En la mesa de Caracas no se negocia: libertad de expresión, acceso a la información y transparencia

agosto 28, 2026

El 12 de agosto, gobierno y oposición parlamentaria cerraron con dos anuncios el primer ciclo de un proceso de diálogo tutelado por Estados Unidos: la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de los activos venezolanos retenidos en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia de los terremotos del 24 de junio. Ambos acuerdos dependen enteramente de información que hoy el Estado venezolano no produce ni publica y, cuando se le solicita, no responde.

En el país persisten 92 portales de noticias bloqueados, las cifras de fallecidos por los terremotos oscilan entre 6.125 y 50.000 según la fuente que se consulte, y previamente no se ha cumplido con el procedimiento establecido por la legislación vigente para designar a los magistrados que se anuncian. Así no es posible reconstruir la institucionalidad, es necesario que haya vías para verificar que lo acordado se cumpla acorde a derecho.

Hay además un dato relevante y omitido en el comunicado que recoge los acuerdos de la mesa: los medios de comunicación social y el derecho a la libertad de expresión no aparecen. Este derecho fundamental es necesario para la existencia de una sociedad democrática y está relacionado con el acceso a la información pública y el desarrollo del espacio cívico.

Panorama: acuerdos y ausencias

El proceso arrancó formalmente el 1 de agosto de 2026, cuando las delegaciones del gobierno y oposición firmaron las bases del diálogo. La mesa se instaló en Caracas el 6 de agosto y sesionó de manera permanente hasta el 12 de agosto, con cinco reuniones de comisión técnica y cinco plenarias distribuidas en dos mesas de trabajo: una dedicada a la emergencia por los sismos y otra al fortalecimiento democrático, judicial y electoral.

La delegación del gobierno la encabeza Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, estuvo acompañado por Ana María Sanjuán, Pedro Infante, América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza; la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 la preside Dinorah Figuera, quien regresó al país tras ocho años de exilio, junto con Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desirée Barboza¹.

La agenda que acordaron el 6 de agosto contiene tres puntos: atención a las víctimas de los terremotos, fortalecimiento de la democracia y restitución de derechos y garantías políticas. La diferencia de lenguaje entre las partes es en sí misma informativa, porque revela hasta dónde llega el acuerdo sobre el sentido del proceso: el gobierno habla de “fortalecimiento de la democracia” mientras la oposición y Estados Unidos hablan de “transición democrática”².

Los acuerdos alcanzados son dos. En materia judicial, las partes impulsarán “reformas a la Ley Orgánica del TSJ y a otras leyes del sistema de justicia”, “renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales” y activar “un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ”. En materia de recursos, se comprometen a “concentrar esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra”, con “mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría” y con destino a “la atención de los afectados” por los sismos³. Ambos temas se analizan en la segunda y la tercera entrega de esta serie.

Fuera del acuerdo quedaron la renovación del Consejo Nacional Electoral, que Dinorah Figuera ha situado en diciembre y que catorce organizaciones de la sociedad civil reclaman para octubre porque no encuentran “razones transparentes, técnicas, ni legales que justifiquen su dilación”⁴.

También quedó por fuera la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas, entre ellos, personas detenidas por expresarse. Aunque el gobierno anunciara el 14 de agosto la excarcelación de 131 presos, al cierre del 17 de agosto, organizaciones habían verificado solo 81⁵ y la Plataforma Unitaria Democrática señala que más de 450 personas continúan detenidas por motivos políticos⁶.

Se mantiene la opacidad institucional desde la Asamblea Nacional, que publicó en su portal una nota informativa sobre el cierre del ciclo pero no el documento que formaliza lo acordado. Además no se han hecho públicas ni la metodología aprobada por las partes ni las actas de las diez sesiones. El periodista Eugenio Martínez adviertió que la agenda divulgada hasta ahora “es insuficiente” para comprender lo sustantivo de las conversaciones. Sabemos qué acordaron, pero no cómo llegaron a ese acuerdo, quién propuso qué ni qué quedó descartado en el camino.

En un proceso de democratización y cambio tras más de 25 años de gobierno chavista, es necesario poder acceder a esa información para entender el rol de las diferentes figuras políticas en el proceso y para que haya transparencia y posibilidad de contraloría de cara a posibles elecciones con un CNE renovado.

Acuerdos previos omiten a los medios de comunicación

La omisión del comunicado del 12 de agosto no es una novedad. Hay dos antecedentes recientes que conviene revisar para exigir de inmediato ajustes e inclusión de este derecho fundamental. Las violaciones sistemáticas del derecho a la libertad de expresión durante las últimas décadas, nos exigen desde la experiencia no suponer que este derecho fundamental llegará en un ciclo posterior.

El Memorando de Entendimiento firmado en Ciudad de México el 13 de agosto de 2021 entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria estableció siete puntos de agenda y ninguno de abordó la libertad de expresión, los medios de comunicación o el espacio cívico de la sociedad civil⁷. El Acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre de 2023 por Jorge Rodríguez en representación del Gobierno y Gerardo Blyde por la Plataforma Unitaria, sí mencionó los medios, aunque los redujo a la coyuntura electoral, sin incluir⁸ sin establecer mecanismos de supervisión ni consecuencias por incumplimiento.

Para la mesa actual es necesario considerar que las cláusulas declarativas sobre libertad de expresión no generan obligaciones exigibles a menos que se establezcanmecanismos y objetivos claros alineados con el derecho internacional de los derechos humanos, con definiciones de qué significa, quién lo verifica y qué ocurre si no se cumple. Por otra parte, cuando la libertad de expresión se incorpora únicamente como accesorio del calendario electoral, corre el riesgo de que se desactive el día después de la elección.

En esta nueva mesa de diálogo exigimos que existan, por escrito y de manera formal, condiciones extensas que permitan que la ciudadanía pueda saber lo que ocurre en su país todos los días y en todos los temas.

Decálogo para restituir la libertad de expresión

El escenario en el que la mesa discute la reinstitucionalización no es neutro. El cambio político de enero de 2026 ha traído consigo cierta apertura, pero no se ha traducido en un cambio de base en el espacio cívico, como señalan diversas organizaciones de la sociedad civil.

Frente a este panorama, ya hemos presentado una agenda de libertad de expresión, formulada antes de que el proceso comenzara. El 25 de febrero de 2026, desde la Alianza por la Libertad de Expresión, publicamos el [Decálogo de acción inmediata](https://espaciopublico.ong/decalogo-de-accion-inmediata-para-restituir-la-libre-expresion-y-comunicacion-2026/) para restituir la libre expresión y comunicación, dirigido al Estado venezolano como un conjunto de medidas de ejecución inmediata en un proceso de reconstrucción democrática.

El decálogo reclama, entre otros puntos:

Cesar la persecución judicial por la libre expresión, liberando de forma plena e inmediata a quienes estén encarcelados y declarando el sobreseimiento en los procesos arbitrarios;
Detener los ataques discursivos, las amenazas, la intimidación y las agresiones contra la prensa;
Desbloquear las páginas web, los portales de medios, las redes sociales como X y las redes privadas virtuales;
Derogar las normas sobre vilipendio, desacato, terrorismo, odio y responsabilidad social en medios;
Restituir el carácter técnico de Conatel bajo criterios de transparencia, legalidad e independencia;
Devolver las sedes, equipos de transmisión, antenas y mobiliario confiscados a los medios;
renovar automáticamente o devolver las concesiones de radio y televisión revocadas de manera arbitraria;
Garantizar la emisión de documentos de identidad sin dilaciones, negaciones ni represalias;
abrir las salas de prensa y garantizar el acceso a los documentos que contengan información pública;
Acabar de inmediato con la revisión ilegal de teléfonos, respetando el secreto profesional.

El derecho a la libertad de expresión e información es uno de los pilares necesarios para la existencia de una sociedad democrática. Sin la posibilidad de recibir, difundir o buscar información sin obstáculos y sin miedo a represalias, la sociedad no puede conocer lo que sucede, tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos de forma plena, incluyendo votar por quienes conducen al país tras conocer su labor pública de forma transparente.

Días antes de que la mesa produjera su primer acuerdo, el SNTP volvió sobre el mismo terreno con diez garantías mínimas y una advertencia que resume el problema: “sin ciudadanía informada, sin medios independientes y sin garantías para la crítica, no es posible construir legitimidad social”⁹. El Colegio Nacional de Periodistas llevó la misma demanda a la comisión opositora el 4 de agosto, en una reunión centrada en la situación de la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo en el país y catorce organizaciones lo plantearon el 20 de agosto: “no es posible hablar de transición democrática mientras organizarse, protestar, informar, defender derechos o participar políticamente siga teniendo costos represivos”.

Este decálogo presenta las necesidades básicas para la restauración progresiva del derecho a la libertad de expresión, en un contexto en el que continúan las limitaciones a los medios de comunicación social y sus trabajadores.

En materia de detenciones, las excarcelaciones de enero y febrero beneficiaron a periodistas que estaban detenidos injustamente; sin embargo, muchos de ellos se mantienen bajo medidas sustitutivas de libertad. Además, el ciclo no se detuvo: hemos registrado 29 detenciones de periodistas y comunicadores entre enero y julio de 2026.

En materia de censura digital, al cierre de agosto de 2026 permanecen bloqueados 92 portales de noticias independientes según el monitoreo de VE sin Filtro. En el informe conjunto que presentamos ante el Examen Periódico Universal el 18 de agosto, suman 206 sitios web bloqueados, de los cuales 65 corresponden a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil¹⁰. X sigue inaccesible sin redes privadas virtuales para la ciudadanía.

En cuanto al marco legal, siguen vigentes la Ley Constitucional contra el Odio de 2017, con penas de hasta 20 años de prisión por expresiones identificadas de forma arbitraria como “odio”; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG de 2024, cuya aplicación llevó a que casi la mitad de 101 organizaciones consultadas por la CIDH no pudiera regularizar su situación jurídica y a que 63,4 % suspendiera o redujera servicios; y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, también de 2024, con penas de hasta 30 años, que la Misión de Determinación de los Hechos calificó de “preocupante por la vaguedad de su lenguaje”. El anuncio de revisión de la Ley contra el Odio que hizo Jorge Rodríguez el 19 de febrero de 2026, reconociendo excesos en su aplicación, no se ha concretado en reforma ni en derogatoria.

Y en materia de acceso a la información, Venezuela cuenta desde 2021 con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público que no cumple con los estándares internacionales y que en la práctica no opera. Entre 2008 y 2019 hemos interpuesto 31 recursos judiciales para proteger este derecho, trece amparos y dieciocho recursos de abstención, y los 31 fueron declarados inadmisibles. La sentencia N.º 00177 de la Sala Político Administrativa del TSJ, de junio de 2022, llegó a exigir que el solicitante expresara “los motivos que justifican la solicitud”, un requisito que contradice el derecho internacional de los DDHH¹¹. De 63 solicitudes presentadas en 2023, apenas 4 obtuvieron una respuesta adecuada; aún hoy la opacidad sigue siendo la regla¹² y la transparencia la excepción.

Cuatro preguntas para el segundo ciclo

La experiencia comparada ofrece advertencias precisas sobre lo que ocurre cuando estas garantías se posponen. En Sudáfrica la autoridad independiente de radiodifusión se creó antes de la elección fundacional y no después: la Independent Broadcasting Authority Act entró en funciones el 30 de marzo de 1994, menos de un mes antes de los comicios, con el mandato expreso de operar con total independencia de las influencias del Estado, del gobierno y de los partidos políticos¹³. La secuencia importa, porque quien controla la radiodifusión determina las condiciones de la elección que pretende legitimarlo.

Promulgar leyes favorables a la libertad tampoco garantiza que se apliquen, y la temporalidad es clave. En Túnez los decretos-ley de 2011 sobre libertad de prensa y comunicación audiovisual nunca llegaron a aplicarse efectivamente, y la autoridad garante prevista para diciembre de 2012 se demoró entre disputas sobre su composición. El investigador Larbi Chouikha lo confirmaba: “estos dos decretos-ley, promulgados en noviembre de 2011, nunca han sido aplicados”¹⁴. Colombia aporta la lección inversa: el Acuerdo Final de 2016 no se limitó a declarar principios sobre medios, sino que inscribió obligaciones medibles, entre ellas la creación de veinte emisoras de paz que se completaron en diciembre de 2024, ocho años después de la firma¹⁵.

Tomando en cuenta estos precedentes podemos plantear cuatro criterios para evaluar el segundo ciclo de la mesa de Caracas, previsto para septiembre.

La primera es si la libertad de expresión aparece en el texto firmado, y no en una declaración lateral o en una rueda de prensa. El comunicado del 12 de agosto no la menciona, y si el siguiente tampoco lo hace, lo negociable ya estará dado y este derecho fundamental quedará por fuera.

La segunda es si las obligaciones son medibles y tienen plazo. Levantar el bloqueo de los 92 portales identificados por VE sin Filtro antes de una fecha determinada es una obligación; promover el equilibrio en los medios solo lo será si lleva consigo parámetros medibles y sostenibles en un período amplio.

La tercera es si se publican la metodología, las actas y los soportes de la negociación, o solamente el comunicado de cierre de cada ciclo, porque la transparencia de un proceso también se mide por lo que permite examinar mientras ocurre.

Y la cuarta es si existe un mecanismo de verificación independiente con participación de la sociedad civil, algo que las Directrices de Naciones Unidas para una Mediación Eficaz consideran indispensable al advertir que un proceso limitado a las élites “puede dar a entender que se recompensa la violencia”.

Las libertades de expresión, información y asociación no son una concesión que una parte otorga a la otra a cambio de algo, ni una fase posterior del cronograma, ni una consecuencia que llegará sola cuando las instituciones se hayan restituido. Estos derechos son la condición que permite verificar que esa restitución efectivamente ocurrió: sin medios que informen no hay manera de saber si los magistrados se designaron por su mérito, sin datos abiertos no hay manera de saber si el oro llegó a los damnificados y sin una ciudadanía que pueda opinar sin costo, no hay manera de saber si lo acordado cuenta con respaldo social.

No le corresponde a las partes de una mesa decidir cuánto puede saber el país sobre lo que se decide en su nombre. Por eso estas libertades deben estar por encima de la mesa y no dentro de ella, con negociación o sin ella: porque son el instrumento con el que se mide todo lo demás.