Noviembre: se profundiza el silencio

Casi terminamos el año, pero las violaciones a la libertad de expresión no cesan. El silencio de las víctimas a causa del miedo a represalias ha marcado una baja en el registro de detenciones arbitrarias, amenazas o cierres de medio. En noviembre la censura y la restricciones administrativas destacaron como los principales tipos de violaciones a la libertad de expresión, entre los cinco casos registrados.

Un total de tres personas fueron víctimas de violaciones al derecho a expresarse durante el penúltimo mes del año, representando el 50 % de los casos documentados. El otro 50 % fueron medios de comunicación.

Entre los principales victimarios y quienes lideran la lista se encuentran las instituciones del Estado, junto a las operadoras privadas. Una tendencia que se ha mantenido en todo el 2025.

Desde enero hasta noviembre de este año hemos documentado un total de 107 casos, 201 violaciones a la libre expresión y 31 detenciones.

Excarcelaciones tras detenciones arbitrarias 

El 3 de noviembre fueron excarcelados¹ Noel Cisneros y Katiuska Castillo Vásquez, tesistas de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Marcela Hernández Guerra e Ingrid Briceño Venegas, documentalistas audiovisuales. El grupo fue detenido el 31 de octubre de 2025 por hacer un documental para su tesis de grado en las afueras del centro penitenciario Tocorón, en el estado Aragua (este).  

De acuerdo con la denuncia publicada por la ONG Surgentes en su cuenta de Instagram, a las cuatro personas las mantuvieron cerca de seis horas afueras del centro penitenciario y, posteriormente, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los detuvo en unas patrullas. Durante tres días, los familiares aseguraron que no sabían nada y que permanecían en desaparición forzada

En la tarde del 4 de noviembre, el periodista de sucesos, Joan Camargo, fue liberado tras haber estado detenido arbitrariamente y en condición de desaparición forzada desde el 30 de octubre de 2025. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) dió a conocer la información sobre su liberación e informó que a Camargo le devolvieron sus objetos personales y de trabajo, y que se encontraba en buen estado físico y de salud².

Condenas injustas por expresarse

El 16 de noviembre, el Tribunal 4° de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira condenó a 30 años de prisión a la doctora Marggie Orozco³ por criticar la administración de Nicolas Maduro a través de un audio enviado por WhatsApp, en el que presuntamente incentivaba a las personas a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024 y donde daba su punto de vista sobre la situación del país. 

Orozco, de 65 años de edad, está detenida desde el 5 de agosto de 2024. Se desempeñaba  como médico general con una especialidad en Medicina de Familia y residía en el barrio Cristóbal Colón, en el municipio Ayacucho del estado Táchira (oeste).

Una fuente indicó que la doctora tiene antecedentes clínicos de hipertensión pulmonar, trastorno del ritmo cardíaco, infarto al miocardio y depresión. “Luego de la elección, Marggie Orozco recibió acoso y malos tratos por integrantes del consejo comunal, quienes la tildaron de ‘escuálida’ y la amenazaron con no darle más la caja CLAP y la bombona de gas”, agregó.

El 22 de noviembre se cumplieron 13 meses de la detención de Randal Glendysmar Telles Peña, de 22 años, quien fue detenida por presuntamente publicar en su cuenta en la red social TikTok un video con críticas hacia al mandatario venezolano y al Ministro de Interior y Justicia. El 22 de octubre de 2024, Telles fue presentada en los tribunales de Barinas, donde le dictaron privativa de libertad. “Y desde entonces comenzó la odisea: en la audiencia preliminar la pasaron a juicio y en el juicio fue condenada a 15 años”, relató Gladys Peña, madre de Telles⁴.

Las redes sociales y las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp permiten a las personas interactuar, comunicarse, buscar, compartir contenido. Son un espacio digital para ejercer los derechos a expresarse e informarse libremente. Emitir o difundir mensajes en línea sobre la gestión gubernamental no debe ser motivo de detención y/o condena. 

El Estado debe abstenerse de utilizar su poder para castigar las opiniones disidentes; por el contrario, su función es facilitar un debate amplio y plural.

Impedimentos para informarse

El 17 de noviembre, el Observatorio de Internet VE sin Filtro informó en su cuenta de la red social X sobre una falla en los servidores DNS de la empresa de telecomunicaciones NetUno, que impedía que usuarios y usuarias pudieran navegar por internet, acceder a plataformas, aplicaciones móviles ni servicios en la nube.

El 26 de noviembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora La Radio 93.7 FM, que transmitía en el municipio Carlos Soublette, en el estado La Guaira (norte). Cuatro funcionarios del ente gubernamental se presentaron en las instalaciones, levantaron un acta de clausura y confiscaron equipos de transmisión: enlace, consola, micrófonos y transmisores. 

El cierre de la estación dejó desempleados a cuatro trabajadores directos y a 14 productores independientes. “Entre ellos está una persona con discapacidad visual y un adulto mayor con secuelas de un accidente cerebro vascular”, indicó una fuente de la emisora⁵.