Durante el 2018 Espacio Público ha registrado numerosos casos de hostigamiento hacia trabajadores públicos, al menos 55 personas engrosan un patrón de restricción dirigida contra aquellos que se movilizan en reclamo por las críticas condiciones laborales, lo que evidencia el aumento de los niveles de represión mientras empeora la calidad de vida1 en Venezuela.
Hostigamiento verbal: “Insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación o periodistas, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaraciones en repudio de artículos periodísticos”.
La persecución de quienes laboran en los hospitales públicos e industrias básicas o de funcionarios militares, que viven y denuncian situaciones críticas2, revela un Estado intolerante, que en un afán por ocultar la realidad, promueve -por acción u omisión- la criminalización de quienes reclaman.
Entre enero y octubre de 2018, Espacio Público registra al menos 55 personas del sector público que fueron o son perseguidas, amenazadas o detenidas en su mayoría, por o tras protestar activamente contra situaciones críticas en sus lugares de trabajo. Los casos dan cuenta de la acusación por delitos comunes bajo procesos judiciales irregulares, que no garantizan el principio de presunción de inocencia y vulneran abiertamente los derechos al debido proceso y legítima defensa; así como desapariciones forzadas, prácticas que facilitan la ejecución de tortura, tratos crueles y degradantes.
La ilegítima “Ley Contra el Odio” se utiliza para criminalizar la labor de denuncia dentro de las instituciones públicas, desde su invocación para procesar judicialmente a trabajadores, como motivo de despido, hasta su uso como amenaza de cárcel latente hacia quienes reclamar. 
Carlos Julio Varón Gracia y Ricardo Antonio Prieto Parra, dos miembros de la Dirección del Cuerpo Nacional de Bomberos (CNB) del estado Mérida fueron detenidos el 12 de septiembre de 2018 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acusados de grabar un video donde comparan a Nicolás Maduro con un burro.
Durante la audiencia de presentación el fiscal Villegas acusó a los bomberos por el delito de incitación al odio con agravantes, y solicitó la privativa de libertad según los artículos 20 y 21 de la inconstitucional “Ley contra el Odio”. La imputación del Fiscal fue aceptada por el juez Carlos Márquez, por lo que los trabajadores públicos serán juzgados en prisión. Los bomberos se encuentran recluidos en el retén de la Policía de Mérida (Polimérida) ubicado en Bailadores, traslado que no fue notificado a los familiares.
Las amenazas arrecian en particular hacia el sector salud, unos de los gremios que se ha movilizado sistemáticamente para denunciar la crisis hospitalaria a nivel nacional. En la mayoría de los casos que han sido procesados judicialmente, se les acusa de delitos como hurto de insumos o falsificación de récipes médicos, sin embargo estas acusaciones no tienden a estar lo suficientemente probadas, y las detenciones se dan tras la participación en manifestaciones públicas o en un contexto de amenazas en los sitios de trabajo a causa de los reclamos por mejores condiciones laborales. Entre los casos más recientes se encuentra el de las enfermeras detenidas en la ciudad de Barcelona.
El 4 de octubre, Karen Peraza, Iliana Castillo y Denilda Luna, enfermeras del hospital Luis Razzetti del estado Anzoátegui, fueron detenidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas luego de que éstas participaran en distintas protestas exigiendo mejoras en el sector salud. Las enfermeras resultaron detenidas tras acudir a la sede del CICPC para rendir declaraciones.
Flor Aguiar, subdirectora del hospital, indicó que al centro de salud se presentaron los funcionarios para revisar la coordinación de enfermería de neonatología; asistieron junto al diputado del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui (Cleanz), Francisco Ortiz, efectivos de Polianzoátegui y de Polisotillo. Después de la revisión se llevaron a las enfermeras para interrogarlas por unos insumos conseguidos en la coordinación, que habían sido solicitados previamente para esa dependencia.
Según el comunicado difundido por el Colegio de Enfermería del estado Anzoátegui, las enfermeras estarían detenidas por mandato del diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) quién ordenó la inspección. Peraza, Castillo y Luna fueron excarceladas el 7 de octubre, bajo régimen de presentación.
Ante la incidencia de casos contra trabajadores públicos, que denuncian la crisis en ejercicio de su legítimo de derecho a la libertad de expresión y reunión, exigimos al Estado venezolano:
-Cesar la persecución y el hostigamiento contra trabajadores públicos a través de un discurso amenazante, la represión a la protesta pacífica o mediante sanciones administrativas que pretenden castigar e inhibir los reclamos.
-Regularizar el acceso a la información pública y promover una cultura de transparencia en la gestión de los bienes y servicios públicos, con ello facilitar la contraloría social.
-Concebir e implementar medidas estructurales, concertados democráticamente, a fin de solventar la crisis del sistema de salud, priorizando a los sectores más vulnerables.
Referencias
