(Caracas, 02 de febrero de 2023). La Alianza por la Libertad de Expresión condena este nuevo intento del Estado venezolano de criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional de los derechos humanos.
El proyecto de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” fue aprobado en primera discusión el 24 de enero de 2023. En la presentación del proyecto, el líder oficialista Diosdado Cabello, alegó que existe “una situación irregular con las organizaciones no gubernamentales”, explicó que “eso atenta contra la integridad de la República porque no son organizaciones que dependen del Estado venezolano si no de los Estados Unidos”. Señaló que “las organizaciones son el enemigo de esta patria y están para entregar las riquezas de Venezuela al imperialismo (…)”.
Una de las consecuencias más preocupantes de esta propuesta es que aumenta el riesgo de millones de personas en el país en situación crítica que hoy se benefician de programas sociales, humanitarios y derechos humanos en medio de una crisis estructural de larga duración. La ausencia de garantías institucionales efectivas para la protección de derechos derivó en el desplazamiento de más de 7 millones de personas lo que convirtió a Venezuela en el foco de una crisis migratoria sin precedentes en el continente.
Tras la presentación, el proyecto se aprobó inmediatamente; no hubo revisión de la exposición de motivos, de los objetivos de la ley, del alcance, ni la viabilidad, y ni se discutió el articulado. Estas omisiones son contrarias a lo establecido en la Constitución Nacional para la sanción de leyes. A la fecha de publicación de este comunicado, el proyecto no es de acceso público.
El objeto de la ley es regular a las organizaciones. Sin embargo, en Venezuela las organizaciones ya están sometidas a una serie de registros que demandan el cumplimiento de compromisos fiscales e institucionales. Es el Estado el que impide el debido funcionamiento del sistema de registro actual así como las actualizaciones de las actas constitutivas de las organizaciones. En el año 2019 el Servicio Autónomo de Registros y Notarías indicó en las puertas de los registros que: Queda prohibido registrar actas (Constitutivas, Ordinarias y Extraordinarias) de ONG, Asociaciones y Fundaciones, hasta nuevo aviso. Las restricciones se mantienen a la fecha.
Además de crear un registro paralelo, el proyecto busca imponer obligaciones extraordinarias a toda persona natural, jurídica, nacional o extranjera con labores sin fines de lucro en el país. Tiene como foco la obligatoriedad de proporcionar “datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”, e información sobre la “relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes”.
La propuesta otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización; esto significa que el Estado puede diseñar los mecanismos de seguimiento, control, captación y supervisión de las actividades.
Tales atribuciones someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la garantía de autonomía e independencia. Según el texto sería un delito incurrir en “actuaciones contra la estabilidad de la población o cualquier acto que prohíba la legislación venezolana”, términos muy amplios y genéricos, que facilitan interpretaciones parcializadas.
Alertamos sobre la gravedad de esta propuesta en un contexto de crisis social y económica que afecta a la mayoría de la población. El aporte de la sociedad civil no puede ni pretende sustituir el papel estatal pero en los últimos años se ha convertido en muro de contención frente al agravamiento de las condiciones de vida de la ciudadanía y resulta fundamental para reconstruir espacios de institucionalidad democrática.
Exhortamos a todas y todos a rechazar este proyecto por poner en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a personas en condición de vulnerabilidad, su aprobación afectará a los distintos sectores de la población venezolana que son los beneficiarios/as directos e indirectos del trabajo de organizaciones, programas, proyectos sociales, humanitarios y de derechos humanos.
Firman:
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
- Colegio Nacional de Periodistas
- Comité por una Radiotelevisión Pública (RTSP)
- Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello
- Espacio Público
- Expresión Libre
- Revista Comunicación del Centro Gumilla
- SER Comunicación e Investigación
- Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO-UCV)
- Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela)
- Un Mundo Sin Mordaza
