Venezuela sin glaciares ni información pública. Opacidad estatal niega soluciones a la crisis ambiental

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(5 de junio de 2024). Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por las graves amenazas y daños a gran escala en varios ecosistemas naturales del país, los efectos en la población y su relación con la desatención estatal, la negación de  información pública y con ello de la participación ciudadana para buscar soluciones. 

El acceso oportuno y transparente a la información pública es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado. Este derecho resulta indispensable para la defensa ambiental, la intervención en la toma de decisiones y la construcción de una sociedad justa y sostenible.

Hoy Venezuela atraviesa una crisis ambiental derivada estructuralmente de acciones y omisiones gubernamentales que restan condiciones de vida digna para todas las personas. Desde los constantes derrames petroleros, los efectos de la explotación en el Arco Minero del Orinoco hasta la inacción frente a las consecuencias del cambio climático, configuran situaciones que responden a la falta de prácticas y políticas efectivas, transparentes e inclusivas de contención y prevención. 

El acceso a la información pública es un derecho básico para que personas y colectivos puedan monitorear, denunciar, frenar y evitar amenazas al ambiente. Permite conocer datos clave sobre proyectos, políticas, prácticas y decisiones que tengan impacto en las comunidades y territorios. La defensa del ambiente en el país enfrenta importantes desafíos, no solo por el alcance de los daños y el riesgo que implica el activismo, sino por la ausencia de información oportuna y confiable, crucial para que los diferentes actores actúen de manera efectiva. 

Contrario a los estándares en materia de libertad de expresión e información, en Venezuela domina una política de opacidad, donde las instituciones niegan regularmente información pública e incluso entorpecen y criminalizan su búsqueda. En 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que las peticiones de información deben manifestar expresamente las razones o los propósitos por los que se requiere la información y que la magnitud de lo solicitado debe ser proporcional con el uso que se pretenda darle. Lejos de revertir estas limitaciones arbitrarias, en 2021 esta y varias políticas restrictivas fueron refrendadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.  

Este contexto institucional genera severas consecuencias para el ambiente y para la sociedad venezolana en su conjunto. Entre algunas se encuentran: 

  • La falta de información sobre proyectos con impacto ambiental. La ciudadanía no tiene acceso a información suficiente sobre proyectos o situaciones que podrían afectar a su entorno, lo que limita su capacidad para participar en procesos de consulta pública y para defender sus derechos.
  • La impunidad de los delitos ambientales. La falta de transparencia dificulta la investigación y sanción de posibles delitos ambientales, lo que contribuye a la proliferación de actividades dañinas e ilícitas, incluso en ecosistemas protegidos.
  • La opacidad en las instituciones públicas. La opacidad de los entes públicos genera desconfianza, lo que afecta y limita la participación ciudadana en la gestión ambiental.

En vista de lo expuesto, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a las autoridades a:

  • Recuperar la institucionalidad democrática. Esto a fin de sancionar leyes que realmente garanticen el acceso a la información pública, bajo principios y conductas que respeten la independencia de los poderes públicos, y ofrezcan mecanismos funcionales de contraloría social. 
  • Garantizar efectivamente la transparencia. Los organismos públicos deben publicar información ambiental relevante en sus portales web y responder a las solicitudes de información de manera oportuna y completa, sin limitaciones arbitrarias. 
  • Cesar la criminalización de la defensa ambiental. Se debe garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la defensa del ambiente, y se deben investigar y sancionar los actos de persecución contra personas defensoras del territorio.

Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al acceso a la información pública, exigir transparencia y participar en la defensa del ambiente. Es importante solicitar información a los entes públicos y denunciar los obstáculos porque tenemos derecho a saber y a participar en la toma de decisiones. También es fundamental exigir a las autoridades y empresas que actúen de manera transparente y rindan cuentas, ya que ambos comparten responsabilidades en materia de derechos humanos, como el acceso a la información pública y el derecho a un ambiente sano. 

Organizaciones firmantes:

  • A.C. Médicos Unidos de Venezuela
  • Acceso a la Justicia
  • AlertaVenezuela
  • Caleidoscopio Humano
  • CAMPO
  • Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
  • CIVILIS
  • Clima21
  • Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
  • Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
  • Defiende Venezuela
  • Espacio Público 
  • EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
  • Fundación Aguaclara
  • Hearts On Venezuela
  • ININCO-UCV
  • Monitor Social AC
  • Odevida, Capítulo Venezuela
  • Observatorio Venezolano de Prisiones
  • PROMEDEHUM
  • PROVEA
  • Red Comunitaria de Derechos y Ciudadanía
  • Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)
  • Una Ventana a la Libertad

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