Por Eduardo Lovera y Lenys Martínez1- El confinamiento producto de la pandemia demandó nuevas lógicas de relacionamiento entre la población y la tecnología, generando así un mayor consumo de internet, que no solo fue impulsado por las dinámicas laborales, sino también por motivos recreacionales. El caso venezolano se vio aún más comprometido por el estado de la infraestructura de las telecomunicaciones y por el deterioro del sistema eléctrico, tras años de desinversión gubernamental. Esta realidad limitó en gran medida el disfrute del servicio y puso en entredicho la capacidad de las teleoperadoras del país para cumplir con la demanda. En líneas generales, podemos afirmar que el coronavirus generó cambios en todos los aspectos de la vida diaria de los venezolanos. Adicionalmente, el recrudecimiento de la crisis social, política y económica del país, agudizó el estado de la emergencia humanitaria compleja que vive el país.
Durante los últimos años, en Venezuela ha existido un contexto restrictivo, promovido desde el discurso oficial y las instancias de Poder, que ha limitado notablemente el ejercicio de los derechos humanos en el país. Esta situación ha quedado plasmada en el más reciente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU2, Michelle Bachelet, quien en septiembre de 2020 aseguró la presencia de restricciones a la libertad de expresión, lo cual incluyó la aplicación de la ilegítima ley contra del odio, así como ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas. Desde el inicio de la cuarentena, a mediados de marzo, las restricciones y medidas implementadas por el gobierno buscaron en todo momento monopolizar la información sobre la pandemia, tendencia que disminuyó en frecuencia con el transcurrir de los meses. Sin embargo, las medidas del Ejecutivo para controlar la Covid-19, priorizaron el mantenimiento del orden público a través de la censura y la desinformación.
Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogara al Covid-19 como «pandemia», expertos de las Naciones Unidas 3 realizaron una recomendación a los gobiernos del mundo, con motivo de las implicaciones del coronavirus en la vida de la población. Entre ellas solicitaron a los gobiernos que proporcionaran información veraz y fiable sobre el coronavirus para combatir la desinformación, que garantizaran pleno acceso a internet a la ciudadanía en
todo momento y que para ello realizaran esfuerzos excepcionales para proteger la labor de los periodistas, en un contexto como tal. Sin embargo, el caso venezolano no cumplió con tales medidas y por el contrario, el acceso a la información se vio limitado por las medidas implementadas.
En el 2020 se registraron al menos 121 casos4 en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión en internet, lo cual se traduce en 319 denuncias de violaciones5 al derecho. Los primeros dos meses el total de casos se mantuvo relativamente bajo, pero posterior al decreto de cuarentena colectiva, los casos experimentaron un incremento que se evidenció al menos durante los primeros tres meses del estado de alarma. De tal forma, abril fue el mes que registró el número más alto de casos de violaciones a la libertad de expresión en línea, con 21 situaciones; seguido por el mes de mayo, periodo en el que se contabilizaron 20 casos.
Con relación a las violaciones, la más recurrente fueron las censuras con un total de 113, seguidas por 92 restricciones administrativas y por 31 detenciones. Estas categorías contemplan tres patrones: fallas estructurales y de conectividad, causadas por la inestabilidad del sistema eléctrico nacional; bloqueos o restricciones de acceso de plataformas web; y hostigamiento y detenciones arbitrarias por la difusión de opiniones o informaciones en línea.
Entre las principales víctimas destacan 40 periodistas o reporteros, 39 páginas o plataformas web y 28 medios de comunicación. Mientras que los victimarios más recurrentes fueron las instituciones del Estado, responsables de 53 casos, los cuerpos de seguridad en 31 y los funcionarios en 24 ocasiones.
Fallas estructurales
Al menos 15 fallas masivas de acceso a Internet se registraron en todo el territorio nacional durante el 2020. Estos eventos, la mayoría (10), fueron por los diversos apagones eléctricos, mientras que las otras cinco fueron por interrupciones de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).
El sistema de energía eléctrica tiene limitaciones estructurales que empezaron en el año 2006 y con el paso de los años, se agravaron. El vicepresidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (Aviem), Joe Carrillo6, explicó hace un año que el problema de la industria eléctrica no se limita solo al evento del 7 de marzo de 2019, fecha en la que se originó el primer mega apagón nacional que se extendió durante varios días. Desde entonces, no solamente los apagones han sido constantes, sino también los bajones y con ello, todas las consecuencias que traen consigo: fallas de acceso a Internet y las telecomunicaciones.
Carrillo señaló que cuando el sistema eléctrico empezó a sufrir sobrecargas, «no se hizo nada para mejorar la situación». Adicionalmente, explicó que en la industria eléctrica, cada vez que se hacen conexiones adicionales que sirven para iluminar avenidas, carreteras o poblaciones, debe hacerse una reestructuración en los voltajes, acción que no ejecutan las autoridades.
El 22 de enero de 2020 se produjo el primer apagón del año que dejó sin servicio de Internet a los estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo y se extendió hasta el día siguiente hacia los estados Falcón, Portuguesa, Lara y Yaracuy. El 17 de febrero se registró una falla masiva que interrumpió el acceso a la red en los estados Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Carabobo y parte de Caracas. Mientras que el 19 de marzo, otra serie de bajones imposibilitó la conexión a Internet, sobre todo para las personas que residen en Caracas, Vargas, Guarenas y Guatire y para el día 26 de marzo, otra falla dejó sin acceso a la red a los estados Mérida, Zulia y Táchira.
No obstante, para el inicio del segundo trimestre del año, específicamente el 5 de abril, un incendio en las instalaciones de CANTV, afectó la conexión a Internet, siendo los estados Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo, Falcón, Lara y Zulia, los más afectados. Para el 18 de abril una caída del servicio Acceso a Banda Ancha (ABA) de CANTV también deja fuera de las comunicaciones a las regiones Apure, Guárico, Aragua y Cojedes.
Un nuevo apagón nacional deja sin posibilidad de comunicación a 19 estados de Venezuela el 5 de mayo. Días después, un mantenimiento programado de un cable submarino, causó fallas en el servicio de Internet en todo el país entre las 3:00 am y las 10:00 am del domingo 17 de mayo.
Para el inicio del segundo semestre, dos cortes de fibra óptica el 29 de junio interrumpió el servicio en los estados Apure y Trujillo, afectando también a los estados Táchira, Mérida y parte de Trujillo. Mientras que una semana después, el 6 de julio, 15 estados de Venezuela se quedaron nuevamente sin acceso a la red por fallas en el servicio eléctrico nacional, mientras que nuevamente los estados andinos Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas no tuvieron conexión a Internet el 30 julio por corte de fibra óptica por parte de CANTV.
Tras casi dos meses, el 23 de septiembre el país volvió a sufrir un bajón eléctrico que afectó el servicio de Internet en al menos un 62%, lo que se tradujo en que cuatro de cada 10 venezolanos no tuvieron acceso a la web para buscar, recibir o difundir información. Tres días después, el 26 de septiembre, un bajón eléctrico afectó la conexión a Internet en un 75% en toda Venezuela.
Para el comienzo del último trimestre del año, la conexión a la red estuvo interrumpida en un 65% el 2 de octubre, siendo los estados Táchira, Carabobo, Lara y Miranda los más afectados. Mientras que para el 26 de diciembre una falla reportada desde la estatal CANTV, dejó sin servicio a varios estados del país, entre ellos: Falcón, Monagas, Carabobo, Aragua, Trujillo, Distrito Capital, Bolívar, Nueva Esparta, Zulia, Lara, Mérida, Vargas, Barinas, Yaracuy, Portuguesa y Miranda.
Condiciones del sistema eléctrico
Venezuela es una nación que podía jactarse de su potencial energético. Tenía reservas considerables de hidrocarburos, así como también del sistema hidroeléctrico derivado de sus principales ríos al sur del país, con lo que abastecía de energía al resto del país. Sin embargo, la falta de inversión y mantenimiento llevó al deterioro del sistema energético lo que disminuyó de forma sostenida y progresiva la calidad de vida de la población.
La electricidad, a diferencia del agua, no se puede almacenar para paliar la escasez. Sencillamente se produce y se consume. Su capacidad de generación debe estar en concordancia con la demanda y dicha capacidad debe ser siempre por condiciones de confiabilidad en la prestación de servicio, al menos un 30% superior a la capacidad demandada. Cuando esta “holgura” empieza a disminuir es cuando ocurren los llamados «bajones eléctricos» o «apagones» y el “racionamiento” bien sea programado, o no.
Otro aspecto importante ocurre con la planificación del sector eléctrico el cual debe ser previsto para al menos unos 20 años. Esto obedece a que desde que ocurre la planificación y entra en operación una central hidroeléctrica transcurren unos diez años; para plantas térmicas de más de 500 megavatios entre tres y cinco años, y plantas nucleares unos 15 años.
«El racionamiento eléctrico es insostenible»
En mayo de 2020 el Comité de Afectados por Apagones en Venezuela informó que solamente en el año 2019 se registraron 87.260 fallas eléctricas, cifra que superó con creces a los años 2018 (46.566) y 2017 (18.221).
La coordinadora de Monitor Social, Roxana Roselli, sostiene que, por ejemplo, el estado Nueva Esparta que ha sido severamente golpeado con el racionamiento eléctrico, debería contar con la autonomía en la generación eléctrica y considera que para ello es necesaria la inversión en nuevas generadoras con suficiente capacidad en al menos unos 600 megavatios y que de no poder realizarse esta acción, considera difícil revertir la situación crítica actual. «La falta de inversión, de mantenimiento y de repuestos hacen muy difícil mantener en funcionamiento el servicio eléctrico», contó en una entrevista a un medio digital.
En Venezuela, los costos de los servicios públicos no cubren la calidad de los mismos y tampoco se ajustan a la hiperinflación sostenida en la que está el país desde hace tres años. Miles de venezolanos padecen el suministro inconstante o problemas de suministro de la energía.
Las constantes fallas en el servicio eléctrico, además, impiden el derecho al agua y saneamiento, a la conservación de alimentos, el derecho al trabajo, al uso de equipos electrónicos y al uso de Internet para comunicarse y mantenerse informados.
Calidad de la conexión a Internet
El portal que se especializa en el monitoreo de las conexiones a Internet, Speedtest Global Index, en su primer ranking de 2021, informó que la conectividad de Venezuela a la red presentó una leve mejoría al pasar del puesto 162 al 157 solo en diciembre de 2020.
La velocidad de carga y descarga de archivos en el país por conexión fija pasó de estar en el sitial 175 del listado (lugar que ocupaba Cuba) al 157, que se tradujo en subir 18 peldaños en comparación a diciembre de 2019.
Para el último mes de 2020, la media en Venezuela se registró en 11,87 Mbps, mientras que en la de subida de información a la red se midió en 8,33 Mbps, que también evidenció un salto importante entre agosto y septiembre al pasar de 3,21 a 5,06 Mbps, según mediciones de Speedtest.
Por otro lado, la latencia –lo que se conoce como al tiempo en que se tarda la transmisión de un paquete dentro de la red y que tiene que ver con el tiempo de carga de un portal, la calidad de una videollamada o juegos en línea-, disminuyó en comparación con diciembre de 2019 del puesto 148 al sitial 74 en diciembre de 2020.
Entretanto, la conexión por telefonía móvil, no presentó variaciones en comparación con el año anterior (2019), puesto que del lugar 138 pasó a 136, de un ranking que mide hasta 139 países. Para la fecha de esta investigación, la conexión por teléfono móvil estaba en el penúltimo lugar de la tabla, solo superando a Afganistán.
El aumento en la conectividad en el país coincide con el aumento de ofertas del servicio de Internet por microondas y por fibra óptica a través de diversas empresas privadas que busca la ciudadanía para mejorar su conexión a la red y mucho más en un contexto por la pandemia a causa del coronavirus que obligó a un confinamiento desde el 16 de marzo que a su vez, migró el trabajo y las tareas escolares a las plataformas totalmente digitales.
Acceso a la información en línea
Los bloqueos a páginas web fueron una medida recurrente durante el 2020. Principalmente este tipo de violaciones fueron ejecutadas por la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y tuvieron como propósito limitar el acceso a información relacionada al Covid-19. En total, al menos en 66 ocasiones fueron aplicados bloqueos o impedimentos de acceso en línea. Del total de bloqueos 23 fueron aplicados a medios digitales y 43 fueron a portales o plataformas web.
El 18 de marzo CANTV bloqueó la página web coronavirusvenezuena.info7, la cual había sido lanzada horas antes por la Asamblea Nacional (AN) y tenía como propósito brindar información a la ciudadanía sobre el virus COVID-19.
Posteriormente, el 4 de junio, CANTV bloqueó el acceso a la página web de planpaisvzla܂com8, acción que fue replicada posteriormente también por las operadoras privadas Digitel y Movistar. El bloqueo fue de tipo DNS y se registró durante la transmisión en vivo de un evento de Juan Guaidó.
El 3 de octubre, CANTV bloqueó 13 portales9 de medios de comunicación y varias plataformas digitales mediante filtrado por SNI y por el host HTTP. En la lista de páginas web bloqueadas por el principal proveedor de servicio de internet del país destacan: Aporrea, Armando.info, El Nacional, El Universal, Efecto Cocuyo, Globovisión, La Patilla, El Venezolano TV, Caraota Digital, Vivo Play, Sumarium, InSight Crime, 2001, Soundcloud, Livestream y Change.Org. La medida ya había sido aplicada con anterioridad, pero los bloqueos habían quedado sin efecto luego de un incendio registrado en las instalaciones de CANTV durante el mes de abril del 2020.
Criminalización de la denuncia
Respecto a la situación de Venezuela, los relatores especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresaron su preocupación por el efecto disuasorio que pueden tener represalias hacia trabajadores de la salud y comunicadores que usan las plataformas en línea para ofrecer información de interés para la población; esto frente al aumento de la estigmatización y ataques hacia defensores y ciudadanos desde la declaratoria del estado de alarma en el país.
Ataques y falsas acusaciones
El 29 de marzo de 2020, las organizaciones de derechos humanos Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA); el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Promedehum, sufrieron ataques informáticos en sus respectivas cuentas en la red social Twitter quedando fuera de línea de manera temporal.
El sitio web de la ONG Acceso a la Justicia fue suspendido de forma temporal tras denuncias hechas hacia su servicio de hospedaje (GoDaddy) de supuesta violación de la propiedad intelectual, a través de la creación de publicaciones en otras páginas y el uso de identidades falsas. Las denuncias fueron contra análisis de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), documentos de interés público.
El 30 de marzo de 2020 se realizó una segunda denuncia10 con el sitio de la ONG, esta vez bajo el nombre de una diputada canadiense cuya dirección y teléfono en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, corresponde con un centro comercial. Al respecto, Acceso a la Justicia comentó:
“su denuncia está presentada en portugués y en su señalamiento menciona una sentencia que el sitio web vlexvenezuela replicó de la página del TSJ y no alguna que Acceso a la Justicia haya analizado. Ello significa que la sentencia supuestamente plagiada por la ONG no es la misma que la que esta página contiene: son de fechas distintas, con sujetos y temas diferentes, y la de este último sitio no se encuentra en la página de Acceso a la Justicia”.
El 4 de mayo, desde la página web de “Con el Mazo Dando”, un programa pro gubernamental transmitido por el canal del Estado, se acusó a la organización no gubernamental PROVEA de ser financiada por agencias de inteligencia de Estados Unidos. En la publicación citan un tweet de la ONG y aseguran que esta «reivindica la incursión mercenaria en el país», en referencia a los hechos ocurridos en Macuto, estado Vargas, días antes. Horas más tarde, Nicolás Maduro hostigó a la organización y los acusó de «darle cobertura a los terroristas», y aseguró que son financiados por la CIA (siglas en inglés de la Agencia Central de Inteligencia).
Detenciones arbitrarias
Según un informe titulado “La Disciplina del Medio: “Detenciones arbitrarias y asesinatos en los primeros 6 meses del Estado de Alarma en Venezuela”, publicado en noviembre de 2020, por la organización PROVEA durante el primer semestre del estado de alarma ocurrieron al menos 159 detenciones arbitrarias, de las cuales 108 (el 67.5%) se registraron en los primeros tres meses de la pandemia.
Al menos unas 31 personas fueron detenidas durante el 2020 por difundir mensajes críticos al gobierno o cuestionar a autoridades públicas, sea en el contexto de las acciones por la pandemia o en general, por informaciones u opiniones vinculadas a altos/as funcionarios/as y a su círculo cercano.
La mayoría fueron ciudadanos/as que no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan las plataformas en línea para emitir opiniones, reportar hechos o compartir ideas; entre ellos docentes, abogados e ingenieros; estos suman 18 víctimas, lo cual representa el 58% del total de detenidos/as. Le siguen seis periodistas/reporteros, cuatro trabajadores públicos, dos trabajadores de la salud y un miembro de ONG.
Las privaciones ilegítimas por ejercer la libertad de expresión en línea se incrementaron de manera progresiva a raíz del uso masivo de las plataformas de Internet como mecanismo de expresión e información frente a un ecosistema de medios reducido. Esto abrió paso a la web como plataforma de intercambio informativo y, gracias a ese potencial, se elevaron los riesgos para la comunicación libre mediante el aumento de las restricciones y la represión.
31 personas fueron detenidas por ejercer su derecho a la libre expresión en Internet durante el 2020
En el registro se sumó un patrón emergente durante la pandemia: la persecución por contenidos difundidos a través de los estados de Whatsapp con imágenes o mensajes críticos hacia autoridades fueron motivos de detención e inicio de procesos penales. Entre los casos más relevantes figuran:
Darelis Corales fue detenida el 27 de marzo de 2020 tras el allanamiento de su vivienda en Araure, estado Portuguesa, por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). ¿La razón? Le envió un mensaje de texto vía Whatsapp a Débora Menicucci, esposa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. Corales fue presentada en tribunales por delitos de odio.
Elio Mendoza, trabajador de la Planta de Pellas en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar, fue detenido el 1ero de abril por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Familiares denunciaron que Mendoza se encontraba en su día libre y recibió una llamada del gerente de planta para solicitarle apoyo con una guardia nocturna por una avería. En realidad, el motivo de la llamada era falso y lo detuvieron por el reenvío de un mensaje en cadena a través de Whatsapp. El mensaje involucra al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno. Le imputaron los delitos de incitación al odio y difamación al presidente del TSJ.
Tania Rodríguez, ex trabajadora de Sidor, fue privada de libertad por funcionarios de la Comisión Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) en su residencia el 3 de abril en el estado Bolívar. La razón fue el reenvío de un mensaje por Whatsapp, Rodríguez consultó sobre la veracidad de la información que involucraba a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Tania fue presentada en tribunales por el delito de “instigación al odio”, recibió medida privativa de libertad en arresto domiciliario.
Andrea Sayago, bioanalista del Hospital Pedro Emilio Carrillo, fue detenida el 4 de abril por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por publicar en un grupo de Whatsapp una advertencia sobre presuntos casos de coronavirus en la entidad. 48 horas después la presentaron ante un juez del Circuito Judicial del municipio Trujillo y le otorgaron la medida cautelar de arresto domiciliario tras ser imputada por los delitos de “traición a la patria” e “instigación al odio”.
Luis Araya, médico adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora del estado Lara, fue detenido el 15 de abril, sin orden judicial, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en su consultorio privado, por publicar una crítica a un representante del gobierno de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp. Posteriormente, Araya fue liberado bajo medida cautelar de presentación cada 30 días, luego de ser presentado en tribunales de Carora, estado Lara. Se le imputó el delito de instigación al odio.
Darío Salcedo, sindicalista y trabajador de INSOPESCA, fue detenido el 5 de mayo tras realizar denuncias, a través de Twitter y Whatsapp contra las autoridades de dicha institución por incumplimiento de beneficios laborales. El 17 de abril, Salcedo publicó un mensaje en su cuenta en Twitter en donde citó un tuit publicado por otro usuario, en el que hizo mención crítica a Dante Rivas, actual ministro para la Pesca. Salcedo también envió un audio a través del servicio de mensajería WhastApp a Carmen Hinojosa, Directora de Recursos Humanos de INSOPESCA, rechazando el incremento del costo del paquete de alimentos ofrecido en la institución pública. De acuerdo a la organización Provea, funcionarios del CICPC allanaron sin orden judicial la vivienda de Salcedo en compañía del Fiscal Brayan Ayala, quien mostró una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 35 de Control del Área Metropolitana de Caracas.
El 24 de mayo, el Tribunal 35° de Control ratificó la privativa de libertad contra Darío Salcedo, justificó su decisión en el artículo 20 de la «ley contra el odio». Se ordenó la reclusión del trabajador en el «Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio» en el estado Guárico, en el centro del país. Posteriormente el 4 de julio, el Tribunal 35 de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas, le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario.
José Vásquez, de profesión ingeniero, fue detenido el 5 de mayo por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, tras expresar a través de su cuenta en Facebook y en Whatsapp su descontento por la crisis de la gasolina en la ciudad de Cantaura, estado Anzoátegui. Vásquez, a través de esas plataformas, invitó a sus seguidores a salir a protestar. A Vásquez lo habían amenazado con una pena de 3 a 6 años de cárcel. No obstante, al día siguiente de su detención, lo presentaron en los tribunales de El Tigre y le dictaron la medida cautelar de régimen de presentación cada 45 días.
Fidel Martínez, de profesión docente, fue detenido –sin orden judicial- el 26 de septiembre por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) en su casa en San Mateo, estado Aragua. Martínez había convocado a través de Whatsapp y Facebook a protestar por las fallas de los servicios públicos. Posteriormente fue presentado ante el Tribunal 10 de Control y fue imputado por el delito de “instigación pública” y le impusieron la medida cautelar de régimen de presentación.
Eudis Girot, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), fue detenido el 18 de noviembre por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A través de la red social Twitter, Girot emitía una actualización del estado de las refinerías y la situación de los salarios en Petróleos de Venezuela. Hasta la fecha permanece detenido.
Consideraciones finales
Las constantes fallas del sistema eléctrico nacional y sus consecuencias, limitan cada vez más el normal desarrollo de las actividades de la ciudadanía. Sobre todo, en el último año, debido a las consecuencias del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Situación que generó un incremento en el uso del internet por el trabajo y la educación a distancia, con todas las condiciones precarias adicionales al racionamiento eléctrico: brecha digital entre quienes poseen y no equipos tecnológicos para ello, así como también poder adquisitivo para costear equipos y conexiones privadas.
En un escenario inédito, generado como consecuencia de la propagación del covid-19 a nivel mundial, la virtualidad tomó un papel sumamente importante en la cotidianidad de los ciudadanos del mundo. Sin embargo, en el caso venezolano el derecho a la libertad de expresión en línea no fue garantizado y por el contrario, la tendencia preexistente se agudizó luego de las medidas establecidas por el Ejecutivo.
Resulta grave que, en un contexto restrictivo como el venezolano, con un ecosistema de medios tradicionales disminuido, un importante porcentaje de la población no tenga acceso a medios digitales y redes sociales de forma regular, lo cual afecta el normal flujo de información y promueve una sensación de aislamiento informativo. Adicionalmente a las limitaciones de la información en línea por los cortes eléctricos, los nuevos patrones de persecución por expresarse en Internet, dirigidos a esquemas o plataformas más privadas, constituyen mecanismos de represalia que podrían llevar a que las personas se autocensuren.
El acceso a internet constituye un derecho humano, por lo que el Estado está en la obligación de garantizarlo, así como de brindar información oportuna y veraz en contextos restrictivos como los generados a raíz de la pandemia del coronavirus. De igual forma el gobierno debe proteger la labor de la prensa y la libre circulación de información, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Adicionalmente, los patrones de persecución por opiniones o informaciones difundidas a través de Internet, representan acciones represivas orientadas a fomentar la autocensura en una población cuyos derechos se encuentran bastante limitados. De igual forma, estas acciones demuestran el alcance de las publicaciones realizadas en redes sociales y de allí la importancia de generar buenas prácticas al momento de replicar contenidos en línea.
Metodología
El registro de casos se realiza sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyen las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.
A partir de los datos se crea una matriz que considera las variables que referimos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos, junto a ejemplos de casos. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos/as, infociudadanos/as y varios tipos de violaciones.
Referencias
