La directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega; y el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, hicieron pública su insatisfacción por la situación de las garantías fundamentales en el país el 27 de enero.
Entre sus críticas se encontraron: la “agudización” de la impunidad, a la cual responsabilizaron por el incremento en las vulneraciones a determinados derechos fundamental; el clima de criminalización que el Ejecutivo viene manteniendo contra el movimiento que integran, por lo que responsabilizaron a esta política de la muerte de los 72 defensores de Derechos Humanos y líderes agrarios asesinados en los últimos diez años; y la institucionalización de la discriminación por motivos políticos, a través de mecanismos como las listas Tascón y Maisanta.
Con relación a los aspectos positivos de la gestión del presidente Hugo Chávez Frías, Ortega y Alvarado coincidieron en señalar logros como: la inclusión del título de Derechos Humanos en la Constitución; el importante incremento del gasto en salud y educación, el cual hoy representa 44,6% del presupuesto (38 millardos de bolívares fuertes); la reducción de la pobreza, a la cual calificó como el problema de Derechos Humanos “más grave y amplio” que aqueja a Venezuela; y el incremento anual del salario mínimo.
