El director del portal informativo Reporte Confidencial, Braulio Jatar Alonso, fue detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) desde el sábado 3 de septiembre aproximadamente a las 9:00a.m. cuando se dirigía a la emisora donde tiene un programa de radio, en la Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.
Su abogado, Pedro Arévalo, informó que la detención de Jatar es consecuencia de haber publicado en el portal que dirige unos videos sobre el cacerolazo que recibió el presidente Nicolás Maduro en el sector Villa Rosa a su llegada a la isla.
En las primeras horas de su detención se desconocía el paradero de Jatar, lo que implica una desaparición forzada ante la falta de información oficial por parte de los cuerpos de seguridad.
Cuando casi se cumplían 12 horas de la detención, la casa de Jatar fue allanada por funcionarios del Sebin, que llegaron a la residencia en al menos siete patrullas, con armas largas, capuchas, cerrando calles e impidiendo el libre tránsito y poniendo en zozobra a los vecinos del sector. Los familiares denunciaron que en el lugar estaba un menor de edad, hijo del director del portal.
Después del allanamiento, en el que los funcionarios no encontraron nada, se hizo oficial la información de que estaba detenido por este cuerpo de seguridad, en la sede ubicada en Porlamar, en Margarita.
El lunes 05 de septiembre al periodista, Braulio Jatar, le fue confirmada la privación de libertad, imputado por legitimación de capitales.
Resulta inquietante que este hecho coincide con una serie de detenciones y allanamientos denunciados por familiares y organizaciones en Nueva Esparta tras un cacerolazo en Villa Rosa, Porlamar, que se produjo hacia el Presidente Nicolás Maduro.
El derecho a la libertad de expresión incluye el que toda persona pueda expresar sus ideas, incluyendo aquellas que critican y puedan ofender a los gobernantes, sin temor a represalias.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que nadie podrá ser sometido a una desaparición forzada. Esta violación de derechos humanos incluye todo arresto, detención, secuestro o cualquier otra privación de libertad por parte de agentes del Estado seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida.
Expertos de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas han establecido que los Estados deben informar de forma inmediata a los familiares de las personas detenidas sobre el paradero de las mismas. Todo ocultamiento de esta información, por cualquier período de tiempo, largo o corto, constituye una desaparición forzada. “Cada minuto cuenta cuando una persona es puesta fuera de la protección de la ley. Y cuando una persona ha desaparecido, cada minuto de angustia que pasan sus familiares sin noticias de ella, es demasiado”.
Además, las detenciones, para que sean legítimas, deben ser hechas sólo en casos de flagrancia o con una orden judicial y deben responder a criterios legítimos. En todo caso, deben cumplirse todos los derechos de las personas detenidas para su legítima defensa y debe respetarse su presunción de inocencia.
En este sentido Espacio Público exhorta al Ministerio Público a garantizar los derechos del comunicador Braulio Jatar, garantizar el debido proceso, el trato imparcial y a que se dicte medida cautelar sustitutiva de libertad, según dicta el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
