En Venezuela la voluntad de periodistas y trabajadores de la prensa por informar sigue intacta y va de la mano con la necesidad de la sociedad de acceder a información de calidad ante la reducción del espacio cívico y el ecosistema de medios por las presiones gubernamentales.
La realidad sigue siendo cuesta arriba, pero el compromiso por defender los espacios de información se mantiene en todos sus actores. Así concluyeron este martes 2 de agosto quienes conformaron el panel del foro sobre libertad de expresión en el país, su situación actual y las líneas de acción para defender ese derecho, organizado por Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB).
El espacio virtual, hecho en alianza con la Unión Europea (UE) y las embajadas en Venezuela de Australia, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Suiza y Nueva Zelanda, que integran la Coalición por la Libertad de los Medios de Comunicación, contó con la participación de periodistas y representantes de organismos internacionales relacionados con el derecho a la libertad de expresión.
Judit Arenas, asesora de la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas ONU) sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, destacó los principales retos y obstáculos que enfrentan periodistas y medios de comunicación independientes en el país y su importancia como bien público para el ejercicio pleno de los derechos humanos.
La asesora de la ONU hizo mención a los ataques que reciben continuamente periodistas y representantes de medios en Venezuela, desde persecuciones, detenciones y encarcelamiento hasta amenazas verbales, digitales y acoso por medios digitales.
“También documentamos un aumento en agresiones violentas, y coordinadas, de marcado carácter sexual y malintencionado contra mujeres periodistas y no hemos visto una respuesta de la manera esperada”, dijo Arenas.
Destacó el tema de la propiedad de medios en Venezuela y “las maneras legales que han sido utilizadas (por el Estado) para cambiar y concentrar el poder de los medios”.
En el reciente mapeo de medios presentado por Espacio Público, se documentaron un total de 120 medios bajo control estatal (12 % del total) y el resto, o mantiene presunta propiedad vinculada con el Estado, o está expuesto a censura, acoso y bloqueos por parte de Conatel por publicar o tratar de publicar información independiente e incómoda para el poder.
Roberto Deniz, periodista de investigación del portal digital Armando.Info, habló en el evento sobre cómo el Estado utiliza todo su poder mediático y de propaganda para perseguir a la prensa libre. En su caso y el de sus compañeros, se han utilizado medios judiciales y maquinaria digital para acosarlos constantemente por exponer casos de presunta corrupción y lavado de dinero de Alex Saab, empresario vinculado con el gobierno de Nicolás Maduro.
“Conatel nos exhortó a que teníamos prohibido hablar de Álex Saab mientras estuviera abierto el juicio. En Venezuela eso es justamente de las estrategias para silenciar medios: te abren un juicio que puede durar años y mientras esté en transcurso no se puede escribir de las personas”, dijo Deniz en el foro.
Un hecho similar ocurrió con el diario El Carabobeño. Era uno de los periódicos impresos más antiguos de Venezuela y entre los años 2016 y 2017 migró a la web como consecuencia del monopolio oficialista del papel periódico, pues les impedían acceder a ese material para continuar su versión impresa. Su jefa de redacción, la periodista Carolina González, señala que las demandas las utiliza el Estado para tratar de presionar y censurar.
González cuenta que en 2021 el periodista Kevin Arteaga recibió una citación penal por cubrir una protesta en la que los manifestantes denunciaban la presunta estafa por parte de un funcionario vinculado al Gobierno. La citación quedó “dormida en los tribunales”, asegura, pero advierte que “se reactivan las citaciones cuando les conviene”.
González narró los desafíos que ha enfrentado el diario, medio con 88 años de existencia y de alcance en la región central del país, por no apegarse a la versión oficial, la censura y negarse a pasar a ser propiedad de personas vinculadas con el Gobierno, como ha ocurrido con otros periódicos icónicos del país.
Con el cese de su versión impresa, dice González, quedaron alrededor de cinco personas a cargo de levantar y poner a tono la web, que mantenían como soporte desde 1999. “Le pusimos demasiado compromiso y cariño a esta historia, impulsados por el apoyo que le dio la gente a El Carabobeño”, destaca.
“Si la decisión fue no vender El Carabobeño, y mantenerlo como una tribuna informativa, no queremos cambiar ese concepto pese a los riesgos que implica ejercer el periodismo”, añadió.
Carlos Correa, director de Espacio Público, resaltó que, si bien no es el mejor momento en la historia de la sociedad venezolana en cuanto a acceso a la información, “las rendijas que construyen los medios son lo que ha permitido que estas iniciativas germinen y se pueda informar”.
Señaló que la población desea mantenerse informada y, en consonancia, los periodistas mantienen la voluntad de contribuir a que el país se mantenga al tanto de lo que sucede. “El carácter es de desasosiego, pero no de resignación; se sigue haciendo el esfuerzo”, dijo.
Los participantes recordaron que se debe seguir denunciando los atropellos a la libertad de expresión por parte del Estado y funcionarios públicos. Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, llamó a cesar la persecución, la censura y el discurso hostil contra la prensa.
La libertad de expresión en Venezuela permanece constantemente bajo asedio, amenazando y obstaculizando la labor de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, quienes son blanco de estigmatización y hostigamiento por exponer discursos contrarios a la línea gubernamental.
En 2021, Espacio Público registró 244 casos y 461 violaciones a la libertad de expresión en el país, con mayores proporciones en hechos de censura, intimidación, hostigamiento y restricciones a periodistas, activistas, medios y ciudadanos por informar o expresarse libremente.
