Washington, D.C. y Bogotá, 17 de diciembre 2019.- El Centro por la Justica y el Derecho Internacional (CEJIL), Dejusticia y la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes condenamos enérgicamente la inminente expulsión del territorio colombiano hacia Venezuela de Miguel Ángel Calderón Quintero después de su detención, ocurrida el día de hoy en Bogotá, Colombia. Los hechos ocurren bajo un contexto de alta polarización social que experimenta el país luego de las manifestaciones que se han realizado desde noviembre de este año y donde se han documentado actos de agresión en contra de personas venezolanas.
En el caso del señor Calderón, quien no participó del paro, fue acusado de espía y detenido en la vía pública después de grabar un video en el que muestra la calle en la que se encontraba y en el que indica que en esa área vivía el Presidente de la República. Su objetivo era informarle a su esposa que se estaban tomando medidas de seguridad en la zona cerca de donde él y su familia viven.
Miguel es esposo de una colombiana y padre de una niña de la misma nacionalidad. A pesar de residir desde el 2016 en Colombia con un trabajo como repartidor y ser portador de Permiso Especial de Permanencia (PEP), fue acusado sin sustento alguno de presentar un riesgo para la seguridad nacional.
Frente a su inminente expulsión del territorio colombiano, solicitamos la adopción medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se proteja el derecho a la integridad personal, la protección a la familia, y la identidad de la niñez.
“La medida de expulsión impuesta a Miguel por parte de Colombia conlleva un rompimiento a la unidad familiar y tiene un efecto directo en el desarrollo de su hija de seis años. Es lamentable que, a pesar de los avances propuestos por el Estado colombiano frente a la población migrante y refugiada venezolana, los discursos xenófobos de mantengan arraigados e impacten las vidas de las personas más vulnerables y sus familias”, destacó Francisco Quintana, director del programa para la región andina, Norteamérica y el caribe de CEJIL.
Por su parte, Carolina Moreno, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes destacó que “la ejecución de la medida de expulsión en contra de Miguel Ángel consolida el perjuicio irremediable de la fractura familiar que buscábamos evitar. Asimismo, se suma a una cadena de irregularidades que vulneran el debido proceso y la presunción de inocencia, que son derechos que todas las personas tenemos, sin distinción de nacionalidad. Reiteramos nuestra profunda preocupación frente a la normativa colombiana sobre expulsión por razones de seguridad nacional, la cual trasgrede las garantías mínimas del debido proceso que todo Estado que se llame Constitucional de Derecho, como el colombiano, debe tener y respetar frente a todas las personas presentes en su territorio, incluidos por supuesto los migrantes”.
Lucía Ramírez, coordinadora del área de migración de Dejusticia solicitó que “las autoridades colombianas, en particular a Migración Colombia que se abstenga de adelantar la expulsión programada para hoy a las 5:00 pm y garantice los derechos señor Calderón al debido proceso, la unidad familiar de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y las obligaciones establecidas en los tratados internacionales”.
