La relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, pidió a las autoridades de Venezuela información adicional, fundamentos fácticos y jurídicos y justificaciones que sustenten la adjudicación de la sede de El Nacional a Diosdado Cabello.
En una carta fechada el 11 de febrero de este año, y hecha pública tras un plazo de 60 días por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Khan expresó que “la demanda de difamación, el carácter aparentemente desproporcionado de la indemnización y la adjudicación de la sede” parecieran estar directamente relacionados con la labor periodística de El Nacional.
“Me preocupa asimismo que la cantidad a pagar como indemnización por la sociedad propietaria del periódico, por su aparente desproporcionalidad, haya hecho imposible el pago de la misma, con el resultado de forzar el embargo de la sede del periódico, afectando gravemente la continuidad de la labor periodística”, expresó la relatora.
Khan expuso que la indemnización impuesta a El Nacional, que derivó en su cierre, “no parece haber cumplido con los estrictos requisitos de necesidad y proporcionalidad” para perseguir un objetivo legítimo definido, como lo establece el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), “ni tampoco con los requisitos normativos locales, afectando el derecho al libre proceso judicial”.
La demanda contra El Nacional hecha por Diosdado Cabello, número dos del chavismo y vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) data de 2015, cuando el medio replicó fielmente un artículo del diario ABC de España en el que se indicaba que el diputado sería objeto de una investigación en Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotráfico.
En mayo de 2018 un tribunal del área metropolitana de Caracas condenó a Editora El Nacional C.A. al pago de una indemnización de mil millones de bolívares y posteriormente una cámara de apelaciones ordenó indexar la cantidad. En abril de 2021, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó al medio a pagar 237.000 petros (equivalentes a $13 millones) por supuesto “grave daño moral” a Cabello.
Un mes después un juzgado ordenó el embargo de los bienes de El Nacional por la cantidad de 533.250 petros ($30,5 millones), el cual se ejecutó la misma noche impidiendo el acceso de los trabajadores al edificio del medio. En enero de 2022 se le adjudicó a Cabello la sede del diario y el terreno donde se erige y menos de un mes después se le entregó.
“La medida se habría ejecutado de forma irregular, al no informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, en supuesta violación de las reglas procesales que exige la ley”, destacó la relatora especial.
Khan resaltó que la decisión contra El Nacional se produjo en un contexto de cierre del espacio cívico venezolano, principalmente de atropellos a la libertad de expresión y opinión. Destacó las denuncias de acoso y hostigamiento del Estado contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y opositores que fueron replicadas en sitios web oficiales e incluso en el programa Con el Mazo Dando, que conduce Diosdado Cabello en VTV.
Ello sumado a los bloqueos de sitios web independientes que se intensificaron en el primer trimestre de 2022, ejecutados por proveedores públicos y privados de internet por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
“Advierto que esta presunta persecución de medios de comunicación independientes, periodistas y otros trabajadores de estos medios, además de profundizar la presión preexistente sobre la prensa y la sociedad civil en Venezuela, también podría tener el efecto de restringir seriamente el acceso a la información para el público venezolano e impactar negativamente sobre la libertad de los individuos de usar y recibir una amplia gama de formas de información”, dice el comunicado de la relatora especial.
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