Organizaciones solicitan Medidas Cautelares urgentes a favor de persona migrante venezolana en Colombia

Facebook
Twitter
LinkedIn

Washington, D.C. y Bogotá, 17 de diciembre 2019.- El Centro por la Justica y el Derecho Internacional (CEJIL), Dejusticia y la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes condenamos enérgicamente la inminente expulsión del territorio colombiano hacia Venezuela de Miguel Ángel Calderón Quintero después de su detención, ocurrida el día de hoy en Bogotá, Colombia. Los hechos ocurren bajo un contexto de alta polarización social que experimenta el país luego de las manifestaciones que se han realizado desde noviembre de este año y donde se han documentado actos de agresión en contra de personas venezolanas.

En el caso del señor Calderón, quien no participó del paro, fue acusado de espía y detenido en la vía pública después de grabar un  video en el que muestra la calle en la que se encontraba y en el que indica que en esa área vivía el Presidente de la República. Su objetivo era informarle a su esposa que se estaban tomando medidas de seguridad en la zona cerca de donde él y su familia viven.

Miguel es esposo de una colombiana y padre de una niña de la misma nacionalidad. A pesar de residir desde el 2016 en Colombia con un trabajo como repartidor y ser portador de Permiso Especial de Permanencia (PEP), fue acusado sin sustento alguno de presentar un riesgo para la seguridad nacional.

Frente a su inminente expulsión del territorio colombiano, solicitamos la adopción medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se proteja el derecho a la integridad personal, la protección a la familia, y la identidad de la niñez.

“La medida de expulsión impuesta a Miguel por parte de Colombia conlleva un rompimiento a la unidad familiar y tiene un efecto directo en el desarrollo de su hija de seis años. Es lamentable que, a pesar de los avances propuestos por el Estado colombiano frente a la población migrante y refugiada venezolana, los discursos xenófobos de mantengan arraigados e impacten las vidas de las personas más vulnerables y sus familias”, destacó Francisco Quintana, director del programa para la región andina, Norteamérica y el caribe de CEJIL.

Por su parte, Carolina Moreno, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes  destacó que “la ejecución de la medida de expulsión en contra de Miguel Ángel consolida el perjuicio irremediable de la fractura familiar que buscábamos evitar. Asimismo, se suma a una cadena de irregularidades que vulneran el debido proceso y la presunción de inocencia, que son derechos que todas las personas tenemos, sin distinción de nacionalidad. Reiteramos nuestra profunda preocupación frente a la normativa colombiana sobre expulsión por razones de seguridad nacional, la cual trasgrede las garantías mínimas del debido proceso que todo Estado que se llame Constitucional de Derecho, como el colombiano, debe tener y respetar frente a todas las personas presentes en su territorio, incluidos por supuesto los migrantes”.

Lucía Ramírez, coordinadora del área de migración de Dejusticia solicitó que “las autoridades colombianas, en particular a Migración Colombia que se abstenga de adelantar la expulsión programada para hoy a las 5:00 pm y garantice los derechos señor Calderón al debido proceso, la unidad familiar de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y las obligaciones establecidas en los tratados internacionales”.

Artículos relacionados

Colectivos y organizaciones de DDHH reiteramos la demanda de libertad para los artistas cubanos, ante la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal

Las organizaciones firmantes exigimos al Estado cubano que cese la criminalización del arte político, la defensa de derechos y las campañas de difamación.

Proyecto de ley de cooperación internacional en Venezuela reitera tendencia restrictiva del espacio cívico en América Latina

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil rechazamos el proyecto de ley de cooperación internacional discutido por la Asamblea Nacional.

Organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía rechazan el proyecto de ley anti-solidaridad que cierra la cooperación internacional

Las personas y organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente pronunciamiento rechazamos el proyecto de ley titulado “Ley de Cooperación

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.