una motivación abiertamente política y de carácter estrictamente restrictivo y formalizado.

El Informe de violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017, destacó que “estos hechos apuntan a la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” y resalta que “a pesar de la protección constitucional del derecho de reunión pacífica, las disposiciones legales y reglamentarias del país tipifican como delito las protestas e imponen restricciones indebidas que niegan la esencia de ese derecho”⁴⁰.

Metodología

El registro de protestas se realiza sobre una matriz de casos que incluyen variables como: fecha de ocurrencia (día, mes y año), datos sobre la región geográfica de ocurrencia (estado, ciudad, municipio), el nombre del medio que sirve como fuente de información y consulta, tipo de protesta, carácter de la protesta, sectores manifestantes, demandas, derechos que exigen, una breve descripción sobre los hechos ocurridos, entre otras variables que han sido definidas previamente.

La base de manifestaciones del Observatorio Social se alimenta de fuentes hemerográficas disponibles en medios impresos que circulan en el ámbito nacional y regional, así como, acompañados por notas de prensa de medios digitales. Es necesario señalar que, parte del proceso de sistematización de la información impresa es realizado por la organización Provea.

Una vez que se realiza el proceso de curaduría de la base de datos que consiste en la normalización de términos, organización y sistematización de la información, para finalmente hacer el cruce de variables y analizar los datos. Tras realizar los cálculos estadísticos se obtuvieron los datos que le dan forma a este informe.