(Caracas, 20 de junio de 2019) Las organizaciones no- gubernamentales de derechos humanos que suscribimos esta comunicación, integrantes de la coalición Foro por la Vida, ante la visita a Venezuela de la Dra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, consideramos oportuno señalar los siguientes aspectos que deben ser considerados en el marco de la misma:
1. Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja caracterizada por graves violaciones de derechos humanos, que afecta severamente la vida de sus habitantes, y que tiene un creciente impacto regional debido a la salida forzada de millones de venezolanos.
2. El pasado 1° de mayo de 2017, Nicolás Maduro Moros anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin la previa consulta al pueblo, partiendo de una errónea interpretación de la palabra
“iniciativa” en el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha convocatoria fue materializada en un proceso electoral llevado a cabo el 30 de julio del mismo año, lleno de opacidad y carente de controles fundamentales y arrojó un resultado inédito e inesperado por todos los venezolanos. En este sentido la ANC se configura como un órgano ilegítimo e inconstitucional de origen y ha servido como mecanismo para afectar derechos humanos a través de la promulgación de leyes contrarias a la constitución y estándares internacionales.
3. Vemos con preocupación que las liberaciones de presos políticos que se han realizado y otras que pudiesen ocurrir en el marco de la visita de la Alta Comisionada, sean selectivas y no se den de manera plena. Por el contrario, a las personas excarceladas se les impone una serie de medidas sustitutivas a la privación de libertad que son igualmente restrictivas de otros derechos y con la existencia de un alto riesgo de que sean devueltas a los centros de detención, siendo que como lo señaló la Oficina de la Alta Comisionada en su Informe de 2018, no reúnen las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos.
4. Desde hace varios años hemos advertido la sistematicidad de las represalias cometidas por parte del Estado en contra de los defensores y defensoras, así como también en retaliación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante campañas de criminalización, desprestigio, allanamientos, detenciones, persecuciones, inicio de procesos penales, intercepción de comunicaciones, limitaciones severas para su funcionamiento y desarrollo, entre otros.
Ello por su labor de denuncia y defensa, acompañar y asistir a las víctimas, así como por cooperar con los distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas.
5. El Estado venezolano ha demostrado su incapacidad absoluta al no ofrecer respuestas que garanticen las vidas, salud y acceso a los avances de la ciencia y tecnología a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, generando que más de 4 millones de venezolanas hayan huido a otros países en búsqueda de condiciones que les permitan vivir con seguridad y dignidad.
6. El Estado venezolano tiene como práctica el incumplimiento de las distintas recomendaciones y decisiones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos y el desconocimiento de los instrumentos de protección para eludir el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía. (denuncia del 2013 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desacato reiterado de sentencias y medidas provisionales de la Corte Interamericana y medidas cautelares de la Comisión Interamericana, así como de recomendaciones de órganos de tratados y procedimientos especiales del sistema de Naciones Unidas).
Por estas razones solicitamos que:
1. En el Informe que presentará la primera semana de julio del presente año ante el Consejo de Derechos Humanos, en virtud de la Resolución 39/1 del 26 de septiembre de 2018, continúe reflejando con firmeza la grave situación de derechos humanos que se vive en Venezuela.
2. El Consejo de Derechos Humanos de la Organizaciones de Naciones Unidas nombre una Comisión de Investigación, que junto a su Oficina continúe documentando la grave crisis de Venezuela.
3. Exija al Estado abstenerse de cometer cualquier tipo de acciones que intenten criminalizar, acosar, y detener a las personas que hayan colaborado con el sistema de Naciones Unidas, especialmente organizaciones, víctimas y familiares que se hayan reunido en el marco de la visita.
4. Inste al Estado a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
5. Exhorte al Estado a que cumpla con las recomendaciones de los distintos órganos convencionales y extra convencionales de protección de derechos humanos y que permita el ingreso al país sin restricción alguna de los distintos procedimientos especiales de Naciones Unidas que han solicitado visitar el país.
Suscriben:
Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi)
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Revista SIC del Centro Gumilla
Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero/Marzo de 1989 (Cofavic)
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela
Espacio Público
Justicia y Paz de la Diócesis de Los Teques
Observatorio venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
