El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el 27 de enero la posición contradictoria del Gobierno Nacional con respecto a los derechos humanos al designar en su gabinete a Ramón Rodríguez Chacín como ministro de Interior y Justicia.
La organización señala que es absurdo nombrar como garante de la justicia venezolana a un ciudadano que presuntamente está vinculado con la masacre de El Amparo. El nuevo Ministro formaba parte de funcionarios que aparentemente dirigieron operaciones militares de Caño Gaviota, en Apure, el 22 de abril del 1988, cuando murieron 2 ciudadanos de origen colombiano. Provea además sostiene que el Ministro podría estar vinculado con la muerte de 12 personas más en los sucesos conocidos como: “Los Amparitos”, las masacres de Fila de Margua, Boca de Grita, Los Totumitos y El Vallado.
Estas denuncias fueron sustentadas recientemente por el dirigente político Walter Márquez, historiador y presidente de la subcomisión de Derechos Humanos de la antigua Cámara de Diputados. “Provea reitera que el Estado venezolano se encuentra en la obligación de sancionar a los responsables de la masacre de El Amparo”.
Estas denuncias fueron sustentadas recientemente por el dirigente político Walter Márquez, historiador y presidente de la subcomisión de Derechos Humanos de la antigua Cámara de Diputados. “Provea reitera que el Estado venezolano se encuentra en la obligación de sancionar a los responsables de la masacre de El Amparo”.
